21 de septiembre 2022
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El Ministerio de Gobernación (Migob) despojó de su personería jurídica a otro centenar de organizaciones no gubernamentales mediante un acuerdo ministerial, publicado este miércoles 21 de septiembre en el Diario Oficial La Gaceta. Con esta nueva eliminatoria, el régimen orteguista eleva a 2007 las oenegés anuladas en lo que va de 2022.
La cacería de las oenegés se intensificó desde principios de este año, cuando cerró universidades y organizaciones de referencia en Nicaragua relacionados a los campos de salud, educación, literatura, protección del ambiente y defensoras de los derechos de la mujer.
En este nuevo acuerdo eliminó a la Asociación de Fisioterapista de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Profesores de Francés (Aniprof), Fundación Católica de Ayuda, Vida y Esperanza, Asociación Nicaragüense de Salud Pública (ANSAP), Fundación contra la Violencia Intrafamiliar, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Educación, Asociación Hagamos La Paz, Asociación Civil Buena Esperanza y otras. Ver el listado completo aquí.
Con este nuevo centenar de oenegés ilegalizadas, el régimen de Daniel Ortega ha desarticulado 2081 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), desde finales de diciembre de 2018 al 21 de septiembre de 2022.
A partir de este mes, el Migob se ha encargado de cancelar las OSFL a través de la publicación de acuerdos ministeriales en el diario oficial, La Gaceta, firmados por la titular de esa entidad, María Amelia Coronel Kinloch. Las anteriores anulaciones se hacían por medio de una iniciativa de decreto, que el Parlamento, dominado por el Frente Sandinista, aprobaba sin ningún tipo de discusión.
Esto se debe a la reforma a la Ley 1115 o de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, aprobada en agosto pasado, que facultó al Migob “la autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las OSFL, nacionales y de otras nacionalidades, mediante (un simple) Acuerdo Ministerial”, sin ningún tipo de mecanismo para que los afectados puedan apelar a la decisión de cerrarlos.
En este acuerdo, el Migob señala a las oenegés de no reportar por periodos de siete hasta veintitrés años sobre sus juntas directivas, encontrándose acéfalas, estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones —origen, proveniencia y beneficiario final— e información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
Ese mismo argumento, con algunos matices, ha utilizado el régimen orteguista desde que profundizó la represión contra la sociedad civil organizada. Acusan a las organizaciones, fundaciones, organismos y asociaciones de incumplir tres leyes: la nueva Ley 1115, de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro; la Ley 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros.
El discurso de los diputados orteguistas para defender la cacería contra las oenegés es que este cierre masivo responde a un ordenamiento, sustentando en una revisión de cada organización por parte del Migob; sin embargo, dichos documentos nunca han sido de acceso público, y tampoco han permitido a las oenegés afectadas apelar a la decisión de cierre y en varios casos, a la confiscación de sus bienes.
