22 de septiembre 2022
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En los últimos quince días, la Policía del régimen ha secuestrado a cinco familiares de integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) —antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS)— con el objetivo de que los opositores, según el abogado Juan Carlos Arce, se entreguen a las autoridades, pese a que estos no han cometido ningún delito.
“Hay una situación sin precedentes, que es que en la búsqueda de una persona capturen a la familia, la detengan y sean prácticamente secuestradas para obligar a la persona que buscaban a entregarse. Es una situación excepcional, que solo revela un Estado que no tiene límites en su acción represiva, que no respeta las más mínimas garantías y derechos humanos”, señaló el integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“En Nicaragua estamos ante un régimen que arremete contra las familias para poder capturar, amedrentar y mandar un mensaje, porque lo que hacen es mandar un mensaje a la población, diciendo: 'Nosotros no tenemos límite, podemos hacer lo que se nos dé la gana y no hay ninguna institución o ley que nos lo impida'”, añadió Arce en entrevista con el programa Esta Noche.
El Monitoreo Nacional Azul y Blanco, según un reporte de CONFIDENCIAL, registró entre el 4 y 18 de septiembre trece detenciones de miembros o familiares de integrantes de Unamos en Managua (cinco); Caribe Sur (tres); León (dos); Chontales (uno); Carazo (uno); y Matagalpa (uno). De estos, solo el ciudadano del Caribe fue liberado y los demás están, en su mayoría, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Arce explicó que como Colectivo tienen conocimiento de siete de estas detenciones, que a solicitud de las familias no se han divulgado con nombres y apellidos, y de otras tres que sí fueron denunciadas públicamente.
Recordó que el perseguido político Javier Álvarez denunció que, entre el 13 y 14 de septiembre, el régimen ordenó la detención de su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años; su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicafrancesa, y a su yerno Félix Roiz Sotomayor, luego que no lo encontraron a él en su vivienda.
El Monitoreo Nacional Azul y Blanco también incluye entre los detenidos a Freddy Porras, hermano de Dulce Porras, dirigente de Unamos en Carazo, y actual exiliada política. El ciudadano fue capturado y golpeado por la Policía en su vivienda en Jinotepe, Carazo, el pasado 15 de septiembre.
“Lo que corresponde al proceso judicial las personas ya deberían haber sido presentadas ante un juez, entonces, aunque la familia sepa dónde se encuentran, porque a algunos se los han dicho, aquí legalmente lo que hay es una desaparición temporal”, subrayó Arce.
Régimen alienta exilio de nicaragüenses
El defensor de derechos humanos aseguró que esta nueva ola de detenciones alienta más el exilio forzado de los nicaragüenses, que ven cada vez más difícil permanecer en el país, donde ninguno de sus derechos son respetados.
“Desde 2018 el mensaje que el régimen mandó es el exilio, cárcel o la muerte. Creo que ese mensaje se ha materializado y se mantiene, es decir, no quieren ningún tipo de oposición y van a eliminarla de raíz, alentando en estos momentos el exilio, también desterrando o impidiendo el ingreso al país a los propios nicaragüenses”, denunció.
Recordó que en esta nueva arremetida represiva, el régimen también ha desatado una cacería contra la Iglesia católica, no solo deteniendo a religiosos y obligando a otros al exilio forzado, sino que también ha prohibido actividades religiosas, como las procesiones en Masaya, por “el temor a que las personas se junten, se aglomeren, hablen, dialoguen”.
“El régimen está conculcando y metiéndose con derechos que son fundamentales y metiéndose con un blanco que es la Iglesia, que son sacerdotes de diferentes diócesis. Es una acción de venganza para demostrar el poder, subordinación, y vengarse de quienes consideran su enemigo”, agregó.
Explicó que todo este temor del régimen incluso se manifiesta en una crisis de desconfianza que tiene para con sus propios seguidores y trabajadores públicos, a los que les ha impuesto una especial regulación migratoria, obligándolos a notificar sus motivos de salida de Nicaragua.
“En el marco de esa política represiva, que el régimen busca controlar todas las variables de poder posible, no escapan los funcionarios del Estado, que son una piedra angular por lo que hacen y lo que manejan. El régimen tiene miedo de que salgan, se queden en otro país y se lleven esa información que sirva eventualmente en la búsqueda de la justicia”, detalló el abogado en el exilio.
Las cifras de migración de nicaragüenses han incrementado desde el estallido social de 2018. Desde abril de ese año hasta julio de 2022, según un reporte de CONFIDENCIAL, 163 333 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica. Además, a esto se le debe sumar otras 50 000 solicitudes de personas que han agendado una cita de solicitud de refugio, pero se encuentran a la espera de una fecha y hora para formalizar la petición.
Otros grupos de nicaragüenses también han optado por migrar hacia Estados Unidos, aumentando año con año las cifras de aprehensiones que registra Migración de ese país. Entre enero y agosto de este año, según reportes de CONFIDENCIAL, han sido registradas 108 010 aprehensiones de nicas en total, lo que representa un aumento de 158% en comparación con el mismo periodo en 2021, cuando se informó de 41 889 aprehensiones de nicaragüenses.
