28 de septiembre 2022
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En la antesala de las cuestionadas votaciones municipales de 2022, el Consejo Supremo Electoral (CSE) eliminó del padrón electoral a más de 755 000 votantes, pasando de 4.4 millones de nicaragüenses empadronados para "la farsa electoral de 2021" a 3.7 millones de personas habilitadas para votar este año.
La información divulgada por el Poder Electoral en su boletín informativo número seis detalla que "el padrón electoral está conformado por 3 722 884 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses quienes se encuentran convocados a ejercer su derecho al voto, el 6 de noviembre próximo en los 153 municipios de país". Pero no brinda ninguna explicación sobre los ciudadanos que fueron borrados del padrón.
Para la directora del observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle, la eliminación de ciudadanos del padrón electoral va en contra del crecimiento natural de la población nicaragüense y esta mala práctica es recurrente en el cuestionado tribunal electoral.
"El Consejo Supremo Electoral ha informado que el padrón está conformado por 3 722 884 personas, esto implica una reducción de 755 000 personas en comparación al año pasado, a esto se suma que cada año el padrón debería de crecer en 100 000 personas —este ha sido su comportamiento histórico— este crecimiento tampoco se ve reflejado en las últimas cifras que nos da la autoridad electoral", indicó Valle.
La investigadora recordó que para las votaciones de 2021, en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política, el CSE "también desapareció alrededor de un millón de personas votantes en el catálogo de electores".
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El padrón es "un documento clave en cualquier proceso electoral", explicó Valle. Este documento "debería de ser compartido con la ciudadanía para generar confianza y para que diferentes órganos independientes podamos auditarlo. Sin embargo, en los últimos años más bien se ha reducido la capacidad de fiscalizar este documento y este proceso", subrayó.
El CSE apenas entregó el padrón electoral a los partidos políticos el pasado 22 de septiembre, faltando mes y medio para el día de la votación, situación que no permite ningún tipo de fiscalización ciudadana.
Reducción de JRV
El CSE también compactó los 3106 los Centros de Votación, al eliminar 5528 Juntas Receptoras de Votos (JRV), pasando de 13 459 JRV habilitadas en las votaciones generales de 2021 a 7931 (JRV) habilitadas este año.
La medida forma parte de la reforma a la Ley 331, Ley Electoral, aprobada en mayo pasado por la Asamblea Nacional, en la que —entre otras cosas— se instauró un "proceso electoral exprés" y se aumentó de 400 a 600 el número de electores por cada JRV. Medida que, en otras democracias, se toma cuando existen altos niveles de abstencionismo.
Los cambios a la Ley Electoral también establecen "un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones" de la sociedad civil y organizaciones internacionales, advirtió entonces el observatorio Urnas Abiertas.
Para Urnas Abiertas “ninguno” de los cambios realizados sugieren “reformas de fondo” que contribuyan a mejorar la transparencia o la integridad general del sistema electoral, “como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente”.
Durante las elecciones generales de 2021, Urnas Abiertas fue la única organización de la sociedad civil que pudo observar las votaciones, pese al rechazo del régimen de Daniel Ortega a todos los organismos de observación electoral. Por esa razón, el organismo reiteró que “Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo”, pero “las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales” de los nicaragüenses.
