28 de septiembre 2022
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Los empleados públicos y la militancia del gobernante Frente Sandinista también se identifican como víctimas del secuestro de las libertades públicas en Nicaragua, ordenado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el testimonio de varios trabajadores del Estado que denuncian el incremento de la vigilancia extrema y permanente a cargo de los operadores de la dictadura.
“En Nicaragua no existen libertades para nadie”, lamenta “Karla”, empleada en una institución del Estado que reflexiona sobre las violaciones contra los derechos humanos en el país. “Tenemos un bozal, hay mucho miedo (porque) nadie quiere ir a la cárcel ni ser despedido”, agrega “Lucía”, trabajadora en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“María”, empleada en el Poder Judicial, comenta conmocionada que hay colegas que ya “no aguantan y se están yendo”, incluso del país, dejando sus cargos sin una renuncia formal y perdiendo sus prestaciones sociales ante el temor de que su disidencia o cualquier reclamo sea castigado con asedio en contra de ellos o sus familiares, o cárcel.
Este 28 de septiembre se cumplen cuatro años desde la imposición del estado policial de facto, cuando el régimen orteguista prohibió las protestas cívicas, declaró ilegales las convocatorias y amenazó con cárcel a quienes lo hicieran. Hoy, la prohibición de las libertades ya ha alcanzado a la propia militancia del Frente Sandinista y los trabajadores del Estado, que se sienten sin derecho a disentir las órdenes de Ortega y Murillo, so pena de prisión y asedio.
Al menos 21 militantes sandinistas en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, están detenidos desde mediados de septiembre por expresar su inconformidad con la imposición del candidato a alcalde de esa ciudad, en un momento en que el FSLN está reciclando a más de un centenar de sus alcaldes eternos.
También desde mayo fue encarcelado en El Chipote el militante orteguista Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “el Chino Enoc”, un “sandinista histórico” que actuó como paramilitar en la represión oficialista contra la Rebelión de Abril, en 2018, pero “cayó en desgracia” cuando criticó el control de Murillo en el FSLN por una orden que anuló todas las organizaciones de esta facción del partido de Gobierno, que incluye a sobrevivientes de guerra y madres de héroes y mártires de la lucha contra la dictadura somocista.
“Se van del país sin renunciar, por el miedo”
“Karla” aceptó hablar con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato. Pide que no se le identifique con su nombre verdadero ni se mencione la entidad pública para la que trabaja. Espera evitar su despido o represalias partidarias, porque asegura que cuestionar una decisión del Frente Sandinista –incluso para su militancia– los expone al desempleo e incluso la cárcel.
“En el país no existen libertades para nadie”, reclama, y asegura que a los empleados públicos como ella solamente “nos queda aguantar y callar tantas injusticias”, como el despido de compañeros “solamente por el hecho de expresarse o pensar diferente”, critica.
El silencio, justifica “Karla”, es obligatorio. Afirma que no tiene otras oportunidades de empleo para abandonar su puesto y su ingreso es el sustento familiar. “Ya no se valora el talento humano, sino el trabajo político… eso es lo que a ellos les importa”, comenta decepcionada.
Describe que la represión ha escalado tanto entre los trabajadores del Estado y la misma militancia sandinista que hay quienes se han ido sin renunciar formalmente ni esperar su liquidación. “La gente ya no llega a trabajar, se van del país sin renunciar por miedo, porque no sabés qué puede pasarte”, relata.
“Tenemos un bozal… nadie quiere ir a la cárcel”
“Carmen” también trabaja para el Estado y siente que las únicas opciones que tienen los empleados públicos es “callar y obedecer”, porque para ellos –como para el resto de los nicaragüenses con sus derechos ciudadanos y políticos conculcados– “hay cero libertades”.
“Aquí estamos, por decirlo así, como que Daniel Ortega es el dueño del país y el papá de todos los nicaragüenses que nadie puede hablar u omitir una opinión diferente que no sea la que él o su esposa desean, porque si no se recibe un castigo que es en este caso, la cárcel”, denuncia.
“Lucía”, quien trabaja en el INSS, tampoco percibe libertades de ningún tipo.
“Tenemos un bozal, hay mucho miedo… nadie quiere ir a la cárcel ni ser despedido de su trabajo”, sostiene.
Para empleados públicos como “Lucía”, que son sostén económico de su hogar, la falta de otras opciones de empleos les obliga a callar. “La situación está dura, no hay empleo y el que tenemos debemos cuidarlo”, argumenta.
“Karla”, “Carmen” y “Lucía” describen por separado cómo les obligan a participar en marchas, caravanas y visitas en los barrios de los 153 municipios. Son órdenes de Rosario Murillo para promover la propaganda partidaria a favor del Frente Sandinista, que pretende mantener el control en la mayoría de las alcaldías. “Hay mucha ausencia de personal en las visitas casa a casa”, detalla “Karla”. Pero igual hay operadores políticos que se encargan del cumplimiento de las “cuotas” entre todos los trabajadores.
Las órdenes de la dictadura también incluyen la vigilancia y asedio contra opositores y ciudadanos a quienes el orteguismo tiene como objeto de vigilancia y persecución política.
La huida de los trabajadores del Estado
“María” trabaja en el Poder Judicial y confirma que jueces y magistrados orteguistas no tienen permiso de salir de Nicaragua. Deben “sentirse acorralados de no tener libertad”, comenta.
Sin embargo, también detalla que son los mismos magistrados quienes se encargan de decirles a sus compañeros de trabajo que tienen que ir a marchar y “poner cara de que están felices de estar ahí”.
Además, los obligan a tomar cursos de formación partidaria todos los sábados, que los empleados públicos consideran “un lavado de cerebro”. Es un adoctrinamiento político para justificar sus políticas “absurdas”, critica “María”, quien lamenta que el derecho a protestar no existe. “Es arriesgarse a que te corran o algo más”, alerta.
Para “María” la salida de empleados públicos y militantes del FSLN, sin ni siquiera renunciar formalmente, muestra que ellos mismos “no aguantan y se están yendo”.
El ambiente laboral no es confiable, advierte. Lo que se dice se hace con pinzas y no ante cualquiera. “Carmen” asegura que mantiene comunicación con colegas con quienes comparte información sobre los presos políticos, las inconformidades dentro de la misma institución y la imposición de candidatos a alcaldes del Frente Sandinista y otros temas sensibles.
“Se tiene que saber primero quién está del lado bueno y quién no”, asegura. “No se puede con todos porque no hay confianza al 100%”.
La migración “escondida” de los colaboradores estatales ha sido verificada por organizaciones como Urnas Abiertas, quien ha mencionado casos en que la misma militancia del FSLN denuncia el gran temor que hay dentro del Estado.
El estado policial de facto
El 28 de septiembre de 2018, la Policía orteguista criminalizó las protestas cívicas, cinco días después que el adolescente de 16 años, Matt Andrés Romero, se convirtiera en una de las más de 325 víctimas mortales de la represión orteguista en el contexto de la Rebelión Cívica, según datos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con esa disposición Ortega inició una escalada represiva enfocada en anular los derechos constitucionales de los nicaragüenses e imponer un estado de terror ejecutado por la Policía.
Grupos de oposición y ciudadanos autoconvocados desafiaron la imposición del estado policial y organizaron varios plantones. El último, el del 14 de octubre de ese año, fue desarticulado con violencia por la Policía, que encarceló por unas horas a 38 manifestantes, entre estas, Suyen Barahona, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y José Antonio Peraza, hoy parte de los reos políticos del régimen orteguista desde hace casi un año y medio en El Chipote, donde han perdido peso, se ven demacrados por la falta de sol y torturas físicas y sicológicas, que les dejarían secuelas de por vida.
La escalada represiva continuó cercenando cualquier intento de protesta. Cuatro años después del estado policial de facto, el régimen incluso castiga como delito el acto de ondear una bandera nacional.
Ivania Álvarez, exintegrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y miembro de Urnas Abiertas, asegura que la represión orteguista se ha volcado contra los mismos seguidores del FSLN.
“Yo creo que aquí ya quedó bastante claro –valora– que el cierre de los espacios de protestas y de denuncias no es solo para la oposición ni para los azul y blanco, es para todos y eso incluye a la militancia del Frente Sandinista”.
