3 de octubre 2022
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La Fiscalía del régimen orteguista acusó a cuatro trabajadores del confiscado diario La Prensa por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, cargo por el que han condenado a la mayoría de presos políticos nicaragüenses.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, conocido como “Nicarao”, la acusación fue formalizada el pasado 29 de septiembre y está radicada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando.
La judicial es parte de la maquinaria judicial, integrada por 15 funcionarios que han concretado las fabricaciones judiciales que han enviado a las cárceles nicaragüenses por razones políticas al menos a 205 nicaragüenses.
Además, Úbeda está a cargo de un juicio —sin que hasta ahora se sepan los supuestos delitos— contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que vivieron bajo sitio policial con el obispo Rolando José Álvarez, en la Curia de Matagalpa entre el 4 y el 19 de agosto pasado.
La acusación fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas. La funcionaria judicial es conocida por su labor de persecución contra los medios independientes en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en que amenazó a periodistas con aplicarle la ley de ciberdelitos, luego de acusarlos de publicar noticias falsas en los procesos de interrogatorios.
La persecución contra el diario La Prensa
La Prensa ha acusado a la dictadura de desatar una intensa “cacería” y persecución en contra de su personal, por lo que tuvieron que salir al exilio. La noche del pasado 6 de julio, dos conductores del diario fueron detenidos ilegalmente y posteriormente la justicia orteguista les dictó prisión cautelar hasta por 90 días, sin que se conozcan los cargos en su contra. Ambos ciudadanos están presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
El pasado 23 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el robo de los bienes y el edificio del diario La Prensa —el más antiguo de Nicaragua—, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
El régimen instaló, en el edificio robado, el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Ortega gobierna por cuarto período consecutivo y, en estos dieciséis años, ha cerrado 54 medios de comunicación, periódicos, radioemisoras, canales de televisión y medios digitales, algunos a través de la cancelación de sus licencias de operación, otros mediante asfixia económica y, los más recientes, por la toma manu militari de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes.
