27 de octubre 2022
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La modificación a la orden ejecutiva 13851, que dictó el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, es una forma ‘creativa’ de limitar la relación comercial de ese país con Nicaragua, sin necesidad de usar las prerrogativas que le concede la Ley Renacer para, eventualmente, expulsarnos del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
El Gobierno de Estados Unidos hizo cambios a la referida orden ejecutiva, para sancionar a la Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas, así como a Lenín Cerna; además de permitir la aplicación inicial de sanciones en contra de la industria minera nicaragüense, sin descartar la posibilidad de ampliarlas a otros sectores de la economía nacional.
“Este es un mensaje muy fuerte, que debería preocupar al capital privado nicaragüense”, opina Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, en el programa Esta Noche, quien observa que, desde el inicio, la administración Biden hizo pública su intención de hacer una revisión completa del Cafta, pero en vez de dar ese paso, se optó por revisar la relación comercial con Nicaragua, para precisar cuáles son los sectores económicos que tienen vinculación con el régimen.
Esa decisión “es consistente con la ley Renacer”, opina Orozco, recordando que una de las provisiones que incluye ese texto legal, es la revisión del Cafta, así que Biden “la adapta al contexto frente a un aspecto específico, que es la importación de oro”, pero la modificación a la orden ejecutiva amenaza con afectar la inversión y el comercio, en un ámbito mucho más amplio, que va más allá de Cafta.
Siendo que la primera industria señalada hasta este momento es la que extrae y exporta oro, Orozco vaticina que “el primer paso que van a dar las empresas comercializadoras y mineras es ver cuáles son sus opciones; cómo se someten a los cambios que se van a producir”, advirtiendo que una reducción importante en las ventas de oro, es un gran reto que tendría grandes consecuencias para las empresas, porque es un negocio que trabaja con economía de escala.
Los cómplices caerán primero
El experto explica que hay muchos sectores que están involucrados y que, más que las industrias, lo que importa son los entes comercializadores y algunos entes productores que tienen vínculo directo con el régimen, señalando entre ellos, a actores del sector minero, y que Estados Unidos está apuntando con precisión en contra de esos comercializadores y exportadores. Son sanciones dirigidas “a ciertas empresas, más que sectores”, destacó.
Otra razón para apuntar en primer lugar en contra de la minería -además de las presuntas vinculaciones de algunos actores del sector con el régimen- es que en esa industria, una docena de empresas exportan juntas casi 1000 millones de dólares, con una mano de obra relativamente pequeña, inferior a los 20 000 trabajadores. En contraste, unas 125 empresas que operan en régimen de zona franca, tienen que emplear a 130 000 trabajadores, para exportar 3500 millones, lo que hace una diferencia muy importante.
Orozco insistió en la importancia que tiene para Estados Unidos, establecer cuáles son las empresas que están vinculadas al régimen; quiénes trabajan de forma clientelista con el sistema y quienes no. “En el sector minero era más evidente la relación que, por ejemplo, con el sector de zonas francas. Otro caso tiene que ver con la exportación de café, donde hay menos intermediación, pero el punto principal son los comercializadores que están vinculados como clientes del régimen”.
“Desde hace tiempo, se ha venido discutiendo el rol que juegan las inversiones extranjeras en Nicaragua en complicidad con el régimen, porque eso es incompatible con la posición de Estados Unidos frente al régimen dictatorial que existe en Nicaragua. Lo que se está haciendo es reconciliar los estándares sobre comercio y promoción de democracia”, explicó.
El caso del oro es uno de los más emblemáticos porque ahí es donde el Estado nicaragüense ha tenido una gran fuente de oxigenación económica, toda vez que ellos controlan las licencias para producir oro y para distribuirlo, lo que garantiza una fuente de ingresos mucho mayor que en otros rubros del comercio exterior.
Caen acciones de mineras en bolsas de valores
Al analizar cómo las acciones de cuatro de las empresas mineras que operan en el país perdieron buena parte de su valor en bolsa después de conocerse la decisión del presidente Biden, Orozco recordó que, en primer lugar, “las empresas de minería, y muchas de las que aparecen perdiendo su rentabilidad en las bolsas de valores, son empresas que ya han estado siendo criticadas por sus actividades en otros países, y Nicaragua se agrega a la lista”.
“En el caso específico de la exportación de oro desde Nicaragua, el tema tiene que ver con el hecho que se está produciendo la comercialización de un producto, en un contexto bastante conflictivo, lo que implica que el estándar democrático a nivel global, se ha introducido en la comercialización de este producto y empresas como estas van a tener que ver cómo lidiar con esa situación”, avizoró.
Una parte de ese proceso es revisar con quiénes operan, y con quiénes establecen vínculos. “Obviamente, que la Dirección General de Minas reciba esta sanción, implica muchas limitaciones para comercializar el producto”, y podría llevarlos a optar por invertir en otros países”, considerando la situación en que se encuentran sus operaciones en Nicaragua.
Adicionalmente, recordó que Nicaragua está completamente aislada a nivel internacional. Sus únicos aliados son estados paria como Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. “Para el mundo, Nicaragua es otro país con aspiraciones destructivas, dictatoriales y autoritarias, que no se ajusta al orden internacional. Nicaragua ya estableció una alianza y materializó su interés militar con Rusia, lo que aumenta el nivel de inseguridad que existe en Centroamérica y el Caribe”, añadió.
