26 de septiembre 2022
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Una hora antes de que cerrarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las votaciones generales del 7 de noviembre de 2021, los “movilizadores” del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejecutaron la orden de “reforzar el voto”, llenando boletas a favor “del comandante Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo)”.
“Mateo”, de 35 años, fue uno de esos movilizadores que recibieron la orden. El hombre afirmó, en entrevista con CONFIDENCIAL, que votó cinco veces en diferentes centros de votación del Distrito I, en Managua.
“Al comienzo movilizamos gente, es decir, desde las siete de la mañana que llegaron a mi casa, fuimos a buscar gente a sus casas y los trasladamos a los centros, pero ya a eso de las cinco de la tarde empezó el show: tiraron una nueva orientación, nos dijeron que nos llevarían a una lista de lugares donde debíamos reforzar el voto sandinista”, relató “Mateo”.
En noviembre de 2021, Ortega y Murillo fueron confirmados para un nuevo período presidencial consecutivo con el 75.92% de los votos, en unas elecciones a cargo de un colapsado Consejo Supremo Electoral, sin garantías, transparencia ni competencia electoral, con siete precandidatos presidenciales que continúan encarcelados, y que no fueron reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional democrática que calificó las mismas de “farsa electoral”.
En Centros de Votación “ya sabían” de la técnica del fraude
En cada uno de los cinco Centro de Votación a los que lo enviaron, “el jefe de distrito del Frente” le indicó la Junta Receptora de Votos (JRV) a la que debía dirigirse y le decía: “No se chiveen, ahí ya saben a lo que van, les van a dar la boleta, la llenan donde ya saben, la meten en la urna y salen”.
“Al entrar a la Junta Receptora uno no presentaba nada, estaba hablado, íbamos de un solo, directo a que nos dieran la boleta. No había clave, ellos tenían identificado al supervisor de grupo y con eso bastaba, podíamos llenar y llenar, y con todo y los nervios tuve que votar cinco veces, una en cada centro de votación al que me llevaron”, detalló.
“Mateo” asegura que su grupo del Distrito I fue trasladado a bordo de seis camionetas y un camión pequeño, aunque en otros distritos de la capital “movieron más camionetas porque iba más gente”. Calcula que en cada vehículo se trasladaba a entre diez y quince movilizadores, que se bajaban en cada uno de los cinco centros de votación a “llenar boletas”.
“Yo no sé cuánto llenaban los otros, pero yo solo llené una en cada Centro de Votación”, comentó. Los votos los hizo sin ni siquiera presentar cédula de identidad, aunque los miembros de las mesas sí hacían la pantomima de marcharles el dedo al “ejercer el voto”.
“Yo les daba el mismo dedo y ellos ni se asustaban de ver que ya lo tenía manchado. A otro familiar, que también anduvo como movilizador, incluso le mancharon un dedo diferente en cada Centro de Votación”, recordó.
“Lo hice por miedo y necesidad”, afirma sobre voto al FSLN
“Mateo” afirma que cuando fue convocado –un mes antes de las votaciones– “nunca” le mencionaron que debía “llenar boletas”, pero, valora que quizás no se enteró porque no asistió a las reuniones previas que hizo el Frente Sandinista con los movilizadores.
“Yo por el trabajo no podía ir a las reuniones que hicieron, entonces, no sé si ahí lo dijeron, pero para mí fue una orden a quemarropa, porque yo no sabía que iba a eso, para mí iba a mover gente, a pedir a la gente que fuera votar y a ofrecer transporte, pues, yo no miraba ilegal eso, pero después nos salen con esa orden y ya no me podía echar para atrás porque iban a pensar que yo estaba en contra de ellos”, explicó.
Añadió que aceptó participar como movilizador del Frente Sandinista por “miedo y necesidad”, ya que, en ese entonces ya tenía más de un año sin conseguir un empleo formal y el partido le prometió un aval político que le abriría puertas laborales en instituciones del Estado.
“A mí me dio miedo decir que no, porque fue a mi casa que llegaron a pedirme que me uniera, que los apoyara. Ellos saben que no soy opositor, no soy de ningún partido en realidad, porque si no trabajo no como, pero saben que parte de mi familia es sandinista, entonces, confiaron, me ofrecieron y me dijeron lo del aval, a otros les ofrecían 500 pesos, entonces, dije que sí, no le vi nada de malo en ir a ofrecer transporte”, indicó.
El 17 de octubre de 2021, CONFIDENCIAL publicó un reporte en el que reveló que el Frente Sandinista había iniciado las convocatorias de los movilizadores, garantizando especialmente a simpatizantes sandinistas de “confianza”, personas que ya habían participado como movilizadores, y a trabajadores del Estado, que debían “garantizar el voto sandinista”.
Los testimonios de los movilizadores convocados confirman que el Frente Sandinista usa recursos públicos, como vehículos de instituciones, delegaciones y alcaldías, para agrupar y trasladar a sus simpatizantes.
Enlistan a los que “no apoyan al partido”
Además de la orden a “quemarropa” de preñar las urnas electorales, “Mateo” explica que el trabajo de los movilizadores fue identificar a “familias que no apoyan al partido”.
Tenían que enlistar a cada persona que se rehusaba a ir en el transporte que les ofrecían y, sobre todo, a la que no mostrara que efectivamente ya había ejercido su derecho al voto.
“Se apuntó a los que iban con nosotros, en las camionetas, y a los que no quisieron ir. A los que iban se les pidió su número de cédula, nombre y dirección, y a los que no nos recibían la gente del barrio nos daban los nombres, apuntábamos la dirección, y ya quedaban tachadas como personas que no apoyan al partido”, detalló.
“Mateo” asegura que, después de noviembre de 2021, los miembros del partido cumplieron con la entrega del aval político, pero lamenta que “no funcionó de nada”, porque sigue sin conseguir trabajo. “Me di color haciendo algo que es ilegal, haciendo algo de entrada no sabía que debía hacer y que terminé haciendo por miedo”, reflexiona.
Resaltó que los miembros del Frente Sandinista del Distrito I volvieron a buscar a los movilizadores, que participaron de las votaciones de noviembre de 2021, para que “reforzaran” las caminatas que se hicieron por distritos en Managua en conmemoración del día de la Revolución Sandinista, que se celebra cada 19 de julio, pero relata que “gracias a Dios no me encontraron”.
La poca afluencia de votantes fue evidente en los comicios de noviembre de 2021. Foto: Confidencial
Votaciones de 2021 fueron “falsas e ilegítimas”
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las votaciones generales de 2021 se reeligió sin competencia política para un cuarto mandato consecutivo. El Consejo Supremo Electoral (CSE) –alineado a los intereses orteguistas– declaró como ganador al Frente Sandinista con más del 75% de los votos.
El Observatorio Ciudadano de Urnas Abiertas, en un informe divulgado el 7 de noviembre de 2021, estimó que la abstención durante las votaciones generales se ubicó en un 81.5%.
El documento señala que en el contexto de los comicios hubo 35 detenciones ordenadas por el orteguismo, 25 de estas registradas un día antes de las votaciones, y más de 200 hechos de violencia en los diferentes Centros de Votación.
Sin embargo, la cacería del régimen inició seis meses antes del proceso de votación, con el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, activistas políticos, campesinos, periodistas, comentaristas, exdiplomáticos y siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Organizaciones nacionales e internacionales, y funcionarios de diferentes gobiernos de América Latina y Europa, rechazaron los comicios organizados por el régimen Ortega-Murillo, clasificándolos de “falsos” e “ilegítimos”.
El 10 de noviembre de 2021, cuarenta exministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica suscribieron una carta en la que expresan su “profunda preocupación por lo acontecido en el ilegítimo proceso electoral”, ocurrido el 7 de noviembre en Nicaragua.
La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe anual 2021, divulgado en enero de 2022, denunció que Nicaragua vivió en 2021 unas elecciones generales sin garantías, con decenas de dirigentes opositores en la cárcel, y con miles de ciudadanos huyendo al exilio.
El régimen Ortega-Murillo actualmente mantiene a más de 190 personas detenidas por motivos políticos. Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han urgido la liberación inmediata de estos ciudadanos, denunciando que en las cárceles son víctimas de torturas y tratos crueles.
