23 de septiembre 2022
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La Dirección General de Ingresos (DGI) se niega a extender una “constancia de solvencia” a las oenegés canceladas en los últimos meses por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación en Nicaragua, impidiendo que estas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) cumplan con su cierre definitivo.
Abogados independientes advierten que esta traba abre la posibilidad a que los directivos de la oenegés sean vinculados a delitos, como represalia política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tal y como antes el obstáculo de Gobernación sirvió de argumento para la anulación de las mismas.
Entre los posibles delitos a los que podrían ser vinculados los directivos de oenegés canceladas están:
- Evasión fiscal
- Malversación de fondos
- Gestión abusiva
- Apropiación indebida
En lo que va de 2022, el régimen —a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación— ha ilegalizado a 2007 oenegés en Nicaragua.
Varias de estas OSFL han intentado saldar sus compromisos con las instituciones del Estado y completar su cancelación ante Gobernación. Sin embargo, se han topado con un nuevo obstáculo, ahora en la DGI, que se niega a desbloquear los usuarios de las oenegés para declarar sus impuestos y extender la constancia de solvencia.
Trabajadores de oenegés canceladas relatan nuevas trabas en la DGI
“Teresa”, trabajadora de una organización ambiental cerrada en abril pasado, dijo que, tras su anulación en el Parlamento, prepararon sus estados financieros e iniciaron el camino para su cierre definitivo: solicitaron al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que les “dieran de baja” y lo lograron, pero todo el proceso se estancó en la DGI.
“Antes de que saliéramos en las listas (de organizaciones sin personería jurídica), la DGI ya nos había bloqueado el usuario para ingresar al sistema”, comentó “Teresa”, quien señaló que pensaron que era un “error” y lo informaron vía carta, pero no hubo respuesta.
Finalmente, le indicaron a la DGI que la oenegé fue anulada y necesitaban declarar los impuestos pendientes para obtener la constancia de solvencia y presentar la documentación al Migob. Sin embargo, una funcionaria les informó que debían esperar porque “no sabía” cuándo les abrirían la “ventanilla de usuario”, que es donde se realiza la declaración de impuestos en línea.
En similar situación está “Karla”, quien trabajaba en el norte de Nicaragua en una organización defensora de los derechos de las mujeres. “Tenemos un pegón serio en la Administración de Rentas porque desde que nos cerraron (a través de un decreto parlamentario) ya no nos dejaron acceder a la ventanilla”, relató.
Tramitaron su solvencia de cierre y la DGI les solicitó los registros de un año anterior, los han llevado en dos ocasiones, pero el proceso sigue empantanado.
“La Administración de Rentas no nos ha dado ninguna explicación en relación a porqué no nos dejan hacer el cierre. Ellos solo te piden documentos, información de todas las retenciones, de las declaraciones que hemos hecho desde 2020”, describió “Karla”.
Ese mismo patrón se repitió con la organización en la que trabajaba “Karina”, enfocada en apoyar a pacientes con enfermedades crónicas en el norte del país. No han logrado el cierre definitivo porque bloquearon a su usuario en línea. “Nos eliminaron absolutamente de la DGI”, expresó.
De las más de 2000 organizaciones ilegalizadas, hasta el momento, se desconocen cuántas se encuentran en la misma situación porque los exdirectivos temen hablar con la prensa por temor a represalias del régimen. Otras asociaciones decidieron no hacer ningún tipo de gestión a partir de la cancelación de su personería jurídica.
Sin embargo, las tres fuentes consultadas afirmaron que conocen de varias asociaciones que enfrentan su misma batalla, pero no lo denuncian.
DGI es “parte de una estrategia” contra oenegés
Para el abogado Juan Diego Barberena, es importante considerar estos impedimentos que enfrentan las oenegés, ya que pueden ser parte de una “posterior estrategia o etapa de parte del régimen Ortega-Murillo para deslegitimar el ejercicio de la sociedad civil y expresar de que estaban funcionando para delinquir, para cometer actos de lavado de dinero, para cometer actos en perjuicio de la Administración de Rentas”.
Al igual que lo hicieron con el cierre de las organizaciones, en la que en más de una ocasión, los diputados señalaron que esas acciones responden a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ahora podrían decir que proceden “penalmente en contra de sus miembros” bajo esa misma lógica, explicó.
“Karla” desconoce qué repercusiones provocaría que el proceso de cierre quede inconcluso. No descarta que dicha situación pueda ser utilizada por el Gobierno en su contra; “todo puede pasar en relación a como estamos (en indefensión)”, expresó la activista.
Barberena explicó que, de acuerdo con la ley, las organizaciones anuladas no tendrían mayores inconvenientes porque dejaron de existir jurídicamente, por ende “no hay posibilidad de que puedan proceder judicialmente a demandar a la organización civil sin fines de lucro”. Sin embargo, al mantener procesos inconclusos con la DGI, eso puede dar pie a posibles “imputaciones delictivas”, tomando en consideración la realidad del país.
Otro abogado que admitió hablar con CONFIDENCIAL bajo anonimato, explicó que las oenegés deberían presentar un recurso por inconstitucionalidad contra la cancelación de su personalidad jurídica, y en vista, que en su gestión de cierre han sido obstaculizadas por la DGI o cualquier otra institución del Estado, señalarlo en el escrito judicial.
Al igual que Barberena, advirtió de que existe un riesgo para las organizaciones al quedar un proceso pendiente con cualquier entidad. En la DGI se podría generar una deuda y, eventualmente, criminalizar a las oenegés por delitos relacionados a la Hacienda Pública.
Gobernación se lava las manos con las oenegés
Sin opciones para batallar ante la DGI, “Teresa” acudió al Migob y les explicó que tenían todas las solvencias de las instituciones estatales, excepto la de impuestos porque se negaban a desbloquear su usuario.
El Migob le respondió que sin constancia de solvencia de la DGI no les recibirán la documentación. A la vez, les informó que debían presentar una acta notariada, indicando que el patrimonio de la oenegé pasaba al Estado, en un intento de “legalizar la entrega de los bienes y que no parezca que efectivamente eso es arrebatado”, expresó “Teresa”.
La organización alquilaba oficinas, que desocuparon con rapidez por temor a que el arrendatario fuera afectado como ha ocurrido con otras fundaciones, cuyas sedes fueron ocupadas por la Policía. El único patrimonio de la oenegé era una finca de una manzana, que sigue sin ser intervenida, aunque ya no cuenta con vigilancia privada.
El abogado que asesora a la organización ambiental de “Teresa” les recomendó no desistir del proceso para evitar cualquier tipo de represalia en un futuro cercano o lejano.
“Aquí ni siquiera sabemos qué puede pasar mañana. Estamos en total incertidumbre, no sabés si bajar los brazos es bueno o es malo. Al final, es seguir yendo a un trámite de nunca acabar”, dijo desesperanzada.
