13 de septiembre 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una ola represiva contra activistas sociales, periodistas y opositores de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, luego que en las calles de ese municipio fueron colocadas, de forma clandestina, calcomanías en apoyo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 19 de agosto.
“Bluefields apoya en oración a monseñor Rolando Álvarez”, se lee en las calcomanías, ilustradas con una foto de monseñor Álvarez, que fueron pegadas el 4 de septiembre en postes y señales de tránsito de las calles de ese municipio.
Vista de una de las calcomanías, en apoyo de monseñor Rolando Álvarez, pegadas en Bluefields. Foto: Cortesía
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas divulgó este lunes 12 de septiembre una alerta sobre “el agravamiento de violencia política que enfrenta la población de Bluefields”, y resaltó que la Policía, en alianza con estructuras partidarias del Frente Sandinista, “incrementaron la persecución contra personas opositoras”.
Ivania Álvarez, directora de redes ciudadanas de Urnas Abiertas, explicó que entre el 6 y 11 de septiembre se registraron los casos de diez personas, que fueron víctimas de la persecución del régimen Ortega-Murillo en Bluefields. Algunos de los acosados tuvieron que salir del municipio para “evitar una posible detención o el uso de violencia física de parte de la Policía”.
“Registramos al menos diez personas, entre estas tres periodistas, que han sufrido asedio y persecución. En tres de los casos fueron allanamientos con técnica canina. Las personas relacionan este aumento de la persecución a que fueron colocadas en ese municipio papeletas en apoyo a monseñor Rolando Álvarez”, indicó Álvarez.
“En el caso de las personas a las que se les allanó su vivienda tuvimos información de que primero fueron asediados todo el día y que después llegó otra patrulla y luego entraron a la vivienda”, explicó.
“Las personas a las que buscaban no estaban, lograron salir, pero les dejaron dicho a sus familiares que estaban que estas personas estaban siendo investigadas, pero no les dejaron ningún papel”, agregó.
“Salí de mi casa para evitar una posible detención”
Uno de los activistas a los que la Policía allanó su vivienda comentó a CONFIDENCIAL que al enterarse de la presencia policial tuvo que salir de su hogar y buscar un lugar seguro, para evitar una posible detención.
“Desde el lunes hasta el jueves de la semana pasada, el asedio fue constante. Patrullas policiales se apostaron afuera, tomaban fotografías, hablaban con personas que habitan cerca y son afines a ellos (sandinistas), y el viernes 9 de septiembre, a eso de las dos de la tarde, rodearon la casa y yo tuve que salir por la parte de atrás para evitar una posible detención”, describió el opositor que solicitó omitir su nombre.
Detalló que ingresaron al menos diez policías y un perro, otra decena de oficiales antidisturbios se quedó rodeando el frente de la propiedad, y no presentaron ninguna orden judicial, aunque sí preguntaron por él a uno de sus familiares.
“Revisaron todo rápido. Duró como diez minutos el allanamiento. No se llevaron nada, solo entraron, abrieron las puertas de los cuartos y no fueron a la cocina ni al patio. Únicamente tomaron una foto al medidor de energía de la casa, que le preguntaron a la persona si la propiedad era de ella, y la foto de una bandera de Nicaragua que está junto a un altar que hay en la casa. Mi familiar les preguntó a qué se debía el allanamiento, pero no le respondieron, y luego solo salieron, se subieron en las tres patrullas en las que llegaron y se fueron”, indicó.
Álvarez dijo que resaltó que el asedio contra estas personas se puede considerar “permanente” pues hasta la fecha continúa fuera de sus viviendas, con el acoso de personas afines al Gobierno que vigilan constantemente y con la circulación constante de patrullas policiales.
