1 de septiembre 2022
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La madre de monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, el segundo religioso condenado por el régimen de Daniel Ortega en los últimos tres meses, en medio de una escalada represiva contra la Iglesia católica, pidió que le permitan verlo después de 49 días de encierro en la celda policial El Chipote, señalada por organismos de derechos humanos como un sitio de tortura en Nicaragua.
María Eloísa Rodríguez, de 78 años, calificó como “injusto”, lo que están haciendo con su hijo, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco. La familia ha denunciado que el sistema de justicia le ha negado el derecho a la defensa, mientras lo condenaron de cometer supuestamente el delito de abuso sexual y lesiones psicológicas contra una menor de 14 años.
“Él es inocente de lo que lo acusan. No conozco a quienes lo señalan, solo los he oído mentar en Boaco. Como madre, yo me encuentro triste. Vivo bien enferma, estoy peor de la tristeza, soy una viejita”, dijo Rodríguez, moradora de la comunidad del Tule, en Boaco, ubicada a 80 kilómetros de Managua.
Monseñor Leonardo Urbina es el segundo sacerdote condenado por la dictadura desde el primero junio pasado cuando se recrudeció la persecución del Estado contra los religiosos. El primero de ellos fue Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, a quien declararon culpable de agredir a una mujer. Sin embargo, ella se retractó de sus acusaciones en el proceso y terminó siendo objeto de la saña del Estado que la procesó por “falso testimonio”.
Rodríguez expresó preocupación por el estado de salud del sacerdote de Boaco, dado que él padece de azúcar y la presión. Aseguró que no le han permitido ni siquiera una llamada para saber sobre su situación actual desde la detención el 13 de julio pasado. Ella explicó que en El Chipote solo aceptan líquidos—aguas, jugos--, pero no hacen lo mismo con otros alimentos ni ropa de dormir para el religioso.
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La señora contó que su familia está formada por su esposo, José Ángel Urbina Hernández y sus cinco hijos. Monseñor Leonardo Urbina, desde pequeño, les expresó su voluntad de hacerse catequista, lo que consideró una “bendición” para su familia. Luego les dijo que quería que lo llevaran al seminario para formarse como sacerdote. La mujer declaró que considera que también es injusto lo que ocurre con los otros religiosos, procesados en Nicaragua.
“Un sacerdote lo que vive es predicando el evangelio, en las parroquias donde se encuentra. Nunca se oyó a monseñor que estuviera predicando contra ellos. Todos tenemos derecho de opinar, pero nunca se oyó decir que estaba en contra de ellos”, aseguró Rodríguez.
Abogado: Desprecio total a las leyes y crueldad
Para Francisco Omar Gutiérrez, abogado de la familia, la historia de los Urbina Rodríguez refleja su desasosiego familiar y el caso muestra también la falta de garantías mínimas que hay en el proceso, en el cual la negativa a que tuviera un abogado privado fue tan solo una de las irregularidades.
Gutiérrez lamentó que las decisiones tomadas contra Monseñor van en contra de todas las disposiciones legales actuales, refiriéndose también a las audiencias judiciales secretas como la que sirvió para condenarlo. Y eso muestra un desprecio total a las leyes, según su criterio.
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“Ellos (los familiares) se sienten tan mal, no saber nada, no conocer nada (de Monseñor Urbina) … Esa es una tortura, es una crueldad realmente”, dijo el jurista, quien aseguró que ni siquiera en el sistema electrónico de los juzgados conocido como Nicarao se puede encontrar un registro sobre la audiencia inicial.
En agosto, la dictadura secuestró en Mulukukú también al sacerdote Óscar Benavidez Dávila, a quien mantienen en la misma prisión, mientras realizan una investigación en su contra por delitos que el Estado mantiene bajo reserva hasta ahora.
Las fuerzas especiales de la Policía retienen también a la fuerza en su domicilio en Managua al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado de “organizar grupos violentos” e “incitar el odio”. Las autoridades enviaron a El Chipote a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico que lo acompañaban cuando las autoridades sitiaron la Diócesis de Matagalpa entre el cuatro y el 19 de agosto pasado. A ellos también los mantienen incomunicados.
El Estado cerró también siete emisoras de la diócesis de Matagalpa en un ataque sin precedentes contra la Iglesia desde 2007, mientras incrementó el discurso de odio contra los sacerdotes, a quienes llaman “golpistas” por su posición de defensa de los derechos humanos a favor de la ciudadanía, víctima con mayor crudeza de abusos de las autoridades desde la rebelión cívica de 2018.
