2 de septiembre 2022
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El abogado internacionalista Paul Reichler, exasesor de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseguró que el principal problema que enfrenta el Gobierno de Colombia es la situación de los pescadores afrocolombianos de la isla de San Andrés, quienes laboran en aguas nicaragüenses adjudicadas por el tribunal internacional desde 2012.
Según Reichler, Nicaragua siempre ha tenido la voluntad de ayudar a estos pescadores, a través de la emisión de licencias nicaragüenses para pescar en las aguas más ricas de la nación centroamericana, al lado de los pescadores nicas, pero el Ejecutivo ha insistido en que Colombia reconozca, acepte y cumpla dos fallos de la CIJ que le han sido adversos: uno de noviembre de 2012 y otro de abril de 2021.
“La posición política de Colombia ha sido tan mala como su posición legal. Ha perdido mucha influencia y prestigio internacionalmente por su actitud y sus acciones irrespetuosas de la Corte y la supremacía de la ley. El problema principal para ellos, y especialmente el Gobierno de Petro es el impacto sobre los `raizales`. Colombia no puede seguir autorizando a estos pescadores hacer la pesca en aguas de otro Estado”, afirmó el experto.
El interés de Colombia de buscar un acuerdo “por fuera de la CIJ” entre los Gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Ortega, lo reveló el lunes 29 de agosto el periodista Daniel Coronell a la W Radio. Según esta versión, el presidente Petro evitó condenar a Nicaragua en una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 12 de agosto para priorizar un acercamiento con la vista puesta en una negociación de la sentencia de la CIJ.
Reichler asesoró ante la CIJ a Nicaragua durante más de 20 años hasta marzo pasado, cuando renunció argumentando en una carta pública que “su conciencia moral lo obligaba a separarse”, luego de criticar a Ortega por haber establecido “una nueva dictadura” en un país al que sirvió con su consejo en litigios internacionales.
Canciller dio “mensaje político, no jurídico”
Para Reichler, las últimas explicaciones ofrecidas por el canciller colombiano Álvaro Leyva Durán, obedecen a un “mensaje político, no jurídico”. “No sé si expresa la verdadera posición de Colombia o si es una máscara para esconder la verdadera intención”, agregó.
Leyva Durán salió al paso de las críticas de la oposición en su país que atribuyeron la ausencia y el silencio de Colombia en la OEA a “una confluencia ideológica” con Ortega.
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Obligado a dar explicaciones por la presión de la opinión pública de su país, el canciller de Petro negó “razones ideológicas” para ausentarse, luego que Caracol reveló el 28 de agosto que la decisión se basó en razones “que se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.
Finalmente, Leyva Durán aseguró que la resolución, aprobada por 27 países en la OEA, se debió a que la sesión del organismo coincidió con “la ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua”, la que, sin embargo, no reveló. El ministro agregó que “promueven y defienden los derechos humanos tanto en el país como en el exterior”.
Sobre el caso particular en Nicaragua, Leyva Durán dijo que tenían una agenda bilateral que requiere de un “particular cuidado en el escenario internacional, que la Cancillería preservará”, pero no hizo referencia a nada relacionado a la CIJ. Tampoco dijo nada sobre la misión del nuevo embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien celebró el restablecimiento de las relaciones y el retorno de su país a la “hermandad latinoamericana”.
Nicaragua: dos juicios a favor en la CIJ y otro pendiente
Reichler explicó que se han dado hasta ahora tres juicios entre Nicaragua y Colombia en la CIJ. La sentencia de 2012 fijó la frontera marítima entre los dos países en la parte occidental del Mar Caribe hasta una distancia de 200 millas náuticas de la costa del Caribe nicaragüense. “La sentencia se interpretó como una gran victoria para Nicaragua, que ganó 3/4 del área marítima anteriormente reclamada por ambos Estados”, explicó.
El abogado recordó que la posición de Colombia fue de inmediato rechazo y declaró su incumplimiento. Fue regular que la Armada de Colombia violara los derechos de Nicaragua en el período entre 2013 y 2021, igual que sus pescadores. Eso provocó una demanda del país centroamericano en La Haya por estas ilegalidades. En abril pasado, la CIJ emitió entonces una sentencia favorable también al país centroamericano, ordenando a Colombia que cumpliera los dos fallos.
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De acuerdo con Reichler, el posible acuerdo entre ambos países, a lo que ha estado anuente Nicaragua, debe confirmar la frontera marítima fijada por la CIJ y comprometer a las partes al cabal cumplimiento de la misma. Bajo ese convenio, Nicaragua autorizaría la pesca en cierta parte de su área marítima por un cierto número de pescadores colombianos, sujetos a las reglas establecidas por el Ejecutivo nicaragüense en relación a las especies de peces que se pueden extraer en aras de conservar y proteger los recursos.
“El tercer juicio es sobre la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en el área más allá que 200 millas náuticas de la costa caribeña de Nicaragua. No ha habido todavía audiencias orales ante la Corte en ese caso, y por lo tanto no hay sentencia”.
Siguen críticas a Petro en Colombia
La posición de Petro en torno a Nicaragua siguió provocando cuestionamientos de los principales partidos de la oposición en su país, pero en el tema de la condena regional a Ortega por sus abusos de derechos humanos. En el tema de la estrategia diplomática, en torno a la CIJ, los medios no dijeron nada al concluir la semana.
La revista Cambio informó que el partido Centro Democrático (CD), del expresidente Álvaro Uribe, citará al canciller Leyva y promoverá una moción de censura, un procedimiento constitucional colombiano que en teoría podría forzar la salida de un ministro y que ha fracasado históricamente.
Cambio dijo que este procedimiento se ha aplicado en 35 ocasiones desde 1991, cuando se instauró, pero en ninguna ocasión se consiguieron los votos para lograr el objetivo, causando en el peor de los casos que los ministros renunciaran antes de verse “sometidos a la humillación”.
CD afirmó en un comunicado su total rechazo ante la ausencia de Colombia en el caso de Nicaragua. “La ausencia del delegado colombiano ante la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua”, dijeron.
