2 de noviembre 2022
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El proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2023, que la Asamblea Nacional de Nicaragua, tendrá que discutir y aprobar antes que termine la presente legislatura, incluye una proyección de ingresos por 109 989.5 millones de córdobas, lo que augura nuevas penurias para el sector privado, que desde hace años es víctima de acosos, multas y chantajes, como parte de una campaña de voracidad recaudatoria.
Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), muestran que, en 2021, el Estado obtuvo ingresos por más de 102 000 millones de córdobas, y que se proyecta que al finalizar 2022, los ingresos superarán los 103 000 millones, aunque lo más probable es que, tanto el año en curso como el venidero, se obtengan ingresos por más de 120 000 millones anuales.
“Este Gobierno también hace subvaluaciones de ingresos previstos, para que al final del período, el resultado sea mejor de lo esperado, y luego decir que se pasó la meta. Todos los años hacen algo similar cuando presentan el proyecto de presupuesto anual”, dijo a CONFIDENCIAL un economista que eligió el anonimato por razones de seguridad.
Si eso es cierto —y los datos dan pie para pensar que así será— eso significa que Ortega estaría disponiendo de casi un cuarto de billón de córdobas para gastar entre 2022 y 2023, una suma nunca antes vista.
Aunque la mayor parte (101 839.6 millones) de los ingresos previstos provienen de fuente fiscal, el proyecto de presupuesto 2023 prevé recibir 894.8 millones de córdobas (unos 24.7 millones de dólares; 17.9 millones de dólares menos que en 2022) en donaciones externas, de los que la cuarta parte (C$224.8 millones), provienen de la Unión Europea (UE).
Esos fondos tienen como destino programas y proyectos para el desarrollo económico y social, en particular salud, energía eléctrica y educación. Además de los USD 6.22 millones que comprometió la UE, hay otros USD 5.9 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); USD 5.1 millones del Programa Mundial de Alimentos (PMA); USD 1.7 millones de España y Kuwait, respectivamente, además de otro millón de dólares del Banco Mundial.
Aunque ofrecieron cantidades menores, la lista la completan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO); el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef); el Fondo Mundial de Rehabilitación, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.
El rubro de los préstamos —que suma C$16 133.8 millones— supera al de las donaciones en una relación de 18 a 1, lo que prevé que continúe el fuerte endeudamiento externo que muestra la economía nicaragüense, y que se ha incrementado en los últimos años.
Expresado en dólares, el proyecto del presupuesto de 2023 contiene un monto a ejecutar de 446.9 millones de dólares, mayor en 114.1 millones de dólares (34.3%) al presupuesto aprobado y en ejecución este año. El monto se refiere a los desembolsos de préstamos concesionales con destino a programas y proyectos.
La mayor parte de estos recursos provendrán principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 307,7 millones de dólares; BID, con 69.3 millones; Banco Mundial, con 35.7 millones, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con 106 millones.
Otros proveedores son el Exim Bank, de la India (siete millones); del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (5.1 millones); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (tres millones); y el Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, KfW, con 4.7 millones.
La mayor parte de estos recursos (201.7 millones de dólares, o sea el 45.1% del total de los desembolsos) están destinados al sector transporte y comunicaciones, mientras que otros 122.5 millones de dólares, (27.4%), serían para el sector salud. Otra parte de los préstamos irían para agricultura, silvicultura, pesca y caza; viviendas y servicios comunitarios; combustibles y energía; protección social y protección del medioambiente.
Aumentan partida para Policía y Ejército
A pesar de esas muy optimistas proyecciones de crecimiento de ingresos, y a que, en las votaciones pautadas para este domingo 6 de noviembre el régimen terminará de reafirmar su control sobre la mayoría de las alcaldías del país, el proyecto de presupuesto 2023 sigue sin cumplir el mandato constitucional de asignar el 10% de los egresos para las municipalidades.
“En este contexto, el monto asignado [para las alcaldías] es de C$6110.4 millones, lo que es superior en C$2714.3 millones (79.9%) al presupuesto aprobado 2022”, detalla el documento elaborado por Hacienda.
La Policía Nacional, que es clave para mantener al régimen en el poder, subyugando la voluntad de los ciudadanos, recibió C$262.9 millones más que en 2022 (6.5% adicional), para un total de C$4311.0 millones, mientras que el Ejército de Nicaragua veía crecer su partida en C$440.6 millones (14.6% más que el presupuesto aprobado 2022), para sumar C$3455.8 millones.
A la Corte Suprema de Justicia se le asignaron C$4210.5 millones, (4.0% del presupuesto general de egresos), monto que supera en C$538.4 millones (14.7%) al presupuesto aprobado 2022, mientras que a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, se les mantuvo el 6.0% constitucional, o sea C$6315.8 millones: C$807.7 millones (14.7%), más que lo que contemplaba el presupuesto aprobado para 2022.
Por omisión, el texto fiscal parece indicar que solo se incluyeron incrementos salariales de 5.0% cada uno, para los trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa), a un costo de C$439.2 millones, así como otros C$511.2 millones, para el personal del Ministerio de Educación, lo que incluye a 58 764 docentes de todo el país.
