4 de noviembre 2022
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La Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo maneja los recursos de la cooperación internacional con poca transparencia. No solo porque ese es su ‘estilo’, sino también porque muchas de las entidades que le prestan dinero al régimen, hacen poco para que Nicaragua cumpla con las cláusulas que condicionan cada donación y cada préstamo.
Esa es una de las principales conclusiones del estudio: “La Radicalización Dictatorial en Nicaragua… ¿de represión a extremismo?”, del politólogo nicaragüense Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, quien opina que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, debería usar los poderes que le confiere la Ley Renacer.
La Sección 4 de esa ley estipula que las autoridades de ese país deben aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica brindada a Nicaragua, y detener el desembolso de préstamos ya existentes con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional (FMI), y recomendar a los países del istmo que hagan lo mismo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“El Gobierno de Nicaragua ha incumplido todas las cláusulas sobre inclusión social, género, medio ambiente, corrupción y prácticas contra el lavado de dinero, que forman parte de todos los contratos de préstamo que el régimen firma”, detalló Orozco.
El documento afirma que “el deterioro democrático de Nicaragua representa uno de los mayores retos para la región latinoamericana y el Caribe”, y hace cinco recomendaciones a la comunidad internacional “para aumentar la respuesta proporcional frente a la impunidad que impera” en nuestro país.
La lista incluye “continuar y aumentar las sanciones que deriven en mayor amplitud y precisión a quienes facilitan la represión y corrupción”; que los proveedores de fondos monitoreen el uso de esos recursos y exijan mayor transparencia; “fomentar la mediación internacional y continuar la presión multilateral en los foros internacionales; reconocer la presencia de la diáspora como sujeto cívico”, e implementar la Ley Renacer.
Orozco se centró en recomendar el control de los recursos externos, porque el Gobierno los ha utilizado “como forma de sostenimiento del aparato represivo. Para el Gobierno de Ortega y Murillo, obtener financiamiento externo ha permitido complementar una estrategia de sostenimiento a largo plazo, comprando favores en el corto plazo y manteniendo disciplina fiscal en el largo plazo, logrando estirar los recursos de los préstamos para años más duros”.
Concentrado siempre en el endeudamiento externo, señaló que “mientras las donaciones han decaído como producto del sistema represivo del país, incluyendo el cierre gradual de cooperación externa, el régimen ha expandido su endeudamiento, alcanzando casi un 60% del ingreso nacional”. Las remesas (a través del cobro del IVA), y la tributación a las empresas formales, son las otras dos grandes fuentes que permiten sostener el gasto público, detalló.
Amenazar para recaudar más
“La extorsión tributaria, revela el lado oscuro de la economía de la dictadura”, advirtió Orozco, afirmando que “el castigo tributario al que están sometidas las empresas y los negocios son una fuente de represión para ellas y de alivio al régimen. Además de la contribución de las remesas al ingreso tributario, se ve que el ingreso sobre la renta ha crecido como resultado de la extorsión, presión, e intimidación”.
Pese a que las pequeñas empresas no tienen suficiente acceso al crédito, “el Gobierno ‘cristiano, socialista y solidario’ sigue haciendo uso de la extorsión tributaria, oficial y extraoficial visitando negocios, con mensajes amenazantes a los microempresarios, notificaciones de cancelación del negocio o de multas multimillonarias que son impagables”, de donde resulta que los tributos de las empresas pasaron de ser 40% en 2017, a 52% del total en 2022, en un escenario donde se cuenta la quiebra de más de 40 000 negocios.
Al final, el crecimiento de la tributación se explica por la política de Estado que genera migración y extorsiona a las empresas, con lo que la renta del Estado creció de USD 2000 millones en 2019, a USD 2800 millones en 2022. “El 70% de ese crecimiento es financiado con remesas e impuesto sobre la renta, predominantemente los pequeños negocios”, advirtió Orozco.
El resto incluye deuda externa financiada en gran medida por el BCIE. Ese endeudamiento “en términos globales representa un alto porcentaje del PIB y del ingreso nacional del país, que ha aumentado exponencialmente desde la crisis”, sin beneficiar a los ciudadanos, sino más bien “al fallido sistema liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, añadió.
El crecimiento de esa deuda ocurrió obviando la “coherencia entre compromiso democrático y financiamiento externo”, explicó el experto. Estas instituciones están “arriesgando su reputación y compromiso con el desarrollo, a cambio de otorgar complicidad implícita y a veces explícita al régimen. La comunidad internacional debe presionar por el compromiso del régimen con el desarrollo económico y humano del país ya que el financiamiento externo no está dirigido a las prioridades sociales”, ni llegando a quienes realmente lo necesitan, aseveró.
Más deuda, para auto promoverse, y reprimir
Además del origen de los recursos, el otro elemento es el uso que se le ha dado. “Para Estados Unidos, y otros actores internacionales, ese endeudamiento externo se percibe como un vehículo político” porque “no ha sido consistente con los planes nacionales de desarrollo, cuyo enfoque primordial es el desarrollo social”, y en vez de eso, “se redireccionó a obras públicas en un momento de crisis social”, ilustró.
Citando datos del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2017, y del Presupuesto General de la República para 2021, Orozco hizo notar que la inversión estatal destinada a obras públicas se duplica, al pasar de 29% en 2017, a 58% en 2022 y cómo, en el mismo período, el presupuesto para la Policía y Defensa pasan de 3.7% y 2.7% del gasto, a 10.6% y 3.2% respectivamente.
Eso es posible porque el Gobierno aumentó su dependencia de los recursos externos, al financiar más inversión pública con deuda proveniente de los multilaterales, en una tasa que pasa de 46% en 2017, a 68% en 2022, donde destaca el BCIE, cuya importancia como proveedor de fondos, pasa del 21% a 47%. Otras entidades como el BID y el Banco Mundial, mantienen su apoyo en áreas fuera del Plan Nacional de Desarrollo y de salud.
El investigador también destacó cómo los montos se mantienen altos, pese a que no hay transparencia en el rendimiento de cuentas sobre estos préstamos, y que las instituciones financieras no proveen suficiente información sobre la ejecución de sus propias cláusulas. En 2017, el BCIE y el BID otorgaron préstamos por USD 241.2 millones. El monto subió hasta los 490.0 millones en 2021, y otros 208.2 millones en 2022.
Orozco consultó a funcionarios del BCIE para obtener información de estos préstamos, “y la respuesta fue que considerarían responder en dos meses. Los hallazgos de estos préstamos muestran falta de transparencia de forma sistémica en la medida que no hay información en tiempo real o al menos en un periodo prudencial de parte de las entidades prestatarias, especialmente el BCIE”.
Suma a eso que “la falta de acceso a la información por parte del régimen de Nicaragua deja sin posibilidades la auditoría social que toda política pública debe tener, especialmente los empréstitos internacionales que deben ser amortizados por generaciones futuras”.
