16 de octubre 2022
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La dictadura orteguista ha impuesto restricciones migratorias —destierros, retenciones y hostigamientos— contra unos 140 nicaragüenses, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Esta política represiva la ejecuta desde 2018.
El 68.5% de estas agresiones migratorias ocurrieron entre 2021 y 2022. Asimismo, señalan que entre los afectados hay al menos 16 defensoras feministas que fueron desterradas en ese período.
“La mayoría de los casos se tratan de defensoras que habían salido del país por algún motivo personal o laboral y al tratar de ingresar de nuevo las autoridades migratorias les negaron el ingreso”, explican.
Este acto represivo es “un hecho gravísimo” que atenta contra la Constitución Política de Nicaragua, que en el artículo 31 establece que “los nicaragüenses tienen derecho a entrar y salir libremente del país”.
Además, atenta contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 22, numeral 5, especifica que “nadie puede ser expulsado del territorio del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.
“Casi la mitad de estas agresiones (60) estuvieron dirigidas contra mujeres defensoras de derechos humanos, activistas o familiares de defensoras”, señalan.
Las defensoras explican que el destierro, considerado como el acto de negar la entrada a Nicaragua, ha dejado un “efecto ejemplarizante” en los nicaragüenses, quienes al ver cómo opera esta forma de represión, viven con incertidumbre y miedo de ser expulsados del país en cualquier momento.
Régimen usa hostigamiento migratorio
Esta iniciativa mesoamericana, que aglomera a feministas de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, basaron su análisis en las defensoras feministas y de derechos humanos. En este encontraron que la agresión más frecuente es la retención migratoria.
La retención se refiere a los casos donde el Estado las despojó de forma permanente o temporal, de su pasaporte o bien se las anuló. En esta última situación provocó que estos quedaran en una “muerte civil”, principalmente quienes salieron del país después de la situación de violencia.
“Para todas ellas no disponer de pasaporte o permiso de residencia vigente conlleva impedimentos para renovar permisos de trabajo o tarjetas del banco, o para contar con cédulas, entre otros”, subrayan.
Muchas de las defensoras han quedado atrapadas en estados con leyes migratorias de naturaleza xenófoba. Lo cual provoca dificultades para desplazarse y acceder a servicios básicos, “quedando a merced de la precariedad, de la vulnerabilidad y de la desprotección”, lamentan.
Los casos de hostigamiento migratorio también han sido frecuentes. En un mapeo preliminar realizado por las defensoras, encontraron al menos 17 casos. Estos casos incluyen interrogatorios o retenciones temporales en los puestos fronterizos, no renovación de documento de identificación, retrasos en la entrega de documentación y la imposición de ir periódicamente a Migración para firmar.
Represión migratoria afecta salud mental
El destierro ha provocado un “impacto brutal” en las defensoras de derechos humanos y también en sus familias, señalan. Pues estas, “de un día para el otro quedan separadas de sus hijos e hijas, de las personas que tienen bajo su cuidado, de sus familiares y seres queridos; no pueden regresar a su casa, a su trabajo, a sus luchas, a sus tratamientos médicos y rutinas de vida”.
Han identificado en las defensoras repercusiones en su salud mental por el desarraigo familiar y la desestabilización de sus redes de apoyo. Entre las afectaciones destaca el estrés, desgaste emocional, angustia, problemas psicoemocionales por temor a que sus familiares sean afectados, ira, pérdida de sueño y miedo de perder su patrimonio: casa, vehículo, etc.
“Daniel Ortega, cacique feudal de Nicaragua, encarcela y destierra a mujeres que amenazan su poder totalitario, con ello no solo busca castigarlas a ellas sino también lanzar un mensaje de terror y de amenazas contra de las mujeres que día en Nicaragua siguen luchando por un país donde ni el Estado ni el patriarcado socaven los derechos y dignidad de las personas”, señalan.
En los últimos meses, el régimen de Ortega ha atacado al movimiento feministas a través de la cancelación de personerías jurídicas. Según un conteo de IM-Defensoras, ya suman 176 organizaciones feministas y de derechos humanos que perdieron su personería jurídica.
La última cancelación ocurrida esta semana, incluyó un refugio para mujeres ubicado en Somoto, departamento de Madriz, que fue creado por el colectivo de Mujeres Itza y estaba operando al momento de la eliminación.
“La clausura forzada de este albergue es un ejemplo, entre muchos otros, de los impactos de estas cancelaciones sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, quienes quedan en situación de mayor desprotección y vulnerabilidad en un país donde los femicidios y la violencia machista están a la orden del día”, denuncian.
