23 de octubre 2022
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Con 59 nuevos presos políticos entre enero y septiembre, el 2022 es desde ya el año con más presos políticos en Nicaragua desde la brutal represión y masacre contra la Rebelión de Abril de 2018 ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, analizados por CONFIDENCIAL.
Los informes del Mecanismo indican que hasta septiembre de 2022 se contabilizan 219 presos políticos, cifra que refleja un aumento de 59 casos con relación a los 160 presos políticos registrados hasta diciembre de 2021. Sin embargo, las capturas continúan registrándose en octubre, por lo que al final de año la diferencia interanual podría ser mayor.
Los nuevos presos políticos del régimen son familiares de perseguidos políticos u opositores que actualmente se encuentran en el exilio, activistas autoconvocados y una decena de líderes religiosos de la Iglesia católica.
Sacerdotes secuestrados por el régimen
La lista también incluye al obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, contra quien la Fiscalía del régimen aún no presenta ninguna acusación, pero la Policía lo señala de “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio”, y permanece en arresto domiciliario desde el 5 de agosto, primero en la Curia Episcopal de Matagalpa, y luego en la casa de su familia en la ciudad de Managua.
También se encuentran encarcelados y acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional los sacerdotes: Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. Todos ellos están desde el 19 de agosto en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Otros presos políticos del régimen es monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco, condenado a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años.
Además, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, a quien declararon culpable de agredir a una mujer, también encarcelada; y el cura de Mulukukú, Óscar Benavidez, actualmente investigado por la Fiscalía por un delito “fantasma” del cual el Estado de Nicaragua se reconoce como “víctima y ofendido”.
Recapturados y familiares de exiliados
En la lista también se encuentran los presos políticos recapturados Yubrank Suazo, de 32 años, y Carlos Alberto Vanegas, de 33, ambos de la ciudad de Masaya. Suazo fue condenado en julio pasado a 10 años de cárcel por supuesto menoscabo a la integridad nacional y permanece recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en el municipio de Tipitapa, conocido como “La Modelo”. Mientras, Vanegas está siendo procesado por supuesto robo con fuerza y se encuentra en el Sistema Penitenciario de Granada.
También fueron encarcelados arbitrariamente los familiares del exiliado Gabriel Álvarez, a quien la Policía llegó a buscar a su vivienda en Managua el pasado 13 de septiembre y al no encontrarlo capturaron a su esposa Jeannine Horvilleur, su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur y su yerno Félix Roiz Sotomayor. Dos días después, el 15, fue arrestado Freddy Porras, hermano de la exiliada Dulce Porras. Ninguno de los ahora prisioneros tenía incidencia ni participación política. Su “delito” es ser familiares de Álvarez y de Porras.
A los familiares de los exiliados, la justicia del régimen los acusa de supuestas conspiraciones y presunta propagación de noticias falsas. Su juicio arrancó este martes 18 de octubre, después de poco más de un mes de encierro. A ellos ni siquiera se les ha permitido interactuar con un abogado que cumpla con la obligación de proveerles una defensa legal apropiada.
Otros presos políticos capturados en septiembre pasado son: Gabriel Alfonso López, de 34 años; Javier Álvarez Arguello, de 60; Orlando Campos, de 70; Raúl Oporta León, de 59; y Hugo Ramón Rodríguez, de 62. Todos en la cárcel de El Chipote, procesados por supuesta conspiración.
La lista del Mecanismo también mantiene protegida la identidad de 25 presos políticos, de los cuales 21 son hombres y 4 son mujeres, por una solicitud expresa de sus familiares que temen represalias por parte del régimen orteguista.
Además, el pasado 13 de octubre fue capturado el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, pero su nombre no aparece todavía en la lista del Mecanismo. El religioso también se encuentra recluido en El Chipote.
Capturas en 2021
El aumento en la lista de presos políticos es perceptible desde diciembre de 2021, cuando el régimen orteguista acumuló 160 reos de conciencia, una cifra superior a los 110 presos políticos registrados el año anterior.
Entre los 50 presos políticos capturados en 2021 se destacan siete aspirantes presidenciales. Además, líderes políticos y sociales, periodistas y defensores de derechos humanos encerrados en el contexto del proceso electoral y que desde entonces permanecen aislados en la Dirección de Auxilio Judicial.
Anteriormente, en diciembre de 2020, la cantidad de presos políticos en Nicaragua experimentaba una disminución con relación a años anteriores. Entonces fueron registrados 110 reos de conciencia, 38 menos con relación a los 148 reportados en diciembre de 2019.
Ley de autoamnistía dejó en la impunidad crímenes
Precisamente, 2019 fue el año en que más disminuyó la lista de presos políticos, al pasar de 674 reos de conciencia a finales de 2018 a un total de 148 en 2019. Situación que se explica con la puesta en vigencia de la ley de autoamnistía del régimen de Ortega y Murillo en junio de ese año.
La ley de autoamnistía del régimen obligó a la excarcelación 526 presos políticos en 2019, pero igual dejó en la impunidad los crímenes cometidos por el orteguismo, entre los que destacan los más de trescientos asesinatos registrados contra las protestas ciudadanas de 2018, varios documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó la comisión de crímenes de lesa humanidad, en diciembre de aquel año, antes de ser expulsados por la dictadura que casi tres años más tarde anunció su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA).
