25 de octubre 2022
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La decisión del Gobierno de Estados Unidos, de imponer sanciones que amenazan a la industria minera, podría afectar las exportaciones nicaragüenses de oro en primer lugar, y de otros rubros en el futuro, dijo el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúniga.
Tres cuartas partes de esas exportaciones tienen como destino a Estados Unidos, detalló el funcionario, explicando que la directriz del presidente Joe Biden, que enmienda la orden ejecutiva 13851, “impone restricciones acerca de cualquier acción que tenga que ver con la Dirección General de Minas (DGM), lo que complica la habilidad de cualquier entidad, de tener una relación con el mercado de oro en Nicaragua”.
En 2021, Nicaragua recibió 880.5 millones de dólares por sus exportaciones de oro, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), cuyos datos muestran que los 708.7 millones exportados al 30 de septiembre de 2022, representan un incremento de 8.6% con respecto al mismo período de 2021 por lo que, si se mantiene esa proporción, el sector podría cerrar el año con ingresos por 955.9 millones, muy cerca de los 1000 millones con que la industria planeaba cerrar 2023.
Las empresas más grandes del sector (por el número de hectáreas recibidas en concesión), son el Grupo Mineros (Colombia); Calibre Mining Company y Blue Stone Gold Mining (ambas, de Canadá), y Condor Gold S.A., de Reino Unido. También hay inversiones de capital nicaragüense, hondureño, y estadounidense.
Jaque al sector minero de Nicaragua
La decisión estadounidense apunta a impedir que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siga “sorteando las sanciones”, opina Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, que por muchos años ha denunciado el daño que la actividad minera causa al medio ambiente.
Ruiz opina que la decisión estadounidense es una versión del juego del gato y ratón, en el que Ortega nombra a un nuevo funcionario para sustituir al que acaba de ser sancionado, y Estados Unidos responde sancionando al nuevo.
Ruiz refiere que, cuando Ortega reformó la Ley de Minas como reacción a la imposición de sanciones directas contra la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), trasladó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) -y por ende, a la Dirección General de Minas (DGM)- el establecimiento de las inversiones público privadas, las concesiones mineras, y el manejo de las reservas mineras.
Dado que Ortega podría crear otro ministerio, o pasar esas facultades a cualquier otra entidad, Estados Unidos sanciona a la DGM para limitar la capacidad del MEM de decidir sobre las áreas de reserva, y las nuevas concesiones mineras, opina Amaru.
Adicionalmente, detalla que la modificación de la orden ejecutiva 13851, abre la posibilidad para sancionar a empresarios estadounidenses que inviertan en ese sector, aunque sugiere que Biden lanza una advertencia -y no una sanción directa contra cualquier inversionista de su país- porque hay que analizar quiénes son más cercanos al régimen, y se benefician de la corrupción con que se maneja ese negocio.
Aunque las importaciones de la industria minera nicaragüense pueden ser sancionadas, Ruiz destaca que la posibilidad de que se sancionen las exportaciones de oro a Estados Unidos sí ponen en jaque a todo el sector pues, aunque busquen nuevos compradores, “el cambio no se puede hacer fácilmente, porque ya existe una logística para exportar oro a Estados Unidos”.
Preocupación entre empresarios e inversionistas
“Los inversionistas están preocupados porque ven un cambio cualitativo en la amenaza que se cierne en el país”, dijo a CONFIDENCIAL un asesor empresarial que pidió mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad.
Este nuevo paquete de sanciones se ve como “un cambio bastante relevante en la posición” de Estados Unidos, que ocurre en el contexto de las elecciones estadounidenses de las próximas semanas, añadió.
Este experto recuerda que “hay presión bipartidista en el Congreso, de hacer algo con respecto a Nicaragua. Biden responde con una orden ejecutiva que dice ‘podemos proceder de esta manera’, con la que amenaza el comercio, las importaciones, las exportaciones y las inversiones” del sector minero.
Explica que el Gobierno estadounidense no está diciendo si usará esas herramientas, o si solo estarán disponibles para que la usen el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, y eventualmente el de Comercio, sin descartar que eventualmente sirva como carta de negociación.
“Lo que vemos es un campanazo, un cambio cualitativo en el marco de las sanciones que antes estaban dirigidas contra personas, y ahora comienzan a afectar a diversos sectores. Falta ver si, en efecto, se aplican contra la minería o cualquier otro sector”, valoró.
La idea de que estas decisiones pudieran ser un ‘llamado a la cordura’, parten del hecho que la orden ejecutiva “podría estar diciendo ‘negociemos’. Falta ver si el Gobierno de Nicaragua se abre y flexibiliza las cosas, o si endurece su posición y eleva la parada”, lo que llevaría a un mayor deterioro de la situación, y a que “vayamos acabando con el país”, advirtió.
Este experto explica que ve un comportamiento similar de Estados Unidos con las tres dictaduras del continente, mencionando cómo se relaja la presión en contra de Venezuela, “pero sin soltarla”, a la vez que conversa con Cuba sobre temas migratorios.
Prueba de esa incertidumbre, es el hecho que las empresas del sector fueron incapaces de reaccionar en las siguientes doce horas después de conocer la nueva tanda de sanciones. “La gente apenas está haciendo sus propias conclusiones y analizando de qué se trata esto, que fue muy sorpresivo. Los abogados están revisando todo, porque hay muchos temas legales que tienen que verse a profundidad”, dijo una fuente que presta servicios a la industria minera.
