5 de octubre 2022
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La Asamblea General de cancilleres de la OEA votará el viernes 7 de octubre una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el texto, los Estados han incluido, como nuevos temas, la represión contra la Iglesia católica y la salida de miles de nicaragüenses, que huyen del acoso de la dictadura y de las pésimas condiciones económicas del país.
Desde mediados de 2018 hasta la fecha, la OEA ha aprobado 14 resoluciones sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo regional: la Asamblea General de cancilleres (cuatro) y el Consejo Permanente (diez).
La primera resolución de una Asamblea General se aprobó el 5 de junio de 2018 y es la única que no requirió votación, ya que se presentó por “consenso”. En ella se condenó la violencia en general, pero no hubo una referencia directa hacia la responsabilidad de la Policía Nacional por el asesinato del centenar de ciudadanos que se contabilizaba hasta ese momento.
En las otras tres resoluciones, la máxima instancia de la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la entrada a Nicaragua de organismos de derechos humanos, así como la formación de una misión de alto nivel para dialogar con el régimen.
En la última Asamblea General, en noviembre pasado, 25 países declararon “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.
Los nuevos temas: Iglesia católica y migración
Los cancilleres de la OEA se reunirán en Lima, Perú, desde este miércoles hasta el viernes. Las delegaciones Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, y los Estados Unidos, presentaron una propuesta de resolución titulada: “La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, en la que retoman algunos temas de declaraciones anteriores e incluyen dos nuevos: represión contra la Iglesia católica y la migración de nicaragüenses.
En el borrador de resolución, los cancilleres se muestran “profundamente preocupados” por la “detención arbitraria” del obispo Rolando José Álvarez y otros ocho clérigos, así como “por la sistemática persecución, criminalización, hostigamiento, persecución policial y actos de represión que ha perpetrado el Gobierno de Nicaragua contra miembros de la Iglesia católica romana, incluyendo y la expulsión arbitraria de congregaciones religiosas”.
Sobre la migración, señala que están “consciente de que el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas ha empujado a unos 250 000 nicaragüenses a huir del país desde 2018”.
Los ataques contra líderes católicos ya fueron incluidos en la última resolución del Consejo Permanente de la OEA, aprobada el pasado 12 de agosto. En el documento se condenó “enérgicamente” el cierre forzoso de oenegés y el hostigamiento contra la Iglesia católica, y demandó la liberación de los presos políticos.
Esa resolución tuvo 27 votos a favor; solo uno en contra; cuatro abstenciones —México, Bolivia, El Salvador y Honduras—; y dos países ausentes: Colombia y Nicaragua.
En una reciente entrevista con CONFIDENCIAL, Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbados ante la OEA, subrayó que, con la nueva resolución, “estamos extendiendo una mano de amistad, una vez más, al Gobierno de Ortega en Nicaragua”.
“No queremos que se nos acuse de simplemente cerrarle la puerta en la cara”, afirmó.
A continuación se reproducen resumidos los puntos de la nueva resolución:
- Instar al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra las personas en el país y restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos; poner fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
- Instar al Gobierno de Nicaragua a que garantice la integridad física, psíquica, moral y el derecho a la vida de todas las personas que hayan sido arbitrariamente detenidas, y a que libere de inmediato a todos los presos políticos.
- Instar al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión y detención arbitraria de líderes de la Iglesia católica y garantizar el derecho a la libertad religiosa para todos en el país.
- Hacer un llamado a todos los Estados de la región para que implementen una estrategia, basada en un enfoque integral de derechos humanos y con perspectiva de género, sobre los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluso a través de la concesión de asilo y otras medidas de protección.
- Hacer un llamado al Gobierno de Nicaragua para que permita el acceso pleno y sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas.
- Solicitar a la CIDH que continúe monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y brinde toda la asistencia al Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.
- Recordar al Gobierno de Nicaragua el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país como resultado de sus acciones, y alentarlo a aceptar los ofrecimientos de cooperación regional e internacional para restaurar a la nación por el camino de la democracia, el Estado de derecho y el progreso pacífico de todos sus ciudadanos.
- Solicitar al Consejo Permanente que se mantenga informado sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
- Invitar a los Estados miembros a crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos relevantes.
