27 de octubre 2022
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El Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (TRIBAD/OEA) ordenó a la Secretaría General indemnizar al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, por haber causado daños a su reputación al haber hecho eco de supuestas denuncias por abuso laboral que nunca se concretaron, pero que llevaron a la no renovación de su contrato laboral en el año 2020.
En su sentencia 168, del 21 de octubre pasado, el TRIBAD declara que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la Ombudsperson de la OEA, Neida Pérez, violaron las normas internas de la organización al decidir "de forma unilateral" y "sin base legal" la no renovación del contrato del entonces secretario ejecutivo de la CIDH, aun cuando los comisionados respaldaban por unanimidad la renovación del contrato de cuatro años de Abrão.
El secretario general Almagro "tomando en cuenta denuncias no investigadas" ocasionó al exsecretario ejecutivo de la CIDH "un trato injusto y vulneró su derecho a las garantías del debido proceso", ya que no se respetó sus derechos a la "presunción de inocencia y derecho de defensa" previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que ahora el organismo deberá pagarle doce meses de salario y los gastos legales en los que ha incurrido.
"Lo que ocurrió aquí, con respecto a la confianza del secretario general en tal determinación de hechos informal y no corroborada como base para no renovar un contracto, debe y es rechazado por el Tribunal. De lo contrario, los miembros del personal estarán constantemente en riesgo de que sus garantías de debido proceso se vean comprometidas y su empleo se arriesgue o sea terminado precipitadamente sobre la base de meras denuncias y insinuaciones recopiladas por la Ombudsperson con el Secretario General", se lee en la sentencia del TRIBAD.
Además, advierte el tribunal de la OEA, el secretario general Almagro en sus declaraciones oficiales de prensa colocó a Abrão "en una situación penosa a la luz pública" que sin lugar a dudas "afectaron adversamente su reputación". Por esa razón, determinó que se le entregue a Abrão una certificación oficial que indique que a la fecha de terminación de su contracto, no existía ninguna investigación o sanción o hallazgo formal en su contra.
La sentencia del TRIBAD también deja claro que la salida de Abrão de la CIDH se debió al vencimiento de su plazo contractual y que, por tanto, no fue removido ni destituido de su cargo.
Este es el segundo fallo administrativo que cuestiona el liderazgo de Almagro en los últimos meses y se produce después de las acusaciones de que el diplomático uruguayo violó el código de ética de la OEA mientras mantenía una relación amorosa con un miembro del personal mucho más joven.
Recomendación fue "ilegítima"
Sobre la recomendación de no renovación del contrato de Abrão hecha por la Ombudsperson, Neida Pérez, el tribunal de la OEA determinó que esta funcionaria "no tenía ninguna facultad disciplinaria" y actuó "sin base legal", violando el derecho interno de la organización. Su recomendación de no renovación del contracto del secretario ejecutivo fue declarada "ilegítima".
De acuerdo con la sentencia del TRIBAD, el accionar de la Ombudsperson fue "desconcertante" porque esta debió "seguir un proceso de investigación formal" de las supuestas denuncias. En cambio, ofreció "valorizaciones contradictorias en cuanto a la credibilidad que le atribuyó" a las mismas y "esta inconsistencia ensombrece su evaluación de esas supuestas violaciones".
La recomendación sin base legal de la Ombudsperson para la no renovación del contracto de Abrão "ocurrió de forma privada, sin conocimiento de la CIDH y del secretario ejecutivo Abrão, de manera que como mínimo, este escenario reflejó una evidente falta de comunicación con los comisionados de la CIDH", dice la sentencia.
La Ombudsperson actuó de "manera claramente irregular" y aparentemente "contravino su mandato al reunirse con el Comité de Reconsideración" porque "no puede actuar como testigo ni participar en ningún proceso formal", de manera que "la conducta de la Ombudsperson denota inconsistencia con el papel neutral previsto por su mandato", continúa el TRIBAD.
