22 de septiembre 2022
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Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, un organismo independiente que monitorea las violaciones a derechos humanos en El Salvador, abogó por el respeto a las reglas del juego en su país, en referencia directa a la carta magna que prohíbe la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele.
El mandatario salvadoreño anunció el pasado 16 de septiembre, durante el discurso presidencial en ocasión del aniversario 201 de la independencia de su país, que buscará un segundo período consecutivo en 2024.
López participó este miércoles 21 de septiembre en el programa televisivo Esta Noche, en que consideró que la prolongación inmediata en el mando presidencial es un tema eminentemente político que le recuerda “lo que ya vivió Nicaragua”. Para ella, está en juego desde ya la integridad del proceso electoral.
“Desde el momento en que una candidatura electoral se presenta sin cumplir con los requisitos, estamos frente a las puertas de un fraude electoral y si a esto le sumamos el uso y el abuso de los recursos públicos para la promoción de las candidaturas, esto viene a reforzar más la tesis de que las elecciones de 2024 no serán elecciones realmente equitativas y con integridad”, dijo López, abogada constitucionalista.
La funcionaria del organismo explicó que en el sistema actual El Salvador existe la figura de la reelección, pero para que sea posible deben de haber transcurrido diez años posteriores desde que el gobernante dejó el puesto, de acuerdo a una interpretación constitucional realizada en 2014. Eso significa que Bukele no cumple con los requisitos legales.
Sin embargo, el 16 de septiembre pasado, durante la transmisión del discurso presidencial, Bukele anunció la búsqueda de la reelección consciente de las críticas que despertaría: “Más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión”, pero “no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño”.
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Bukele, uno de los presidentes con mayor índice de popularidad en la región, se acoge a una resolución emitida en septiembre del año pasado por la Sala Constitucional integrada por miembros afines al mandatario, la que dio vía libre a la reelección inmediata.
López recordó que en la carta magna existen entre 7 y 8 artículos que sostienen que no hay posibilidad de una reelección inmediata. Es un precepto que históricamente está incluido desde la Constitución de 1841, cuando la duración en el cargo era dos años, luego aumentó a cuatro y finalmente quedó en un quinquenio.
“No hay en la Constitución de la República (actual) una habilitación como la que establece esa sala impuesta, o sea, incluso hay un impedimento por parte de la Constitución en el artículo 156 muy claro, que dice que no puede renunciar al cargo, sino por causa grave una causa grave es una enfermedad o una situación similar. Entonces está impedido constitucionalmente a poder renunciar”, explicó.
La experta hizo la diferencia, entre “la reelección diferida”, es decir aquella que puede ser una realidad transcurrido un tiempo desde la salida del cargo del presidente, y la que se da en otros países como Nicaragua donde es indefinida, luego que los diputados leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo cambiaron la Constitución en 2013 y 2014 para permitir la continuidad en el poder sin ninguna restricción en el tiempo.
En 2011, Ortega pudo postularse a la reelección, basado en un fallo de un año antes de la Corte Suprema de Justicia controlada por su partido.
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López lamentó que en El Salvador no haya un mecanismo imparcial que evalúe los posibles delitos que se están cometiendo, dado que ni la Sala Constitucional, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Fiscalía son independientes.
“Lo cierto es que materialmente El Salvador no tiene ninguna condición para establecer, desde un poder independiente, un incumplimiento por parte del Gobierno de la normativa constitucional y menos, desde el presidente de la República, que es quien precisamente ha promovido la cooptación del poder para evitar que sus decisiones y sus actuaciones sean controladas”, remarcó.
El Salvador vive un estado de excepción, que ha significado la pérdida de las garantías constitucionales para los ciudadanos y el encarcelamiento de al menos 52 000 personas en los últimos seis meses, como respuesta a una escalada de 87 asesinatos ordenadas por las pandillas entre el 25 y 27 de marzo.
El gobierno de Bukele, que se presenta como la mano justiciera contra esos grupos delincuenciales, negoció en secreto durante 2020 con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir las cifras de homicidios, según una investigación realizada por el periódico digital El Faro. También se ha destacado por perseguir a la prensa independiente de su país.
