5 de octubre 2022
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El Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’ detalla que desde el 2019 a la fecha han recibido 150 denuncias de víctimas de torturas "demostrando la sistematicidad con que esta es practicada impunemente" por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo ‘Nicaragua Nunca Más’, recordó que el primer informe sobre la tortura, publicado en 2019, contaba con los testimonios de 50 personas que habían sido torturadas, y que ese número se ha triplicado, hasta sumar 150.
El también abogado calcula que en el país ha habido “no menos de 1750 privados de libertad”, con base en un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contabiliza 1614 detenidos, a la vez que denunció la existencia actual de 215 privados de libertad”, recordando que eran 205 a finales de agosto, pero ahora son más, porque están capturando a los familiares de los perseguidos exiliados.
La estrategia del régimen pasa por despersonalizar a víctimas, lo que de una u otra forma, ha obligado a una veintena de presos políticos -tanto en los centros penitenciarios como El Chipote- a declararse en huelga de hambre, “lo que dice y resume la resistencia de esas personas, por haber exigido su derecho de vivir en libertad y sin miedo. No existe ninguna ley que impida a un preso ver a sus hijos”, exclamó.
Yader Valdivia, también miembro del Colectivo, complementó la información recordando que hay al menos 2175 oenegés que han sido clausuradas, proceso que adquirió mayor velocidad, después que la dictadura “transfirió de forma ilegal el poder al Ministerio de Gobernación”, para que les aplique un proceso exprés.
Al mencionar otras arbitrariedades cometidas, recordó el cierre y confiscación de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA); la expulsión del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag; la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheidt; ataques a diversos Gobiernos y a la ONU porque exigen el respeto a los derechos humanos.
Valdivia no olvidó los ataques al gremio periodístico, el cierre de medios, el hecho de que más de una decena de periodistas se exiliaron en Costa Rica, tan solo en el último mes, y cómo el Estado ha violentado incluso la libertad artística, con la captura y expulsión de músicos, y el cierre de sus espacios.
Nicaragua es una tragedia
La actividad contó con un espacio para que familiares de presos políticos -así como excarcelados del régimen- contaran sus experiencias, comenzando por la caraceña Dulce María Porras, exiliada en Costa Rica, quien relató cómo su hermano Freddy Martin Porras, fue capturado con lujo de violencia y “de forma grosera”, robándose todos los celulares en el proceso. “El delito que él tiene es ser mi hermano y llevar mi apellido”, añadió.
La señora Porras denunció que su hermano está siendo “torturado, maltratado. Está a nivel de secuestro. Somos cinco o seis familias que tenemos parientes secuestrados. Sabemos que está ahí, porque aceptan las cositas que permiten que les llevemos”, dijo relatando la ocasión en que su cuñada preguntó cómo estaba él, y un uniformado respondió “aquí no estamos para conversar. Deme lo que le trae. ¡Apúrese!”.
Cristopher Mendoza, familia del periodista Miguel Mendoza, dijo que de su tío admiró “la pasión por el periodismo”, y que eso lo inspiró a hacerse periodista él también.
El cronista deportivo, que lleva preso 470 días por opinar a través de la red social Twitter, tiene “11 280 horas sin abrazar a su hija”, y 16 días en huelga de hambre para que lo dejen verla. “Eso es peligroso”, dijo el comunicador, tomando en cuenta el deterioro de la salud de Mendoza, por estar encerrado, además de su diabetes, detallando que dejar de ingerir alimentos “puede causar desmayos y eventualmente, la muerte”.
Explicó que Alejandra, hija de Mendoza, “no logra entender por qué, después de los mensajes que escribe, no se le permite ver a su padre”, que el 21 de septiembre cumplió 15 meses de encierro y sigue sin ver a su hija, pese a los once escritos que ha presentado su abogado, y a que el propio reo político le pidió al juez que le permitiera verla, pero este simplemente lo ignoró.
Por su parte, el catedrático universitario y excarcelado político, Ricardo Baltodano, relató que salió de la cárcel el once de junio de 2019, y aunque “jamás pensé exiliarme”, tuvo que hacerlo después que decenas de personas le dijeron “andate, estás corriendo demasiado peligro”.
“Hice lo imposible por quedarme en Nicaragua y resistir desde allá. Pasé dos años viviendo en ‘casas de seguridad’, pero en Nicaragua no se puede vivir tranquilo. Es un país sin ley, donde privan la arbitrariedad y el abuso”, señaló detallando que hay miles de personas que están escondidas, con gente de Jinotega viviendo en León, u otros metidos en la montaña; gente que recibió órdenes de libertad, pero las mantienen en la cárcel, violando su misma Ley de Amnistía, o inventando nuevas acusaciones para mantenerlos presos.
“Vivir en Nicaragua es una tragedia permanente”, porque “Nicaragua es una cárcel entera”, donde “el sistema médico en las cárceles, es una tortura permanente”, indicó, pues tanto para los presos políticos como para los presos comunes hay un desinterés que muestran los médicos cuando se reportan enfermos.
“Yo tuve que salir del país para no volver a caer preso, pero quiero volver a Nicaragua, quiero morir en Nicaragua. No estoy en Costa Rica de turista: quiero seguir luchando por la libertad en Nicaragua”, enfatizó.
