26 de septiembre 2022
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Los familiares de los cuatro religiosos y tres laicos encarcelados y bajo juicio deben seguir usando los recursos que les ofrece el sistema legal nicaragüense en defensa de sus parientes. No porque puedan esperar justicia de unos tribunales que se subordinan completamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino para poder reclamar, ya sea en el futuro, o en los tribunales internacionales, opinó el abogado Yader Morazán, en el programa Esta Semana.
Después de anular a las cúpulas de las organizaciones opositoras, el régimen intensificó sus ataques en contra de las Iglesia católica nicaragüense, encarcelando, enjuiciando y condenando a diversos religiosos como el padre Manuel García, de Nandaime; a monseñor Leonardo Urbina; al párroco de Mulukukú, Óscar Benavides; al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y sus acompañantes, además de prohibir procesiones católicas, o el 453 aniversario de la traducción de la Biblia al español, que conmemoran las iglesias evangélicas.
Los familiares “pueden recurrir de hecho, que es un procedimiento que existe cuando te han denegado el derecho a apelar, de recurrir de forma paralela. Aquí ya sabemos que esto no va a prosperar, pero es importante que se haga la lucha dentro del procedimiento, para evidenciar y documentar todas estas arbitrariedades, una a una; sea para promover una acción de revisión, donde se recurre a tribunales superiores para decir que se están vulnerando derechos y garantías constitucionales, o para preparar escenarios de un futuro proceso, en otras instancias nacionales o internacionales”, detalló el especialista en administración de justicia.
El exfuncionario judicial dijo que no se conoce con precisión cuáles son los delitos específicos por los que los acusan, lamentando que “hasta los familiares se han tenido que informar a través de la poca información que trabajadores del Poder Judicial han filtrado”, para enterarse que les han realizado audiencias clandestinas, con defensas impuestas por ellos mismos, sin que haya más información a través del expediente físico o digital.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, los sacerdotes acusados son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano. Las otras acusaciones fueron contra el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
Aunque no tiene acceso al expediente, el abogado consideró que los delitos imputados son “menoscabo a la integridad nacional”, donde se pone al Estado como víctima. “Son delitos de orden público en los que de alguna manera, se está alterando el orden constitucional y la estabilidad del país —entre comillas— que ha sido parte del discurso que han manejado. Es un delito de fácil fabricación, por la forma en que han venido actuando en esta última fase de represión judicial, que inició este año”.
La audiencia clandestina a la que hace referencia, es un procedimiento meramente informativo en la que se les pone en conocimiento de qué se les acusa, y cuáles son sus derechos, además de ‘garantizar’ el derecho a la defensa. Se les definen los hechos que les imputan, y se remite la causa a una segunda audiencia, donde proporcionan los medios de prueba —o al menos los proponen— con los que continuará el juicio.
Sacerdotes secuestrados, o condenados injustamente
Acerca de la “casa por cárcel”, que se le impuso de hecho al obispo matagalpino, Morazán destacó que “lo más importante es tener claro que él está bajo la figura del secuestro”, porque no se le aplicó ninguna figura jurídica permitida por la legislación nicaragüense. Monseñor Álvarez “está secuestrado desde el cuatro de agosto, y el hecho de que lo hayan cambiado de departamento no modifica que se siga ejecutando este delito en su contra”, en el que no se conocen las razones de fondo, no existe una acusación formal, una denuncia, ningún procedimiento que valide esa privación de la libertad. “Estamos ante un secuestro”, reiteró.
La situación de los sacerdotes, seminaristas y laicos que estaban con él no es tan distinta, recordando que “los trasladaron a Managua aduciendo que los llevaban a hacer diligencias. Al día de hoy, hemos visto que esa ‘diligencia’, es una acusación formal que se ha materializado mucho tiempo después de la situación en la que estuvieron casi en desaparición forzada o secuestro. Esto agrava más la situación, pero al menos ya se tiene un número de expediente donde los familiares pueden unir esfuerzos en esa misma dirección, a diferencia de monseñor Rolando Álvarez, que está en un limbo jurídico”, precisó.
En el caso de monseñor Leonardo Urbina, que ya fue condenado por la dictadura, Morazán relató cómo el juez Edén Aguilar “dictó una resolución en la que, en primer lugar, no se hace referencia a los siete escritos pidiendo intervención de ley, que habían presentado los familiares nombrando un abogado de confianza”.
Lo siguiente que hizo la familia del religioso, al ver que no les dejaban nombrar un abogado defensor, fue “presentar un recurso de apelación de manera independiente, firmado por el padre de monseñor Leonardo Urbina”, pero la resolución del juez no admitió el recurso, porque dice que esta persona no tiene capacidad procesal para actuar dentro de ese juicio, aunque sí admitió un recurso de apelación en el que mantienen al exasistente del juez y también defensora impuesta por el mismo.
Lo siguiente es remitir el expediente al Tribunal de Apelaciones para que conozca el fondo de la causa, porque en esta fase, al juez solo le corresponde revisar si cumple con los requisitos de forma, y remitir el expediente a un superior, detalló.
