11 de septiembre 2022
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La comunidad internacional sigue sin darse por enterada de que Daniel Ortega optó por el cierre absoluto a cualquier posibilidad a una salida pacífica o diplomática a la crisis de Nicaragua, advirtió el exdiputado opositor Eliseo Núñez, un día después que se conoció el fracaso de las gestiones del gobierno de Gustavo Petro para liberar a 21 presos políticos.
Para Núñez, a Ortega simplemente no le importan ni las aproximaciones que puedan darse de las autoridades de otros países para solucionar la grave situación de derechos humanos en el país centroamericano, tampoco los comunicados de condena de los organismos internacionales. “Solo entiende por la fuerza”, señala.
“La comunidad internacional lo aisló y lo sancionó desde 2018. Pero las instituciones financieras internacionales le entregaron millones de dólares. Entonces, mientras el famoso soft power no esté acompañado de un cierre de las llaves financieras para Ortega, no va a pasar nada (en Nicaragua)”, dijo Núñez.
Según el informe anual del Banco Central de Nicaragua, los préstamos externos del año pasado ascendieron a 1 161.8 millones de dólares, de los cuales 413.1 millones fueron proveídos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 353.5 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 199.5 millones del Banco Mundial (BM) y “otras multilaterales”, y 195.7 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las gestiones fallidas de Colombia
Tras semanas de polémica por su silencio y evitar condenar a Nicaragua en la OEA el pasado 12 de agosto, el fracaso de las gestiones de la Administración de Petro fue revelado este viernes 09 de septiembre por su canciller Álvaro Leyva Durán, quien prometió que Colombia votará a favor de una futura resolución de condena a Ortega en Naciones Unidas, junto a 52 países.
Leyva Durán aseguró en una entrevista con la W Radio que las gestiones para la liberación de los presos políticos, entre ellos el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, recluido a la fuerza por la Policía en su casa en Managua, fueron las que coincidieron con la condena en la Organización de Estados Americanos a Ortega, respaldada por 27 países, una votación en que Colombia se declaró “ausente”.
El canciller colombiano aseguró a Daniel Coronell en el programa la W Radio que las gestiones se realizaron por petición de la canciller de una “república amiga”, a quien no identificó. También aprovechó la oportunidad para desvincular la gestión humanitaria de cualquier negociación sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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El vocero oficioso del régimen, William Grigsby, dijo en su programa Sin Fronteras en Radio La Primerísima el 05 de septiembre que la Administración de Petro, usando “mensajeros”—a quienes no identificó— había propuesto reconocer el fallo a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, en referencia a los presos políticos.
“Comienzan a mandar mensajes los colombianos y utilizan mensajeros. Dicen ‘ve Nicaragua, te voy a reconocer el fallo no hay problema’, pero dame a todos los tranqueros, entre otras cosas. ¿Qué te parece? entonces, ¡no hermanito, por Dios! Así te manden de mensajero a San Pedro (…) Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal de justicia del planeta”, dijo Grigsby.
La cerrazón de Ortega y otra “oportunidad perdida”
Un exdiplomático de Nicaragua, bajo condición de anonimato, consideró que lo ocurrido con Petro fue otra “oportunidad perdida”. Desde hace cuatro años, el dictador ha desoído las gestiones realizadas por la comunidad internacional, entre ellas las del secretario general de la OEA, Luis Almagro, también las de una comisión de países integrada en el mismo organismo para ver la crisis nicaragüense.
También la dictadura de Nicaragua ha respondido en su momento con descalificativos a su homólogo argentino, Alberto Fernández, a quien acusa de ser un instrumento de Estados Unidos en la región.
De cara a sus partidarios, Ortega enarbola la bandera de que fue víctima de un intento de supuesto golpe de Estado y es objeto de la intervención del imperialismo en sus asuntos internos, con lo que se rehúsa a rendir cuentas sobre los abusos de derechos humanos, documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2018. Mientras incrementa su aislamiento, ha estrechado en cambio sus relaciones con Rusia y China buscando protección.
Para el diplomático consultado, la gestión fallida reciente no debió realizarla solamente Colombia, porque inevitablemente saltarían las diferencias que se tienen con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde el país centroamericano logró dos sentencias a su favor y tiene pendiente el resultado de un tercer juicio. Desde 2012, el tribunal internacional adjudicó 75 000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe al país centroamericano, lo que Bogotá se negó a aceptar.
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Para el mismo entrevistado, la situación de los presos políticos es francamente insostenible, tras la presentación en “audiencias informativas” de al menos 21 de 205 reos de conciencia, encarcelados en las celdas de El Chipote, consideradas como un centro de tortura por los organismos de derechos humanos.
Este grupo de presos políticos de la prisión policial se encuentran delgados, envejecidos y pálidos, luego de 450 días de encierro. Aseguró que los organismos de protección de los derechos humanos y los familiares deben tener acceso directo y periódico a los reos de conciencia, para comprobar su estado de salud física y mental, mientras tanto, el otro paso que debería darse es que un tribunal ad hoc independiente revise los procesos jurídicos, plagados de nulidades. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones está ocurriendo.
El exdiputado Eliseo Núñez consideró también que para Daniel Ortega los presos políticos son vistos como rehenes, que utilizará cuando se vea presionado por la vía económica o por la fuerza, por lo que ahora mismo lo que hace es dar una “prueba de vida, tal como haría cualquier secuestrador”.
