10 de noviembre 2022
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La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que emita una resolución de seguimiento a las medidas provisionales otorgadas a los presos políticos de Nicaragua, en la que constate nuevamente “el manifiesto incumplimiento y desacato” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El Estado de Nicaragua se encuentra en un abierto desacato de las decisiones ordenadas por este tribunal desde 2021 hasta la fecha”, advirtió la relatora. “Y Siendo que todas las personas actualmente privadas de libertad se encuentran en una total desprotección de sus derechos... la Comisión hace un llamado a los Estados de la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación de la noción de la garantía colectiva de las decisiones del sistema interamericano”, continuó.
La solicitud fue realizada durante una audiencia pública conjunta de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, en el Asunto 45 personas privadas de su libertad en ocho centros de detención respecto de Nicaragua y el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, en la que participaron familiares de los reos de conciencia y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Arosemena recordó que en ambos casos la Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua la liberación “inmediata” de los reos de conciencia. Desde entonces ha pasado casi un año y “la Comisión observa que ninguna de las órdenes emitidas se ha cumplido a la fecha”, subrayó la relatora.
Mientras tanto, la abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, manifestó: “Esperamos que la Corte declare que el Estado de Nicaragua está incumpliendo sus resoluciones, pero además, que incluya este elemento, de violación a los derechos de los familiares, que los considere como tortura, porque sus prácticas son una política de Estado”.
“El régimen ha implementado un régimen de tortura contra los familiares que se basa en la incomunicación, el hostigamiento, las vigilancias, las requisas abusivas y abusos sexuales durante las visitas, los niños y niñas de los presos políticos que también han sido sometidas duramente a las requisas, afectándolos como una extensión más de la crueldad con que se está tratando la privación de libertad arbitraria en Nicaragua”, detalló Flores.
Familiares piden liberación de los reos
Familias de los presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Corte que ordene nuevamente la libertad de los reos de conciencia en Nicaragua y que califique su encierro como una forma de tortura.
El Estado de Nicaragua debía rendir un informe sobre el cumplimiento de las medias, pero el Gobierno nicaragüense no envió representación.
La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León, dijo que Nicaragua no ha cumplido con las medias de la Corte IDH y que las personas que están detenidas arbitrariamente pertenecen a diversos ámbitos de la sociedad que se oponen al Gobierno orteguista.
“Quienes están siendo privados de libertad van desde empresarios hasta defensores de derechos humanos, activistas y estudiantes, que se considera están en contra del régimen de Ortega-Murillo”, expresó de León.
Silvia Nadine Gutiérrez, hija de la presa política Evelyn Pinto, dijo que su madre está detenida desde el 6 de noviembre de 2021 de forma arbitraria por supuestos delitos de noticias falsas y de socavar la soberanía del país.
“Está juzgada por delitos de noticias falsas, por simplemente opinar distinto al régimen de Daniel Ortega, y por pensar distinto y creer que Nicaragua podía ser democrática”, comentó Gutiérrez.
Las numerosas resoluciones de la Corte IDH
El pasado 4 de octubre la Corte IDH emitió una nueva resolución en la que ordenó al Estado de Nicaragua liberar a 45 personas detenidas por motivos políticos.
Además, la Corte ordenó al Estado que “adopte de forma inmediata medidas para proteger la vida, el acceso a la salud, la integridad y la libertad personal de los detenidos”.
Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. | Foto: Corte IDH
Días después, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, señaló durante la cuarta sesión plenaria de la 52 Asamblea General de la OEA, realizada en Perú, que la Corte ha demostrado ser un “tribunal abierto”, pero el régimen de Nicaragua mantiene su postura de no acatar ninguna de las resoluciones adoptadas por ese organismo a favor de las personas presas políticas.
“El pleno de la Corte ha resuelto comunicar a esta Asamblea General su preocupación por la situación por los derechos humanos en Nicaragua (…) La corte ha dictado varias decisiones, como la presente, y declaró al Estado de Nicaragua en situación de desacato ante el Sistema Interamericano”, expresó entonces el juez Pérez Manrique.
Esa fue la más reciente de una serie de resoluciones emitidas por la Corte IDH en favor de personas detenidas en Nicaragua, aunque el Gobierno nicaragüense no ha acatado las órdenes.
En junio pasado, la Corte ordenó la liberación inmediata de nueve presos presos políticos, entre ellos el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy Lacayo, y los dirigentes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Pedro Mena Amador.
Meses antes la Corte emitió otras resoluciones en favor de personas detenidas como los ex aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
Con información de Efe.
