24 de octubre 2022
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El régimen de Daniel Ortega persiste en su ensañamiento contra los presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, privándolos durante 59 días de contacto con sus familiares; el segundo periodo más extenso incomunicados desde que fueron secuestrados a finales de mayo de 2021.
Los parientes de los 27 reos políticos condenados con penas de entre siete a 13 años de cárcel, permanecen pendientes de su teléfono, con la ansiedad a tope, esperando les avisen sobre la programación de visitas, pero nunca pasa. Cada semana, los oficiales de la DAJ les solicitan a los familiares sus números de teléfono sin explicarles la razón. “No sabemos si lo hacen con una intención de ilusionarnos y después que no pase nada”, dice Fernanda Guevara, esposa del preso político Róger Reyes.
Guevara se despierta en varias ocasiones durante la noche pensando en Reyes. Se pregunta si comió, si habrá logrado conciliar su sueño, si mantiene la huelga de hambre que inició el 20 de septiembre, hace 34 días, para demandar a las autoridades que les permitan una visita con sus dos hijas. También piensa si él estará enfermo y se lo dirán hasta que se encuentre grave en un hospital.
Son pensamientos rondan su mente durante este prolongado tiempo de incomunicación con su esposo, el primero desde que lo secuestraron el 20 de agosto de 2021. “Es mucha angustia” y una “tristeza terrible” permanecer sin saber cuándo volverá a verlo, dice. Este viernes pasado tenía la esperanza que llamaran, pero pronto se convenció que sería otra semana en incertidumbre.
Los familiares exigieron el pasado 17 de octubre “¡visitas ya!” para confirmar la condición de salud física y emocional de los reos de conciencia, advirtieron en un comunicado. Denunciaron el aislamiento como parte de la tortura psicológica al que someten a los reos de conciencia.
César Dubois, esposo de la presa política y líder de Unamos, Suyen Barahona, aseguró que todos los familiares han preguntado sobre las visitas, pero no les dan información. Margin Pozo, esposa del preso político y cronista deportivo, Miguel Mendoza, relata que todos los días son “bien desesperantes” por no saber de tu cónyuge. Ella no duerme, no siente apetito y siempre está pensando cómo estará Miguel, quien está en huelga de hambre desde hace 33 días demandando ver a su pequeña Alejandra, de ocho años.
“Imagino que está más bajo de peso con todo este tiempo que ha estado en huelga de hambre. Desconozco hasta el momento si sigue con la huelga de hambre, ya pasaron más de 30 días, ojalá, espero en Dios que la haya suspendido por su salud, por su vida porque no vale la pena arriesgar la vida en estas circunstancias o ese lugar”, expresó Pozo.
Su esposa está muy preocupada por su estado de salud, ya que en las visitas anteriores, Mendoza le compartió los malestares que padecía, como calambres y fatigas. A esto se suma la privación de alimentos que en una persona diabética como él, las consecuencias podrían ser muy severas. “Se que es un acto de amor, el mayor acto de amor que pueda hacer un padre hacia su hija para poder verla, pero también la vida de él y la salud están en riesgo”, advirtió.
Crueldad del régimen: no permiten visitas de menores de edad
Pozo conversaba con un familiar sobre la condena de nueve años aplicada a su esposo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, mientras su pequeña jugaba. Por la noche, Alejandra empezó a llorar, ella le preguntó qué pasaba. La niña le respondió que había escuchado que su padre pasaría nueve años en la cárcel y que su corazón estaba “sufriendo” porque al salir ella tendría 17 años.
“Ya mi papá en todo este tiempo que no me ve no me va a querer, no me va querer. No me dejan verlo. Ya no me va a reconocer porque no voy a ser la misma niña que dejó”, le dijo a Pozo, para quien fue muy doloroso verla en ese estado. Alejandra no ve a su padre desde hace más de 15 meses, pese a que es un derecho. En la cárcel ni siquiera le han permitido que Mendoza pueda ver los dibujos y mensajes que la menor le envía. “Una niña de ocho años que no ve a su padre tanto tiempo es como que el papá está desaparecido prácticamente”, dice Pozo.
Pese a la huelga de hambre de Mendoza, la familia no ha recibido respuesta o información “que indique que tienen voluntad -para autorizar la visita de la menor- porque no es un favor, es cumplimento del reglamento, es un derecho que tiene la niña”, reclama su esposa.
Para Pozo sería muy doloroso que el sacrificio de Mendoza fuera en vano. “Me dolería mucho que Alejandra no pueda ver a su papá, teniendo ese derecho como menor de edad, el derecho a la familia, que es un derecho universal. El derecho de tener ese afecto de parte de su padre. Sería injusto realmente todo el sacrificio que se ha hecho en todo este tiempo”, subrayó.
Guevara tampoco ha obtenido respuesta de la demanda de Reyes, también en huelga de hambre en El Chipote. Sin embargo, asegura que “nada es en vano” porque mantiene la fe que su esposo podrá ver a sus niñas. “Yo te digo que en algún momento Róger va a ver a sus hijas, no se si va a ser en libertad, no se si va a ser mañana, pero yo se que mi esposo va a volver a ver mis hijas y esa es mi fe. Y sé que él es un hombre de fe y estamos creyendo por un milagro”, expresó.
Tanto Pozo como Guevara tienen su confianza puesta en Dios ante las adversidades que están viviendo con sus esposos en prisión y huelga de hambre. Además de ellos, la exguerrillera Dora María Téllez y el preso político Irving Larios también están en huelga de hambre demandando el cese de torturas y respeto a sus derechos humanos.
Antes, los presos políticos Tamara Dávila y Miguel Mora se sometieron a huelga de hambre para ver a sus hijos -de 6 y 21 años respectivamente-. La visita fue concedida el 20 de agosto, tras que Dávila cumpliera cinco días y Mora 59 en privación de alimentos. El régimen tampoco ha concedido una llamada para Suyen, pese a los reiteradas peticiones de sus familiares, confirmó su esposo.
CONFIDENCIAL confirmó, con reportes de defensores de derechos humanos y familiares de los reos de conciencia, que al menos 18 menores de edad siguen sin ver o tener algún tipo de comunicación con sus padres, injustamente encarcelados en 2021.
Los presos políticos sometidos al aislamiento e incomunicación con sus hijos son: el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza; la opositora y presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona; el politólogo José Antonio Peraza; el abogado Róger Reyes, y el exaspirante a la presidencia Félix Maradiaga.
También la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo; el empresario Luis Rivas Anduray; el líder campesino Medardo Mairena, y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Walter Gómez y Marcos Fletes.
