28 de septiembre 2022
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El relator especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Clément Voule y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, exhortaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a “cesar la persecución en Nicaragua” y “cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de las libertades fundamentales”.
Señalaron, en un comunicado conjunto, que "frente al cierre y la cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua" urge al Estado "restablecer y hacer efectivo el pleno goce de los derechos civiles y políticos, en especial la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.
Además, llamaron a la “comunidad internacional a elevar su compromiso para brindar respuestas de respaldo a las víctimas de la crisis de derechos humanos”, ya que, denuncian, “las restricciones a las libertades fundamentales han llegado a un punto crítico en Nicaragua”.
Afirman que las denuncias recibidas por ambas organizaciones en el transcurso de este año “dan cuenta de que ya no existe espacio para las voces críticas en Nicaragua, en tanto la estrategia de censura del Gobierno se ha desplegado sostenidamente sobre cualquier persona que intente cuestionarlo y sobre todos los ámbitos de participación democrática disponibles”.
La CIDH y la ONU resaltaron que han documentado en estos años de crisis sociopolítica que el régimen ha cancelado a más de 2000 organizaciones de la sociedad civil; ha cerrado a al menos 54 medios de comunicación nacionales, manteniendo ocupadas las instalaciones 100% Noticias, CONFIENCIAL y La Prensa; y ha extendido la estrategia de censura contra la prensa internacional, impidiendo el ingreso de periodistas de medios extranjeros y, recientemente, sacando del aire la señal de CNN en Español, "sin hacer públicas las razones de la decisión".
“El cierre y la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pone en evidencia la cooptación gubernamental del espacio cívico y la intención de consolidar la narrativa oficial como el único discurso permitido, que se profundiza con estrategias de propaganda oficial y presiones para que esta sea replicada”, denunciaron.
Añadieron que “en su arremetida contra todas las formas de expresión independientes, las autoridades también han prohibido procesiones religiosas; han impedido el ingreso a territorio de académicos e investigadores; han presionado para censurar y vetar a escritores; han expulsado del país a músicos; y han arrestado de forma violenta a sacerdotes y otros líderes religiosos críticos”.
Exhortan a garantizar la vida de los presos políticos
En el comunicado denuncian que el régimen orteguista ha elevado en los últimos meses la cifra de personas encarceladas por motivos políticos, alcanzando hasta ahora más de 200 ciudadanos, que “se encuentran en condiciones de insalubridad, sin acceso a atención médica adecuada, sometidas a regímenes de confinamiento solitario e impedidos de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En ese contexto, los relatores exhortaron al Estado de Nicaragua “a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, en irrestricto respeto a la dignidad humana” y pidieron a la “comunidad internacional incrementar la observancia de la situación de las personas presas políticas y a promover el cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales, y a tomar medidas de apoyo humanitario, acordes a la gravedad de las denuncias recibidas”.
Asimismo, llamaron al Estado de Nicaragua a “cesar inmediatamente la persecución judicial a todas las voces críticas, liberar a las personas presas por motivos políticos y garantizar una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos, que asegure la rendición de cuentas de las personas responsables y la reparación efectiva de las víctimas”.
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“Las acciones perpetradas por las autoridades violan de forma directa los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y han generado un notable efecto de autocensura en la ciudadanía nicaragüense, que decide en muchos casos silenciarse por temor a ser blanco de represalias y para proteger su integridad personal y la de sus familiares”, denunciaron.
Además, recordaron a las autoridades de Nicaragua que “deben abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y selectiva, y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas, con el fin de obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.
