23 de octubre 2022
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Cautivos de la incertidumbre, más de 36 días después de la detención de Freddy Martín Porras García, un ejecutivo de ventas de 51 años acusado de conspiración y propagación de noticias falsas por la dictadura en Nicaragua, el exilio no pudo volverse más aterrador para cuatro de sus hermanos, entre ellos la opositora Dulce Porras.
Porras García cumplió años el pasado 15 de octubre en la cárcel policial El Chipote, en Managua, a pocos días de la audiencia inicial de su caso, celebrada este viernes 21 de octubre entre las dos de la tarde y la siete de la noche, la cual dejó muchas dudas entre sus parientes exiliados y los que están en el país.
Aunque ya han pasado más de 24 horas desde la sesión judicial, al momento de esta entrevista, hay muy poca información. Tampoco tiene datos la esposa de Freddy Martín, a quien Dulce Porras asegura no le permitieron ni verle el semblante a su hermano, aunque se encontraba en la prisión y quería acompañarlo en la audiencia.
“Te hacen sufrir a través del sufrimiento de ellos (los familiares) en la cárcel. Están ahí en manos de ellos (los funcionarios del régimen)”, lamentó vía telefónica.
El preso político Freddy Porras. Foto/Cortesía
El caso de este ejecutivo de ventas está registrado bajo el número de asunto 021719-ORM4-2022-PN en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia, a cargo de Rolando Sanarrusia Munguía, quien se hizo cargo a inicios de octubre del procesamiento de 13 reos de conciencia, entre ellos Porras, la familia de Javier Álvarez Zamora—integrada por su esposa, su hija y yerno— y el hijo de la activista de derechos humanos y exdirectora de programas del grupo PEN Nicaragua, Andrea Margarita del Carmen.
Los tres casos resumen la nueva modalidad del régimen: usar como rehenes a los familiares de los perseguidos políticos para intentar capturarlos.
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Dulce Porras, una exdirigente de la opositora UNAMOS—antiguo Movimiento Renovador Sandinista—en Carazo, indicó que el abogado defensor de su hermano sí pudo entrar a la audiencia, hablar breves minutos con él, pero ellos se quedaron sin saber mucho sobre el futuro inmediato del recluso en una especie de limbo angustiante.
Sobre los jueces, fiscales y policías, que componen el engranaje de represión contra los presos políticos, la opositora tiene el peor de los conceptos. A todos ellos los describe como funcionarios que son capaces de sostener una mentira y llegan a las audiencias con los documentos ya hechos, solo de ponerles su nombre y apellido. “Ese es el batallón de fusilamiento que tiene la dictadura: los jueces y fiscales son cómplices de esta barbarie”, afirmó.
En la audiencia preliminar, celebrada el pasado 1 de octubre de la que sí hay un registro disponible, la defensa manifestó entonces la falta de certeza sobre la acusación del fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla, otros de los verdugos de los reos de conciencia en Nicaragua.
La defensoría pública, que representaba a Porras García entonces, señaló la falta de claridad en torno a que no se ofrecía ni siquiera un número de teléfono que permitiera asegurar que hubo una llamada telefónica, una conexión, tampoco un correo electrónico o las cuentas en redes sociales como WhatsApp o Facebook, retuis concretos o siquiera un “me gusta” a una publicación que fuera visto como sospechoso por el Ministerio Público, “razón por la cual está acusación no se debe admitir”.
Sin embargo, el judicial siguió con paso firme en el proceso, aumentando el dolor de Porras y sus tres hermanos radicados en el exterior, “por ser hermanos míos”, explica. La defensa está en manos ahora de un abogado privado.
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“¿De qué pueden acusar a mi hermano? ¡De ser mi hermano! Ah, te acuso porque sos hermano de la Dulce Porras, te acuso porque sos hermano de fulano de tal. Sí, habemos cuatro en el exilio, pero eso no es un delito. El delito lo comete la dictadura cuando nos destierra, nos roba todo, cuando nos saca de nuestro país. No lo cometemos nosotros”, reiteró.
La opositora ha sido víctima de la represión—intentaron quemar su casa en 2018— y también fue testigo de los días duros que sufrió la población de Carazo, entre abril y julio de ese mismo año, cuando Nicaragua conoció el horror causado por los crímenes de Estado.
Fueron días convulsos aquellos de abril de 2018, cuando la población salió pacíficamente por miles a las calles en todo el país para pedir la dimisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los opositores recibieron como respuesta del Estado una brutal represión a manos de policías y paramilitares. La cifra de víctimas mortales en Nicaragua, en el contexto de las manifestaciones, sumó 355, además de 2 000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los ataques del aparato de represivo de la dictadura a la población en el departamento de Carazo, ubicado a 30 kilómetros de Managua, fueron incesantes.
Una de las jornadas más sangrientas ocurrió el ocho de julio de 2018 cuando asesinaron a 22 personas, lo que Dulce Porras asegura que no se debe olvidar, aunque ya hayan pasado cuatro años desde entonces.
Para evitar rendir cuentas sobre estas graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en Carazo, el régimen de Ortega y Murillo afirmó sin evidencia que fue objeto de un golpe de Estado en contravía a los abusos que documentaron los organismos internacionales.
Mientras el país inició en septiembre pasado su cuarto año consecutivo viviendo bajo un estado de facto policial, con la dictadura conculcando con firmeza el derecho de la protesta, la situación de los derechos civiles sigue deteriorándose. El total de reos políticos aumentó a 219, entre ellos el ejecutivo de ventas Freddy Martín Porras.
