24 de octubre 2022
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La dictadura de Daniel Ortega utiliza los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” para fabricar casos contra los presos políticos de Nicaragua, a cargo de un sistema judicial “instrumentalizado”, que abogados y defensores de derechos humanos califican como un “brazo represor” del aparato político orteguista.
En contubernio con el Poder Judicial, el régimen ha condenado a 45 presos políticos por “conspiración”, con condenas de siete a trece años de cárcel, entre ellos los siete aspirantes presidenciales capturados en la escalada represiva de 2021. Además, catorce de esos 45 presos políticos también han sido juzgados y condenados por supuesta “propagación de noticias falsas”, y ocurrió sin pruebas claras que comprobaran la responsabilidad penal, según abogados defensores.
La fábrica de delitos se repite contra otra veintena reos de conciencia, detenidos en 2022, que incluye a familiares de perseguidos políticos, trabajadores del confiscado diario La Prensa, y seis religiosos y un laico que estuvieron secuestrados durante 15 días junto a monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de dos meses bajo “casa por cárcel”. En menos de quince días, la Fiscalía orteguista acusó a 24 nicaragüenses –veinte presos políticos y cuatro con orden de captura– por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y a nueve de ellos también por supuesta “propagación de noticias falsas”.
El abogado y exadministrador de justicia en el exilio, Yader Morazán, analizó las acusaciones contra estos últimos presos políticos y asegura que ninguna cumple con el requisito de exponer la implicación de los acusados en la comisión de los supuestos delitos.
Morazán detalló que el delito de “menoscabo” únicamente aplica a personas que ostentan poder, y no es el caso de ninguno de los veinte que son ciudadanos comunes detenidos en algunos casos como rehenes para amenazar a perseguidos políticos que están exiliados.
Además, indicó que la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020 como parte de un paquete de leyes represivas contra la población, tampoco define qué es una noticia falsa. El artículo 30 de la también conocida como “Ley Mordaza” indica que “quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”. Pero no hay forma de medir legalmente qué es o no es una noticia falsa. Y “¿cómo se mide esa zozobra socialmente hablando?”, cuestiona Morazán.
“Desde 2018 hay un patrón común, todas las acusaciones llevan el mismo formato. Se fabrican en series. No se individualizan participaciones, no se especifican hechos que sean imputables o constitutivos de delito, sino que dicen “conspiraban para menoscabar la identidad territorial, pero no dice de qué forma lo hacían, cómo, cuándo dónde, cuál fue la extracción que hicieron”, subraya.
“No necesitamos probar que eso es falso”
Parte de los 20 presos políticos de 2022 que están siendo procesados fueron capturados en una ola represiva que el régimen desató, entre el 4 y 18 de septiembre, contra miembros de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS). En varios casos, la Policía los detuvo al no encontrar al opositor que buscaban, según denunciaron a CONFIDENCIAL los perseguidos políticos Javier Álvarez Zamora y Andrea Margarita del Carmen.
Estas nuevas actuaciones han sido consideradas por organismos defensores de derechos humanos como un nuevo “patrón represivo” por parte del régimen.
Un abogado defensor, que solicitó el anonimato por temor a represalias, valora que el Gobierno está enviando mensajes en dos vías: la primera, dirigida a sus bases, para reforzar la teoría de que estas personas divulgan información falsa y conspiran contra el Gobierno; la segunda, para toda la población, amenazando con cárcel a cualquiera que se atreva a decir lo que piensa.
“(El mensaje es) te acusamos de que eso es falso porque no necesitamos probar que es falso, simplemente necesito acusarte y el aparato judicial te va a declarar culpable”, alertó el abogado que ha dado seguimiento a los juicios políticos.
El abogado también explicó que el régimen se ha valido de diferentes delitos para encarcelar a los presos políticos desde el estallido de la Rebelión de Abril en 2018. En ese año acusaron a centenares de reos de conciencia por terrorismo; en 2019 optaron por delitos comunes y predominó el tráfico de drogas y, a partir de 2021, han aplicado las leyes represivas aprobadas en 2020, prevaleciendo el delito de “conspiración para menoscabo” y propagación de “noticias falsas”.
En los juicios políticos realizados dentro de El Chipote, entre febrero y marzo, la Fiscalía no presentó una sola prueba que demostrara qué era una noticia falsa, subrayó el abogado. “Lo que le interesa al Gobierno es tratar de decir que todas las noticias que no sean de ellos son falsas, son mentiras, y por eso están metiendo presas a estas personas”, aseguró.
Otro abogado, que ha participado en la defensa de presos políticos y también solicitó el anonimato, sostuvo que la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial no hacen más que seguir la misma hoja de ruta que en los casos anteriores: la Policía ya sabe qué mencionar en los informes, los fiscales mantienen la misma acusación y los jueces ya saben cómo fallar en las audiencias y juicios, expresó.
“Esa experiencia previa simplemente les ha indicado que esa es la forma más fácil de fabricar o maquillar un caso en contra de estos ciudadanos”, denunció.
Los abogados también coinciden que en los juicios políticos recientes hay más violaciones constitucionales, procesales y a derechos humanos que los celebrados en 2018. En aquel momento la Fiscalía intentaba armar una historia, pero “hoy en día simplemente te acusan”, coinciden.
“No importa las pruebas que llevés, sos culpable porque el aparato judicial hace eso”, dijo el primer abogado defensor citado en anonimato.
Acusaciones genéricas contra sacerdotes
“Explicación jurídica no existe” señala el otro abogado para aclarar porqué sacerdotes, civiles y trabajadores de un medio de comunicación están siendo juzgados por los mismos delitos.
La evidencia está en la audiencia preliminar contra los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
La defensora pública impuesta al padre Tijerino, María Verónica Nieto Guillén, señaló que en la acusación presentada por la Fiscalía indican que el cura realizó “una serie de situaciones ante medios, habla de redes sociales”, pero sin detalles. También alegan que utilizó radioemisoras y el púlpito de las iglesias, pero no indican cuáles son las radios y a qué templos se refieren. A la vez, señalan que el sacerdote estaba “realizando planes” no especificados dentro de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permaneció rodeado de antimotines.
Por su parte, la defensora del padre Sadiel y el reportero gráfico, Sergio, Ethelvina Guisselle Sobalvarro Cruz, cuestionó que según la Fiscalía este último desde agosto de 2019 realizaba grabaciones fuera de la Iglesia de Matagalpa y eran transmitidas a través de Canal 12 y Radio Católica, pero no explican cómo las hacía llegar a dichos medios de comunicación y mucho menos, qué vínculo tiene ese punto con el supuesto delito de menoscabo. Sobre el padre Sadiel la Fiscalía señala que en febrero de este año hizo “una comunicación con represalia”, pero no hay más datos sobre el hecho.
“Como no existe un control y lo que existe es la aplicación de directrices políticas es que, precisamente, –critica uno de los abogados– todos los casos pasan con cualquier acusación absurda y llegan a tener absurdos resultados de sentencias condenatorias”.
