6 de septiembre 2022
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Un vocero oficioso de la dictadura de Daniel Ortega cerró públicamente la posibilidad de cualquier negociación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que implique la liberación de al menos 14 presos políticos, tal como reveló el periodista colombiano Daniel Coronell en la revista Cambio, y conminó a ese Gobierno a que cumpla la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
William Grigsby Vado afirmó este lunes en su programa “Sin Fronteras” de Radio La Primerísima que la negociación propuesta por Petro, usando a “mensajeros” a quienes no identificó, es que Colombia reconocería el fallo de La Haya —favorable a Nicaragua desde 2012— a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, refiriéndose a los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote.
“¿Qué te parece? Entonces, ¡no hermanito, por Dios!, así te manden de mensajero a San Pedro. Primero, no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”, afirmó Grigsby, conocido como uno de los principales propagandistas del régimen Ortega-Murillo.
El domingo pasado, Coronell publicó una columna bajo el título “el precio del silencio”, en que explicó las supuestas razones de la ausencia del Gobierno de Petro en la condena regional al régimen de Ortega el pasado 12 de agosto.
El presidente de la revista Cambio reveló que la ausencia se debió a la búsqueda de una negociación del nuevo Gobierno de Petro en torno a la sentencia de la CIJ, que permita que los pescadores colombianos de los raizales pudieran laborar en aguas adjudicadas por la Corte Internacional de Justicia a Nicaragua desde 2012.
Adicionalmente, Coronell indicó que una “fuente gubernamental nicaragüense” le dijo que Colombia está adelantando una gestión humanitaria para lograr la liberación de 14 de 205 reos de conciencia actualmente en manos de la dictadura.
El columnista mencionó a los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Félix Maradiaga, el periodista Miguel Mendoza, el gerente del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y a las líderes Unamos: Dora María Téllez, Suyen Barahona, Támara Dávila y Ana Margarita Vijil, que se encuentran en confinamiento solitario.
La información recopilada por Coronell indica que existen “contactos preliminares” que podrían hacerse públicos esta semana. Estos cuentan con la intermediación de Cuba y el papa Francisco se encuentra informado. “Quizás por eso sus expresiones han sido prudentes”, justificó en relación a la posición del pontífice, criticado por su prolongado silencio a pesar de la persecución que sufre la Iglesia católica.
Grigsby reiteró que la soberanía de Nicaragua está fuera de discusión y que lo primero que debe hacer Colombia es sacar sus naves patrulleras de aguas nicaragüenses, y que solamente después que Colombia reconozca el fallo de la CIJ Nicaragua podría suscribir un tratado que le otorgue permisos de pesca a los raizales para faenar en aguas nicaragüenses.
Exalta al jefe del Ejército
En su comentario, Grigsby exaltó la reciente intervención del jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, quien dijo en el acto del 43 aniversario de las Fuerzas Armadas, el pasado 2 de septiembre, que seguiría resguardando las aguas nicaragüenses.
Avilés, quien se ha destacado por su obediencia partidaria a Ortega, aseguró que el Ejército defendería la soberanía e independencia de Nicaragua ante “la mancha y vergüenza que representan los traidores”, sin mencionar tampoco nombres, pero respaldando de forma incondicional al régimen que ejecutó una represión brutal contra la ciudadanía en 2018, causando el asesinato de al menos 355 personas.
En 2021, antes de las votaciones presidenciales en las cuales Ortega se reeligió sin competencia política, más de 40 líderes políticos, económicos y sociales fueron arrestados, entre ellos el grupo de presos políticos citado por Coronell.
La posible negociación humanitaria atribuida a Petro por la prensa colombiana ocurre cuando los familiares de los presos políticos de Nicaragua han intensificado sus denuncias sobre las graves consecuencias físicas y emocionales, provocadas por la tortura a la que son sometidos los reos de conciencia.
Después de 400 días de encierro, la dictadura presentó a los presos políticos en “audiencias informativas”. Las huellas son evidentes. Se encuentran envejecidos, pálidos y escuálidos.
Hasta ahora oficialmente, el Ejecutivo de Petro no se ha pronunciado sobre estas posibles negociaciones con Ortega, pero la semana pasada un comunicado de su canciller Álvaro Leyva consignó una “operación humanitaria de gran envergadura” que no reveló, cuando justificó la ausencia de Colombia en la votación de la OEA afirmando que la misma se debió a razones “estratégicas” y “humanitarias”.
“La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación ese día”, dijo Leyva, refiriéndose al 12 de agosto cuando 27 países de la OEA condenaron a Ortega por su persecución a la Iglesia católica. Incluso, el canciller dijo que esperaba que “las filtraciones” no tuvieran un efecto adverso a lo buscado en relación a esas gestiones.
Las demandas de Nicaragua en la CIJ
Para el especialista en derecho internacional, Paul Reichler, quien se desempeñó como asesor de Nicaragua ante la CIJ durante veinte años hasta marzo pasado, el de Leyva fue un “mensaje político, no jurídico”. “No sé si expresa la verdadera posición de Colombia o si es una máscara para esconder la verdadera intención”, agregó.
El especialista explicó que Nicaragua ha demandado en tres ocasiones a Colombia: el primero terminó con el reconocimiento de la CIJ de la soberanía de Nicaragua sobre 75 000 kilómetros en el Mar Caribe en 2012, el segundo ordenó a Colombia que saliera de aguas nicaragüenses en abril pasado y aún está pendiente un tercero.
Según Reichler, este tercer proceso internacional es sobre “la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en el área más allá que 200 millas náuticas de la costa caribeña de Nicaragua. No ha habido todavía audiencias orales ante la Corte en ese caso, y por lo tanto no hay sentencia”.
