9 de septiembre 2022
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Después de 17 meses de su creación por medio de una ley enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega, el funcionamiento de la Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes, se encuentra oculto en el oscuro espacio de la administración pública del régimen orteguista, en el cual impera la falta de transparencia y las restricciones informativas en el manejo de los recursos del Tesoro nacional.
La Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre fue creada el 17 de febrero de 2021 por medio de una ley aprobada en un “proceso exprés” por la Asamblea Nacional orteguista, controlada por los diputados del régimen y los partidos políticos colaboracionistas.
Ejecutivo y Ejército controlan
La ley creadora de esta instancia establece que está será dirigida por la Presidencia de la República, en coordinación con el Ejército de Nicaragua.
El artículo cinco de esta misma ley establece que la Secretaría tendrá una asignación del Presupuesto General de la República, y además podrá recibir “fondos adicionales, bienes muebles e inmuebles provenientes de países amigos, organismos internacionales, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la Secretaría de las Naciones Unidas y entidades análogas”.
La instancia, adscrita a la Presidencia de la República, sería coordinada por un secretario propuesto por el general Julio César Avilés, en su carácter de jefe del Ejército de Nicaragua, y ratificado por el presidente.
A más de un año y medio de su creación, se desconoce si hay algún funcionario nombrado para coordinar la Secretaría y el monto de los fondos asignados para su funcionamiento.
El informe de Ejecución Presupuestaria de entre enero y junio de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no detalla si de los recursos asignados para la Presidencia de la República (401.5 millones de córdobas), se destinaron fondos para la operación de la Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.
El informe tampoco reporta que la Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre tenga alguna asignación de recursos en el rubro de Asignaciones y Subvenciones del Presupuesto General de la República.
Falta de transparencia oscurece operaciones
Un economista consultado bajo condición de anonimato, explicó que cuando se omiten estos detalles, se debe a una intención deliberada de ocultar el uso de ciertos fondos o simplemente, que no existe ninguna asignación de dinero para una determinada entidad.
“En teoría, no podes asignar nada a una entidad o instancia que no existe. Pero, ya sea porque se están ocultando el uso de estos recursos o porque simplemente no existe nada a lo cual asignar dinero, el problema sigue siendo el mismo: la falta de transparencia”, opinó.
Cuando el régimen envió la iniciativa de ley para la creación de La Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, justificó su creación aduciendo que se pretende “dar cumplimiento” a los compromisos que el país adquirió con el Tratado y Principios de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre, que creó las bases del derecho internacional acerca del espacio.
Este tratado entró en vigor el 10 de octubre de 1967, y ha sido ratificado por 110 países, entre ellos Nicaragua, que lo ratificó en 2017. Es un acuerdo que rige el derecho internacional espacial, prohíbe la colocación de armas nucleares u otros artefactos de destrucción masiva en órbita y regula la utilización de los cuerpos celestes para fines pacíficos y como un bien de la humanidad, así ningún Gobierno puede adjudicarse los recursos celestes.
La comunidad científica de Nicaragua fue una de las principales sacudidas por el anuncio de la creación de esta Secretaría, dado el poco desarrollo de la astronomía y el estudio del espacio sideral que hay en el país.
Un miembro de la comunidad científica quien también pidió anonimato para evitar represalias del régimen, explicó que a la fecha, no se ha conocido ninguna información o aporte al estudio del espacio devenido de esta Secretaría.
Científico: “Buscan dar una imagen de progreso, pero no hay nada”
“Una institución técnica y científica a nivel estatal tiene la obligación pública de rendir informes, presentar proyectos, ofrecer resultados y compartir estos resultados. Aplicarlos en ámbitos prácticos y para la mejoría del país y su desarrollo. Pero en este caso, no se sabe nada”, opinó.
“Nicaragua nunca ha invertido en ese campo científico, y tal como sucede con todos esos anuncios, buscan dar una imagen de progreso, cuando en realidad no hay nada. Personalmente lo considero un show más del circo que hay en Nicaragua. Lo único que se le puede ocurrir a uno es que ese proyecto sirva de mampara para alguna conexión con Rusia y aliados”, añadió.
Según la iniciativa, una de las funciones de esta Secretaría es “promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, en las ramas educativas, industrial, científica y tecnológica en esta materia”.
Otra de las funciones que destaca es “promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en Nicaragua”.
Este despacho tendrá representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, Ejército de Nicaragua, Telcor, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.
La promesa de la energía atómica
El 30 de agosto de 2022, el régimen también creó, pero esta vez por medio de un decreto presidencial de Ortega, la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con Fines Pacíficos.
Esta Comisión funcionará en las oficinas del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), una entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República, a cargo de Rosario Murillo.
El titular del Conicyt, cargo que ocupa el antiguo jefe del Ejército, general en retiro Moisés Omar Halleslevens, será quien estará a cargo de presidir la Comisión.
El decreto establece que la Comisión también tendrá una asignación directa de fondos para su funcionamiento, proveniente del Presupuesto General de la República.
Además del Conicyt, la Comisión estará conformada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ejército de Nicaragua, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
