31 de agosto 2022
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La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) demandó el cese de la instrumentalización del sistema de justicia en contra de los presos políticos, al someterlos a “audiencias informativas” que carecen de fundamento jurídico por no estar contempladas en la legislación nicaragüense. Alegan que la comparecencia a estas es “ilegal, arbitraria, violenta el principio de legalidad y las garantías mínimas del debido proceso” y deben ser anuladas, denunciaron a través de un comunicado.
Durante este martes y miércoles, los medios afines al régimen han presentado fotografías y videos de 20 presos políticos, que fueron sometidos a audiencias convocadas por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y por los jueces que los condenaron en juicios políticos realizados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, para supuestamente informarles sobre el estado de sus casos.
La UDJ señala que el TAM carecía de competencia para convocar a las audiencias y se está extralimitando en sus funciones con la de otros poderes del Estado, “al legislar por la vía de hecho, al aplicar un procedimiento que no existe en la ley”, denunciaron.
A la vez, cuestionaron que el TAM en su momento debió convocar a audiencia de apelación o bien, audiencia de lectura de sentencia de apelación, lo cual fue solicitado por la defensa de los reos políticos, pero fue omitido e incluso denegado por el Tribunal. La UDJ señala que estas audiencias “informativas” deben declararse nulas puesto que las partes “fueron obligadas a firmar documentos sin la asistencia legal de sus defensas y desconociendo el contenido íntegro del mismo”.
También denunciaron la retardación de justicia, ya que en la mayoría de los procesos de los reos de conciencia fue interpuesto el recurso extraordinario de casación hace más de un mes y a la fecha, no se ha dado curso a su tramitación, que debería hacerse en un plazo de 48 horas y posteriormente, esperar la respuesta del Ministerio Público, en 20 días por ser casos de tramitación compleja.
“Exigimos el respeto a las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la protección a la dignidad humana de los presos y presas políticas, en tanto, el acto mediático y publicitario, además de repudiable es ilegal”, expusieron en el escrito.
