13 de octubre 2022
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La investigación abierta en Argentina contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua elevará la “presión internacional” contra la dictadura e incluiría un “pedido de captura internacional”, que limitaría los países a los cuales Ortega, Murillo y sus cómplices podrían viajar, aunque no culminaría en la cárcel, afirma el abogado argentino Darío Richarte, uno de los dos juristas que impulsa la acusación.
El también exvicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en entrevista con el programa Esta Noche, explicó que la investigación contra la dictadura orteguista será un “proceso extenso” y tomaría bastante tiempo. Sin embargo, resaltó que este tipo de acciones son importantes porque ayudan a visibilizar los graves crímenes que cometen dictaduras como la de Nicaragua y de paso “hacerles la vida un poco más difícil” a sus operadores, “aislándolos cada vez más a nivel internacional” .
La investigación penal contra Ortega, Murillo y sus funcionarios represores fue abierta el 5 de octubre en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, Argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El abogado Diego Pirota impulsó la acusación junto con Richarte.
Además de Ortega y Murillo, también fueron acusados el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo; el ministro de transporte, general en retiro Óscar Mojica; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés.
También el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López; el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares; la exministra de salud, Sonia Castro; y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes Ramírez.
La trayectoria de Richarte no proviene de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, sostiene que ha estado vinculado desde la vida académica por más de 20 años. “Venimos siguiendo la situación de Nicaragua desde abril de 2018”, agrega, y justifica que la justicia argentina tiene “trayectoria en aceptar la jurisdicción universal para casos donde se juzgan hechos que no fueron cometidos en territorio argentino”.
“Aquí no se trata de que la justicia argentina está enfocada hacia un lado, acá lo que pretendemos es que la justicia argentina, nos gustaría que también nuestro Gobierno, condene las violaciones a derechos humanos que se produzcan, no porque sean de uno u otro sector los que la provocan”, añade.
Según Richarte, otra motivación para promover la causa fue la preocupación por el debilitamiento de los sistemas democráticos en América Latina y la alerta que genera el restablecimiento de una dictadura en la región.
“Es una prevención, es por supuesto en solidaridad con Nicaragua, con las víctimas, para visibilizar el problema, pero también es en defensa propia de la democracia, porque si no visibilizamos, si no le hacemos la vida un poco más difícil a los dictadores, si no los aislamos internacionalmente cada vez más, esta enfermedad, que lamentablemente se extiende cada vez más, nos va afectando inclusive a nosotros como argentinos. Estamos todos muy conectados en América Latina y los argentinos no somos una excepción”, afirma.
¿Qué pasa si Ortega y el Estado nicaragüense se rehúsan a responder a la petición de la justicia argentina, como ya lo han hecho con exhortos de la CIDH o las sentencias de la Corte Interamericana?
(...) Es lógico que las dictaduras, cualquiera que sea, se opongan a ser investigadas. Los dictadores creen que van a ser eternos, que van a conseguir siempre impunidad, que van a estar siempre en sus palacios, tranquilos, pero la realidad es que esto no termina.
Nosotros cuando hacemos esta denuncia aquí en Argentina la hacemos porque precisamente contamos con que muy probablemente la dictadura de Nicaragua no va a colaborar, porque si existiera un Poder Judicial independiente en Nicaragua nosotros no podríamos interponer esta denuncia sobre Nicaragua, pero tengo una mala noticia para ellos: todos estos organismos de derechos humanos, del Sistema Interamericano, del Sistema Universal, de toda esta gente que ha podido ir a tomar testimonio de lo que está pasando, la prensa, los propios ciudadanos a través de las redes sociales, los chicos y chicas que con gran valentía cuentan lo que está pasando, las víctimas que están en el exilio, nosotros hemos tenido reuniones con algunos, en distintas ciudades, y hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, ver tanto sufrimiento, tanta indiferencia, porque la realidad es que esto se está visibilizando en el mundo, pero me parece que es algo por lo que uno no puede descansar ni un minuto, entonces, cuantas más voces se sumen, cuantas más instancias se abran, cuantas más cosas pasen para mostrar qué es lo que está pasando, esta situación va a generar la presión necesaria.
No sé si va a servir para terminar con esto mañana, pero estoy seguro que va a servir para aislar cada vez más a la dictadura y para alumbrar a las personas que están siendo cada vez más afectadas, que son las víctimas.
En estas causas entonces también han sido tomadas las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos realizadas por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU
Correcto, todo eso. El juez empieza con la investigación y lo primero que hizo, que nosotros ya hemos aportado (...) es pedir oficialmente que se remita esa documentación. Esa parte... el juez necesita validarlo, necesita que la OEA, que la Comisión Interamericana le envíe oficialmente esos documentos. Lo otro que hizo el juez –que eso lo hizo por su cuenta y que está bien desde el punto de vista legal– es enviar un exhorto a Nicaragua. Eso hay que entenderlo como una necesaria constatación de que el Estado de Nicaragua no tiene una causa en la que se estén investigando los crímenes de lesa humanidad y tiene imputados a todos los que componen esa maquinaria. Eso para la justicia argentina es importante que no sea así, porque si no, no habilitarían la jurisdicción.
¿Qué sigue después del exhorto del juez?
La primera aclaración que hago es que es una investigación con muchos obstáculos, o sea, no es fácil que la justicia de un país, por más que tenga experiencia en hacerlo, esté investigando hechos que ocurrieron en otro país, pero acá la buena noticia es toda esta información relevada por todos estos organismos hasta hace dos años, momento en que se empezó a quitar la colaboración para que estos organismos pudieran salir adelante.
No obstante, los nicaragüenses en el exilio siguieron juntando información importante que se va agregando a la causa. La realidad es que, después de esto, lo que seguiría es esperar la respuesta del Estado de Nicaragua en un plazo razonable y después salir a validar las pruebas.
Muchas de las víctimas están en el exterior, en países que sí van a colaborar con la justicia en Argentina y no me refiero solamente en Estados Unidos. Costa Rica tiene una tradición de colaboración en derechos humanos muy importante y España, que tiene un Gobierno socialista, también tiene una política de colaboración.
¿Y a qué va la colaboración de estos Estados? A que se pueda tomar o validar declaraciones de víctimas, testimonios, y acá, hago un hincapié muy importante, siempre importante, evitando la revictimización. Tal vez con cinco o seis (personas) que puedan reflejar, dar testimonio de determinado tipo de delitos, de manera cuidada y a la distancia, eso también se acepta en la justicia argentina, se puede reconstruir.
Después de esto que no sé cuánto tiempo tardará... y después de eso el juez tendrá la suficiente información para determinar si convoca no solamente a Ortega y a Murillo, sino a todos los imputados. Mejor dicho, se les citará para que hagan ejercicio a su derecho a la defensa, como pasa en las democracias, y ahí tendrán que prestar declaración indagatoria.
Si eso pasa y no concurren, el paso que sigue es el pedido de captura internacional para ellos, no son solo ellos dos, porque una represión de estas características lógicamente tiene máximos responsables, como lo tuvo la dictadura de Argentina, pero después tiene todo un aparato que está al servicio de la represión.
El objetivo es visibilizar, ayudar desde nuestra tradición de respeto de los derechos humanos y de una de las pocas cosas que nos van quedando fuertes en Argentina, digamos, que es un Poder Judicial comprometido y ayudar con esa lucecita para aislar internacionalmente cada vez más al régimen.
¿La toma de los testimonios de las víctimas tiene que ser presencial? ¿Quién se encarga de recogerlas?
Primero te descarto, no tiene que ser presencial en Argentina… pueden ser medios virtuales, y lo más correcto sería vía exhorto, tomando la declaración en los países donde se encuentran.
¿Quién determina a qué testigos citar? Es el juez o el fiscal, nosotros podríamos proponer, presentar escritos donde propongamos testigos; el fiscal podría proponer otros, podría estar de acuerdo con nosotros, podría decir 'son pocos' o 'hace falta más'.
Los testigos son las víctimas y ellos han relatado en distintos lugares los hechos que padecieron, entonces, de una lectura detenida de las presentaciones de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, y de algunas organizaciones no gubernamentales, (cuando el juez) se reúna con toda esa información y entienda cuál es patrón de la represión y que existe un plan sistemático por parte del Gobierno nicaragüense de desaparecer personas, de asesinarlas, de privarlas de su libertad, de forzar migraciones masivas de gente hacia el exterior, lo que se suele hacer en cualquier caso penal es agrupar víctimas que tengan que ver con cada una de las cuestiones e intentar que puedan prestar testimonio de la mejor manera.
Lo que no puede pasar tampoco es que la justicia argentina se sienta tampoco presionada en el sentido de tiempos, porque son casos complejos, requieren de tiempo, hay que armarlos (...).
Sabemos que no va a terminar con el encarcelamiento de Ortega, o sea la Argentina no va a poder nunca lograr eso. Nadie es tonto para imaginarse esa situación, nadie pretende eso, ojalá ocurriera, eso va a suceder seguramente el día que los nicaragüenses recuperen la democracia.
Sí pretendemos que haya una investigación judicial, que haya dictadores y su corte que puedan tener consecuencias, que sientan la presión de la comunidad internacional, más allá de los informes, que son sumamente importantes, pero muchas veces sabemos lo que piensan los dictadores sobre esos informes, entonces, no sería malo que pudiera sumarse un elemento más de visibilización de la dictadura y al menos desde un lugar donde puedan investigarse judicialmente estos hechos y donde pueda haber algún tipo de consecuencia.
