22 de septiembre 2022
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La escalada represiva contra la Iglesia católica en Nicaragua ha provocado que los feligreses “teman” que, asistir a misa o expresar públicamente su fe o su lealtad a la Iglesia católica”, les “pueda ponerles un blanco en la espalda” y sean atacados por la Policía Nacional o fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según Rashad Hussain, embajador general de los Estados Unidos para la libertad religiosa.
Durante un foro sobre “la libertad religiosa en Nicaragua”, realizado en el marco de la Asamblea General 77 de las Naciones Unidas, el funcionario estadounidense comentó: “He visto con tristeza y grave preocupación que las autoridades de Ortega-Murillo continuaron oprimiendo a todos los estamentos de la sociedad civil, incluidos los periodistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores, activistas de la oposición y líderes y actores religiosos. Sin embargo, el fuerte aumento de los ataques contra la Iglesia católica y sus partidarios es particularmente alarmante”.
En los últimos meses el régimen de Ortega y Murillo emprendió una serie de actos represivos contra la Iglesia católica de Nicaragua, dejando hasta el momento: siete sacerdotes, dos seminaristas y un laico encarcelados, 18 religiosas sacadas del país, al obispo Rolando José Álvarez bajo arresto domiciliar y el cierre de una decena de medios religiosos. Además, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
La Policía Nacional además ha prohibido la celebración de procesiones, ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
“Estos y otros ataques contra la Iglesia católica están diseñados para intimidar y silenciar a los líderes de la Iglesia y sus seguidores, para que no expresen ninguna creencia que sea contraria al régimen autoritario de Ortega-Murillo”, apuntó Hussain.
Defensores denuncian judicialización contra religiosos
Los abogados Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, y Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), participaron como panelistas del foro y denunciaron la criminalización y judicialización de religiosos nicaragüenses y cercenamiento de la libertad religiosa en Nicaragua.
La justicia del régimen ha dictado sentencia contra dos sacerdotes. El primero fue el cura Manuel García Rodríguez, condenado a dos años de cárcel por supuestamente de violentar a una mujer; el segundo, monseñor Leonardo Urbina, fue condenado a treinta años de prisión por la supuesta violación a una adolescente.
El tercero es el cura Óscar Benavidez, que está siendo investigado durante noventa días por la Fiscalía debido a un delito “fantasma”, pero del cual el Estado de Nicaragua se reconoce como “víctima y ofendido”.
“Hay una situación en común contra los sacerdotes que han sido condenados y es el hecho de que se les ha señalado de agresores de situaciones, en las que en el tiempo se les ha señalado a los sacerdotes, poniendo como víctimas a mujeres o menores de edad”, refirió la defensora de derechos humanos, quien aseguró que Rodríguez y Urbina fueron condenados en procesos “espurios, ilegales y contradictorios”.
Hussain demandó al régimen de Nicaragua a que “libere a quienes ha detenido injustamente para que puedan regresar a sus misiones pastorales” y le recordó que el país “tiene una larga tradición de libertad religiosa y armonía interreligiosa”, por lo que, consideró, “un retorno a esos valores beneficiaría a todos los nicaragüenses”.
