5 de octubre 2022
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales a favor de 45 presos políticos de ocho centros carcelarios de Nicaragua, por considerar que sus vidas, salud e integridad se encuentran en riesgo de una situación de "extrema gravedad y urgencia", ordenando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo su “liberación inmediata”.
“Las condiciones en las que se encuentran las 45 personas detenidas evidencia la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgos de su salud, integridad y vida, debido a las precarias condiciones de detención, salud, a la falta de acceso a atención médica requerida, a la falta de alimentación adecuada, a las amenazas padecidas, por esa razón, esta Corte procederá a la adopción de las presentes medidas provisionales”, informó el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, en una sesión virtual de notificación realizada este cuatro de octubre.
Pablo Saavedra, secretario de la Corte IDH, explicó que la adopción de las medidas provisionales se dio en el marco de la solicitud realizada, el siete de septiembre de 2022, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió que se requiriera a la República de Nicaragua que “adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida, integridad, salud, acceso a alimentación, y libertad de 45 personas privadas de libertad en ocho centros de detención y sus núcleos familiares”.
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Los presos políticos beneficiarios de las medidas cautelares son: Jhon Cerna Zúñiga, Fanor Ramos, Edwin Hernández Figueroa, Víctor Soza Herrera, Michael Samorio Anderson, Néstor Montealto Núñez, Francisco Pineda Guatemala, Manuel Sobalvarro Bravo, Richard Saavedra Cedeño, Luis Valle Tinoco, Víctor Díaz Pérez, Nilson Membreño, Edward Lacayo Rodríguez, Maycol Arce, Yubrank Suazo Herrera, Kevin Roberto Solís, José Urbina Lara, Benjamín Gutiérrez Collado, Yoel Sandino Ibarra, Marvin Castellón Ubilla, Gustavo Mendoza Beteta, Denis García Jirón, Danny García González, Wilber Prado Gutiérrez, Steven Mendoza.
También Max Silva Rivas, Gabriel Ramírez Somarriba, Wilfredo Brenes Domínguez, Marvin López Ñamendis, Eliseo Castro Baltodano, Róger Reyes Barrera, Irving Larios Sánchez, José Peraza Collado, José Quintanilla Hernández, María Sánchez García, Karla Escobar Maldonado, Rusia Evelyn Pinto Centeno, Samuel González, Mauricio Valencia Mendoza, Jorge García Arancibia, Leyving Chavarría, Walter Montenegro Rivera, Carlos López Cano, Lester Selva, Lázaro Rivas Pérez.
La Corte IDH además requirió al Estado de Nicaragua que “adopte de manera inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, salud, acceso a alimentación, libertad e integridad personal” de cada uno de los beneficiarios de las medidas y “garantizar que vida, integridad y libertad personal de los integrantes de sus núcleos familiares”.
Asimismo, ordenó que -en lo que se ejecuta la liberación de los 45 beneficiarios- “proceda a facilitar su contacto periódico y regular con familiares y abogados y garantizar el inmediato acceso a salud”; y “elimine la práctica de revisiones y requisas que afecte la intimidad y la dignidad de los familiares de los beneficiarios”.
El régimen Ortega-Murillo tendrá hasta el 18 de octubre para informar a la Corte IDH sobre las medidas que adoptó para dar cumplimiento a la decisión del organismo.
Familiares de presos políticos exigen libertad inmediata
Familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua también exigieron “libertad inmediata” para los más de 200 reos de conciencia que mantiene el régimen Ortega-Murillo en las diferentes cárceles del país, durante el foro: “Ni un día más de detención: Libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, realizado en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en Lima, Perú.
“Hoy estamos aquí frente a ustedes solicitando la liberación inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua porque son inocentes. Todo de lo que el Gobierno los acusa, todas son pruebas falsas, no merecen ni un minuto más de estar privados de libertad”, afirmó Kenia González, hermana del preso político Lesther Alemán, encarcelado por el régimen Ortega-Murillo desde el 5 de julio de 2021.
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La hermana del reo de conciencia, que cumplió más de un año de estar encerrado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, denunció que su familiar ha sido víctima de “un sinnúmero de violaciones a derechos humanos como el principio de inocencia, derecho a la defensa, a comunicarse con familiares, a sus garantías constitucionales y medidas cautelares”.
Además, señaló que en más de 15 meses de detención solo ha sido autorizado a tener diez visitas con sus familiares y su condición de salud se ha desmejorado.
“Lesther está presentando problemas de salud, inicialmente tenía gastrointestinales y ahora presenta migrañas, un dolor en la pierna, que le provoca problemas para caminar”, apuntó.
González denunció que al intentar volver a Nicaragua, para apoyar a su madre que lucha sola desde dentro del país para lograr la libertad de Alemán, el régimen le negó el ingreso al país, desterrándola de forma ilegal y arbitraria, tal como ha ocurrido en los últimos meses con activistas, religiosos y defensores de derechos humanos.
También, señaló que la situación de otros presos políticos de mayor edad que tienen problemas crónicos de salud no son tratados de forma adecuada y por médicos especialistas, y que reos de conciencia, como Miguel Mendoza y Róger Reyes, son restringidos de visitas de sus hijos menores de edad, obligándolos a protestar a través de huelgas de hambre aún en riesgo de sus propias vidas.
El comisionado Joel Hernández, relator especial para defensores de derechos humanos de la CIDH, destacó que la situación de Nicaragua “es preocupante” pues en los “últimos tres años se ha cerrado todo espacio democrático”, dejando a personas de todos los sectores encarceladas por motivos políticos, capturando incluso a sacerdotes y defensores de derechos humanos.
Hernández resaltó que les preocupa de manera especial la situación de la defensora de derechos humanos María Oviedo y la de las activistas feministas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez, que han sido obligadas a permanecer aisladas y en confinamiento solitario en El Chipote.
Carlos Quezada, del Instituto Raza e Igualdad, afirmó que el encarcelamiento por motivos políticos se “está extendiendo por América Latina, siendo los casos más palpables los de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
“Actualmente las personas privadas de libertad por motivos políticos sufren todo tipo de violaciones a sus derechos, desde torturas, malos tratos, aislamientos, hasta la prohibición de visitas, atención médica o simplemente tener acceso a documentos de lectura, pero en algunos casos la persecución continúa contra sus familias”, denunció.
Destacó que como organización no descansarán de exigir la libertad para cada uno de los presos políticos de América Latina y abogar por más acción de los países de la región para que deje de extenderse esa práctica.
