Trabajadores del Estado: “Somos prisioneros, muchos se van hartos”

“Manuel” dice que está harto. Tuvo que votar en los comicios municipales, controlados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y además debió acarrear a toda su familia. Este trabajador del Ministerio de Educación se siente “avergonzado” de participar en lo que llama “circo electoral”.

“Fuimos obligados a votar, tuvimos que comprobar que lo hicimos, acarrear gente, hacer la pantomima de celebrar, para que se adjudicaran todas las alcaldías de Nicaragua. Es una mentira que ni ellos se la creen, pero pretenden que nosotros sí lo hagamos”, comenta.

“Lo peor es que después de esto nos toca seguir prisioneros del régimen, nos toca seguir aguantando las presiones y el espionaje. Por eso es que muchos están renunciando y se van hartos”, agrega.

“Manuel” describe el ambiente laboral como “pesado” porque “toca cuidarse de lo que uno dice, de las miradas que uno hace cuando te bajan órdenes”. “Somos presos en nuestros centros de trabajo, en la calle y hasta en las casas porque nos sentimos perseguidos”, detalla.

Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto un Estado totalitario que controla a los trabajadores públicos. Alzar la voz, reclamar por sus derechos o criticar, no es posible. Muchos han optado por soportar en silencio las arbitrariedades del régimen, pero –cada vez más– algunos han optado por renunciar o abandonar sus puestos de trabajo para irse de Nicaragua, emprender algún negocio o quizás buscar otro trabajo.

En el último año, al menos cinco trabajadores del Mined, cercanos a “Manuel”, han renunciado. “Se van hartos”, insiste. “Es un secreto a voces, pero nadie se atreve a decirlo, porque hay gente en el trabajo que te quema y te pasan la cuenta”, advierte.

“Quieren imponer el silencio”

“Manuel” asegura que solo entre amigos se puede criticar algo dentro de los centros laborales. “Cada vez hay más paranoia de los que mandan y de los mandados. Hay mucho miedo, porque sabemos que si te agarran en algo que no les parece, de eso nadie te salva”, explica.

Menciona que de los cinco amigos que renunciaron del Mined, tres alegaron razones médicas y dos se fueron del país sin decir nada. “Hay algunos con puestos claves en otras instituciones del Estado que no pueden renunciar y tienen mayor vigilancia”, apunta.

“En mi caso he pensado en renunciar. Mi hija y mi esposa me lo dicen, que mejor ponga una ventecita de ropa usada o de comida que seguir aguantando, porque todos sabemos que son unos represores, pero las cosas no son tan fáciles”, lamenta.

“Nos toca aguantar”

“Jamileth” asegura que trabajar en el Poder Judicial en este momento parece “peligroso”, porque ha sido una de las instituciones en las que han apresado a trabajadores “que incluso parecían los más leales” del régimen.

“Yo quisiera irme, renunciar y dejar de trabajar para un Gobierno que ha asesinado y reprimido a la población, pero lamentablemente si lo hago me pongo en riesgo yo junto a mi familia, algunos que incluso trabajan en el Estado”, asegura.

Recuerda que el año pasado quiso salir de vacaciones rumbo a Estados Unidos para visitar a unos familiares, y le dijeron que “absolutamente no” le darían permiso. “Alegaron que estaban cerca las elecciones, pero sé que es esa misma paranoia de que no quieren que nadie salga del país”, reflexiona.

Para “Jamileth”, los casos en contra de tres trabajadores del Poder Judicial, supuestamente cercanos a la magistrada Alba Luz Ramos; la renuncia “por presión” de la magistrada Ileana Pérez, que alegó problemas de salud; y la detención del vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, “son una muestra de que aquí nadie se salva”.

“El aparato estatal está controlado por los fieles a Daniel Ortega y Rosario Murillo y han creado una especie de ‘Gran Hermano’ que vigila todo lo que hacemos y decimos. Solo les falta querer controlar lo que pensamos”, afirma.

El descontento empezó desde 2018

En la mayoría de instituciones del Estado en Nicaragua, hay una buena cantidad de trabajadores que están en desacuerdo con la represión contra la población nicaragüense, con la masacre de 2018 y con los juicios manipulados contra presos políticos.

“Hay mucha gente que no está de acuerdo con el actuar de represión y de masacre que el Gobierno ha tenido”, aseguró en entrevista con Esta Semana en 2020, Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

En octubre pasado, “Sergio”, un funcionario del Poder Judicial desde hace más de una década, brindó una entrevista a CONFIDENCIAL y Esta Semana, en la que narró el hastío y temor de los funcionarios públicos. Compartió que, aunque no puedan expresar sus opiniones disidentes en público, muchos en ese poder del Estado, incluidos quienes ostentan altos cargos, sí las tienen: consideran que el régimen y el Frente Sandinista han cometido graves errores, entre ellos perseguir y encarcelar a miembros de la Iglesia católica o aislar internacionalmente a Nicaragua.

También “Alicia”, una profesional que lleva más de 20 años trabajando en el Estado y que actualmente ocupa un cargo en el nivel de dirección de una institución, contó al programa Esta Semana que ha sido testigo del recrudecimiento de la vigilancia política que ejerce el régimen contra los servidores públicos. “Nos sentimos rehenes”, aseguró, y describió que el sistema de control existe –no solamente por temor a perder el trabajo–, sino de “exponerse a que a una la echen presa o incluso, hasta perder la vida”.

Las renuncias “han aumentado”

Para “Noel”, un trabajador del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), todos los actos represivos del régimen “tienen la finalidad de infundir el miedo, tanto a los trabajadores estatales como a la población en general”.

“El mensaje que nos dan es claro: Aquí no respetamos a nadie por edad, ni a líderes religiosos, ni a gente que en algún momento fue amigo de los dictadores”, remarca.

Este trabajador público cree que es “lamentable y no se sabe hasta cuándo van a parar” pero asegura que ha visto “con indignación las detenciones y represión contra personas que no hacían más que ayudar, como las monjas de las Misioneras de la Caridad”.

“Son ataques inexplicables”, valora. Por eso ve normal que en el INSS y otras instituciones estatales hayan aumentado las renuncias en los últimos meses. 

“Todos conocemos a alguien: un vecino, un amigo, o un compañero de trabajo que se ha ido del país. Prefieren arriesgarse que seguir aguantando en este país sin rumbo”, opina.

“Noel” menciona que “cada vez hay más renuncias” y que entre los cercanos “muchos comentan que piensan en migrar o poner una ventecita en su casa”.

“Hay muchos fanáticos peligrosos”

Para “Verónica”, una trabajadora de un centro de salud, es molesto tener que participar en marchas y actividades políticas obligatorias del Gobierno. “Pero hay mucha gente que le encanta andar en esas cosas, por perder el tiempo o porque son fanáticos”.

“El peligro en todas las instituciones es que hay gente oficiosa que se dedica a andar espiando a los demás y viendo quién puede ser un traidor. Creo que existe ese temor y es lo que se han encargado de hacernos creer, y por eso hay mucho temor dentro de las instituciones”, asevera.

Admite que cualquier crítica –por mínima que sea– “es mal vista” e incluso es motivo suficiente “para que tu superior te llame y te pida reflexionar”. 

Su esposo la ha intentado convencer de que renuncie y ella no descarta en algún momento dejar el país. “Uno siente que por lo que te pagan no vale la pena aguantar esa presión, pero sobre todo –agrega– no se aguanta vivir bajo una dictadura que te asfixia”.