24 de octubre 2022
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El régimen de Daniel Ortega no ha permitido el ingreso de los medicamentos necesarios para controlar los padecimientos crónicos del sacerdote Enrique Martínez Gamboa, atentando contra su vida.
Durante 11 días, el religioso ha permanecido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, incomunicado con su familia y su defensor privado, que el juez aún no admite, pese a que sus familiares realizaron la petición, confirmó el abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas.
El sacerdote de 64 años es diabético, hipertenso y tiene afectaciones en un riñón. Por esas razones debe tomar medicinas diariamente y estar bajo constantes chequeos. Su familia y la defensa privada han demandado que sea revisado por un doctor y que le permitan el ingreso de su medicamento, pero no han obtenido respuestas.
“Esto pone en grave riesgo la vida del sacerdote, porque todos sabemos que una afección cardíaca es de cuidado, que puede conducir a la muerte a cualquier persona sino se atiende, sino toma un medicamento a tiempo”, expresó Cuevas, quien conoce de cerca al religioso desde hace varias décadas.
“La asistencia médica no es una dádiva, es una obligación del régimen. Cualquier cosa que le pase al sacerdote es responsabilidad directa del Gobierno. La tutela al debido proceso está siendo vulnerada”, cuestionó el defensor durante una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite por Facebook y YouTube debido a la censura televisiva de la dictadura.
El padre fue capturado la tarde del jueves 13 de octubre de forma violenta, mientras estaba en su vivienda en Managua. La justicia orteguista lo acusó de forma exprés por el supuesto delito de conspiración en concurso con la propagación de noticias falsas. Sin embargo, tras once días de su secuestro, no ha sido llevado a una audiencia preliminar ni tampoco una de tutela de garantías constitucionales.
Cuevas señala que el artículo 95 del Código Procesal Penal (CPP) y la Constitución Política de Nicaragua indica que tres horas después de una detención, el ciudadano tiene derecho a entrevistarse con su familia o su abogado, pero ninguna de las dos ha sido autorizada. “Es una serie de irregularidades”, alertó Cuevas. “Queremos dejar claro que si alguien está cometiendo delito en esta situación es el Gobierno”, denunció.
El cura Martínez aún no cuenta con un defensor privado, por lo que Cuevas sugiere que el caso pareciera estar cumpliendo el mismo patrón del caso de monseñor José Leonardo Urbina, que el juez impuso un defensor público alineado al régimen orteguista, dejándolo en indefensión.
“Delito” del padre Martínez Gamboa: decir la verdad
El sacerdote Martínez es recordado por su discurso al final de la Madre de Todas las Marchas, el 30 de mayo de 2018, que fue atacada por policías y paramilitares del régimen orteguista, dejando un saldo de ocho fallecidos.
“Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. Viva Nicaragua, Vivan las madres de los caídos del 19 (de abril), vivan los médicos y los periodistas decentes”, dijo en esa ocasión. “Fuera la pareja asesina (Ortega y Murillo), fuera los miserables asesinos”, gritó el religioso.
Para el defensor de derechos humanos, el "delito" del sacerdote es practicar su profesión. “Alguien que es siervo de Dios, alguien que predica el evangelio tiene que hablar con la verdad, y lo que hizo en esa tarima fue hablar con la verdad. Todos vimos con horror la masacre, todos vimos con horror la situación de criminalidad del Gobierno y sus huestes. Él como alguien que está llamado a pregonar la verdad, no tenía opciones más que hacer lo que hizo y consecuencia de eso, no olvidaron ese acto”, expresó.
El padre, quien pertenece a la Diócesis de León, pero algunas veces celebraba misa en la Iglesia Santa Martha, y fue capellán de colegio La Salle en la capital, ha mantenido una posición firme en la defensa de los derechos humanos. Durante sus eucaristías mencionaba a los presos políticos y el sufrimiento de sus madres, esposas e hijos, además de las injusticias que se viven en el país.
“En nuestro país decir la verdad está proscrito. El padre habló con la verdad y está pagando las consecuencias, lo acusan de traición a la patria. Para la pareja presidencial la patria son ellos, y traicionar a la patria, ellos asumen que es traicionarlos a ellos”, expresó Cuevas.
La posición del padre Martínez por la defensa del pueblo es de vieja data. En 1987, él estaba a cargo de la parroquia de La Paz Centro, León, cuando el servicio militar reclutaba a cualquier joven en las calles. “Era una cacería de jóvenes”, relata Cuevas. Las madres llegaban al templo a buscar consuelo, y él, en sus homilías denunciaba los abusos que los sandinistas, con Daniel Ortega en el poder, estaban cometiendo.
Eso provocó la molestia de fanáticos del Frente Sandinista, y empezaron una campaña en su contra. En una ocasión, una turba enardecida irrumpió en el templo y agredió al religioso. Logró escapar con vida y fue reubicado por las autoridades eclesiales en otro templo. “Ha sido un hombre que ha sido sensible ante el dolor de la gente”, dijo Cuevas.
En esta ocasión no fue diferente, antes de su secuestro, había sido amenazado, asediado y perseguido. Estaba siendo vigilado afirma Cuevas, pero debido a su carácter no iba a exiliarse.
Asedio policial empuja a sacerdotes al exilio
El régimen orteguista ha apresado once religiosos, incluido el obispo Rolando Álvarez, en casa por cárcel desde hace más de dos meses. La persecución contra la Iglesia ha escalado a niveles sin precedentes en la historia reciente, provocando una ola de exilio de religiosos para garantizar su libertad. Se estima cerca de una decena de padres, sin embargo, la jerarquía de la Iglesia católica no ha brindado información oficial al respecto.
Cuevas ha registrado cuatro denuncias de sacerdotes y dos de seminaristas en el exilio. Sus testimonios revelan que muchos otros párrocos están siendo coaccionados, amenazados, intimidados, vigilados por la Policía y civiles vinculados a las estructuras del Frente Sandinista, incluidos políticos, que ingresan a los templos a grabar las misas de los curas.
Para Cuevas el objetivo del régimen apresando al sacerdote Martínez es mandar un mensaje -de intimidación- a la población y callar las voces discordantes de la línea oficial. Asegura que catequistas, evangelizadores, delegados de la palabra están huyendo y ya han llegado a Estados Unidos, empujados por la persecución estatal. “Es el régimen de terror que está imponiendo el régimen de Nicaragua en contra de los religiosos y por ende, contra de la población”, dijo el defensor de los derechos humanos.
