30 de agosto 2022
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El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, salió al paso del escándalo sobre la ausencia del país suramericano en la condena regional a la dictadura de Daniel Ortega, el 12 de agosto pasado. En un comunicado, el funcionario negó que la misma se debiera a “razones ideológicas” y la atribuyó a “humanitarias y estratégicas”, sin embargo, no ofreció detalles.
El pronunciamiento de Leyva ocurre luego de las críticas sostenidas en Colombia por los principales partidos del Congreso que exigen una explicación al presidente Gustavo Petro, tras días de silencio que ponen en duda su compromiso democrático, mientras Ortega persiste en sus violaciones a derechos humanos en Nicaragua.
🚨 Comunicado de prensa en relación a la Resolución sobre Nicaragua en el Consejo Permanente de @OEA_oficial pic.twitter.com/2IdbpL1ZxU
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 30, 2022
“La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día”, dijo Leyva, quien atribuyó el silencio posterior de Colombia a que no se podían hacer públicas las gestiones antes de obtener un resultado.
Según el jefe de la diplomacia de Colombia, ellos esperan “que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado”, mientras ratificó el compromiso de su Gobierno con los derechos humanos tanto en su país como en el exterior.
“Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional, que la Cancillería preservará”, agregó el ministro, pero en este caso tampoco ahondó en explicaciones.
El lunes 29 de agosto, el periodista Daniel Coronell afirmó en la W Radio la supuesta estrategia de Colombia: Petro aspira a lograr un arreglo bilateral con Ortega que permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en las aguas otorgadas en el Caribe a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia en 2012.
Según la información publicada por CONFIDENCIAL el sábado 27 de agosto, el silencio de Petro era una estrategia para crear condiciones favorables, que permitieran las conversaciones con Ortega, con quien se sentaría sin llamarlo dictador en el foro regional.
La confirmación de que la decisión de ausentarse de la votación en la OEA vino de Leyva surgió tras una investigación, publicada por Caracol el fin de semana. En la misma, el viceministro de asuntos multilaterales del Ministerio de Exteriores, Juan José Quintana, confirmó que la decisión del Gobierno colombiano actual se tomó por “base a delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.
“Confluencias ideológicas”
La otra razón podría ser ideológica. La posición de Petro despertó suspicacias entre expertos en relaciones internacionales nicaragüenses y colombianos que miraron “confluencias ideológicas” en las decisiones de Bogotá, luego que el mandatario de izquierda restableció relaciones con Managua, enviando un embajador, casi al mismo tiempo que lo hizo con Venezuela. El presidente colombiano también ofreció su respaldo a la vicepresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner, investigada por corrupción en su país y de quien el nuevo gobernante aseguró es víctima de persecución.
La internacionalista Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, encaró públicamente en un artículo de opinión al Gobierno colombiano. Llamó “ingenuidad” a la decisión de Petro, si la misma estaba basada en una estrategia para intentar una negociación sobre la sentencia de la CIJ.
El tribunal internacional ordenó en abril pasado a Colombia que suspendiera sus labores de patrullajes en los 75 000 kilómetros cuadrados, adjudicados en el mar caribe a Nicaragua por el tribunal internacional desde noviembre de 2012.
El excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, dijo a CONFIDENCIAL también que se temía que Petro fuera aliado de Ortega, mientras aseguró que “las izquierdas tienen una visión tuerta sobre derechos humanos”.
