14 de octubre 2022
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La justicia orteguista programó para el 1 de diciembre el juicio oral y público contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que estuvieron secuestrados junto a monseñor Rolando José Álvarez, en la Curia de Matagalpa durante 15 días, en agosto pasado. También se enjuiciará a dos conductores del diario La Prensa.
Los religiosos son: Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno y el laico Sergio Cadena Flores son acusados por la Fiscalía por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
La jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, está a cargo del caso, que ha sido manejado con total hermetismo. Los ciudadanos fueron secuestrados por la Policía Nacional, que la madrugada del pasado 19 de agosto ingresó a la Curia matagalpina y trasladó a los fieles católicos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, fue trasladado a una vivienda familiar en Managua, donde lo mantienen bajo "casa por cárcel".
La acusación contra los sacerdotes y laicos fue presentada por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien se ha destacado persiguiendo a presos políticos, igual que la jueza Úbeda Obando. La audiencia preliminar se realizó el 22 de septiembre y la audiencia inicial el pasado viernes 7 de octubre.
En esta última audiencia los sacerdotes contaron con defensa privada, contrario a la preliminar, cuando les impusieron defensoras públicas. El padre Tijerino y Eugarrios están siendo representados por la abogada Nohemí Guerrero; el seminarista Centeno, el diácono Vega y el padre Díaz son defendidos por el abogado José Gerardo González Riega; el seminarista Leiva por el abogado Norvin Cruz; y el camarógrafo Cárdenas por la abogada Aura Estela Alarcón.
Procesan a trabajadores de La Prensa
La jueza Úbeda Obando aceptó el jueves procesar por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, a Carlos Lam y Mario Sánchez, dos conductores del diario La Prensa, informó a la agencia de noticias Efe una fuente judicial.
La jueza remitió a juicio oral y público y mantuvo la prisión preventiva a los dos conductores de La Prensa, incluido al que movilizó a un equipo de ese diario en la cobertura de la expulsión del país a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, en julio pasado.
La judicial mantiene el caso como tramitación compleja y rechazó los argumentos de la defensa, que alegó, entre otras cosas, una violación al debido proceso a los imputados debido a que fueron detenidos en julio y acusados hasta en septiembre pasado.
La Fiscalía de Nicaragua acusó en total a cuatro trabajadores de La Prensa, sin embargo los otros dos —una periodista y una asistente de redacción— no han sido detenidos y no pueden ser procesados en ausencia, según la causa divulgada por el sistema de internet del Poder Judicial.
En la acusación, la fiscal auxiliar Heydi Estela Ramírez Olivas señaló a los cuatro empleados de La Prensa de haber violado el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, referido a la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Redacción de La Prensa en el exilio
El pasado 23 de agosto, el Gobierno de Daniel Ortega entregó al estatal Instituto Nacional Tecnológico el edificio propiedad de La Prensa, valorado en cerca de 10 millones de dólares, para construir un centro cultural.
Las instalaciones de La Prensa fueron tomadas a la fuerza por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de "defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos".
Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien venció a Ortega en las elecciones de 1990-, fue condenado el 31 de marzo pasado a nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
El personal de redacción de La Prensa, que ahora solo se publica de forma digital, se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de los dos trabajadores que ahora irán a juicio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
