3 de septiembre 2022
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El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), se encargó de notificar a 16 de los 27 presos políticos presentados en unas “audiencias informativas” ilegales sobre el estado de sus respectivos procesos judiciales, sin tener competencia. Su actuación —aseguran abogados independientes— corresponde más a la de un “operador político”, que sobrepone su lealtad al Gobierno a la impartición de justicia apegada a derecho y supone una comisión de delito.
Rothschuh, acompañado de las también magistradas Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, miembros del TAM, repitió un mismo párrafo con ligeros cambios, a los presos políticos cautivos en El Chipote. Estos fueron llevados en dos grupos de diez y uno de siete a los Juzgados de Managua durante tres días consecutivos: del 30 de agosto al 1 de septiembre.
“Se estableció la resolución correspondiente, la misma fue notificada en los términos que la ley establece. Agregado a eso, se dio trámite a la apelación solicitada por el abogado defensor, este expresó agravios y estando en trámite la contestación de agravios que le corresponde al Ministerio Público, estamos en el análisis de determinar en el escrito de interposición de casación si este cumple con los requisitos legales para efectos de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) resuelva lo que en derecho corresponda”, repitió Rothschuh a cada uno de los 16 presos políticos en las cortas audiencias, a las que únicamente tuvieron acceso los medios de propaganda del Gobierno.
El magistrado informó a los presos políticos que sus abogados defensores interpusieron recursos en los que señalaron los perjuicios o violaciones — “agravios” en jerga judicial— contempladas en las sentencias emitidas por el TAM. Dicho Tribunal ratificó las condenas de entre siete a trece años de cárcel contra los reos de conciencia impuestos por jueces orteguistas en El Chipote, explicaron abogados defensores.
Entre los agravios presentados por los abogados incluyen la violación a los derechos constitucionales del procesado, como la comunicación libre y privada con su defensor; hecho que se ha violentado desde el inicio del proceso judicial, inclusive durante el juicio político, en el que los abogados apenas lograron conversar de cinco a diez minutos con el procesado. También, se incluyen las violaciones a instrumentos nacionales o internacionales de derechos humanos y al Código Procesal Penal.
Uno de los abogados dijo, bajo anonimato que una vez que el TAM admite el recurso extraordinario de casación, el Ministerio Público tiene 20 días para responder los agravios presentados por el abogado defensor. Pasado ese periodo, haya o no respondido la Fiscalía, el Tribunal debe remitir el caso a la Corte.
“Él (Rothschuh) es confeso en su misma audiencia en decir que estos casos están en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no en sus manos. Es decir, ellos ya perdieron la competencia para conocerlos. Eso los compromete a ellos”, expresó el especialista en Derecho, Yader Morazán.
El otro abogado dijo que el TAM después de dictar sentencia solamente tiene facultades para dos autos; el de admisión o negación a trámite de casación y el de remisión del expediente a la Corte.
Militante del Frente Sandinista
Rothschuh, con 28 años de experiencia judicial, fue elegido presidente del TAM el 2 de julio de 2021, contando con el apoyo de las magistradas Solís y Dávila. Antes se había desempeñado como juez séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua.
Según una revisión hemerográfica, el magistrado Rothschuh es un militante del FSLN. En 2019, participó en el aniversario de la revolución sandinista, acompañando al entonces presidente del TAM, Gerardo Rodríguez, destituido dos años después por tramitar un recurso del partido Ciudadanos por la Libertad.
Para uno de los abogados consultados por CONFIDENCIAL la actuación del magistrado Rothschuh es parte de su rol como “operador obediente”, que espera “sea recompensado” aun violando el Derecho y las leyes. Su expectativa, considera, es que “sea recompensando esa fidelidad nombrándolo magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.
Otro abogado, que accedió a hablar bajo anonimato por seguridad, dijo que el magistrado está siguiendo órdenes y de alguna forma “también aspiran a ganar puntos de cara a una probable elección como magistrado de la Suprema. Eso no hay que descartarlo porque tienen sus propias ambiciones personales”.
La Corte Suprema de Justicia, dirigida por la magistrada Alba Luz Ramos –sancionada por la comunidad internacional–, mantiene cinco vacantes en su cúpula desde el año pasado. Esos cinco nombramientos, que debe realizar la Asamblea Nacional, aún siguen pendientes por desacuerdos de la pareja presidencial, informaron fuentes del Poder Judicial, sin brindar los detalles de la pugna presidencial para una nota publicada en CONFIDENCIAL en junio de 2022.
“Él sabe que está es su oportunidad de oro para ocupar una de esas vacantes y que mejor que demostrando lealtad. Hoy en día ya no vas a ningún cargo de ministro, ni de nada, sin demostrar tu lealtad al Gobierno”, sostuvo el primer abogado citado.
El expresidente del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Rodríguez (camisa a cuadros), con los magistrados Octavio Rothschuh (Sandino en su camiseta) y Edgar Altamirano, celebrando el aniversario de la revolución sandinista en 2019. Foto tomada de La Prensa
Los abogados consideran esta posibilidad tras que varios de los jueces que sentenciaron a presos políticos mediante procesos judiciales cuestionables entre 2018 y 2019 fueron “premiados” por el Poder Judicial, nombrándolos magistrados.
“Todos los que han sido promocionados después de abril de 2018 están relacionados, de alguna manera, con actividades ilícitas debido a la represión porque ese es el patrón que ha venido reproduciendo el Poder Judicial”, expresó Morazán, quien fue funcionario de ese poder del Estado y se encuentra exiliado.
La actuación del magistrado también evidencia, según Morazán, a funcionarios públicos “intimidados y obligados a hacer cosas que ellos nunca han hecho porque no existe en la ley” y que “son ilegales”.
En el caso de Rothschuh Andino no es considerado un profesional mediocre y “sabe lo que está haciendo y sabe que se está comprometiendo”, expresó.
Esta semana la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, aseguró que los jueces y magistrados están incurriendo en la comisión de delitos, con esas audiencias “informativas” sin fundamento jurídico y que “violan las garantías del debido proceso en perjuicio de los procesados y a ellos los hacen ser delincuentes en sus funciones, que cometen delitos contra la administración de justicia”, subrayó Núñez.
“Pueden cometer el delito de prevaricato por estar actuando contra ley expresa”, advirtió la defensora.
En junio pasado, una resolución del Parlamento Europeo solicitó a la Unión Europea sancione a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones, incluido Rothschuh.
Los eurodiputados llamaron “a la Unión Europea a que exija al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, que rindan cuentas por la represión en el país y los procedimientos judiciales incoados contra personalidades de la oposición y otros críticos”, por lo que “pide al Consejo que inicie inmediatamente los procedimientos para incluir a los jueces en la lista de personas sancionadas por la UE”.
