25 de agosto 2022
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En un acto sombrío, la procuradora general de la República, Wendy Morales Urbina, entregó a la directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Loyda Barreda, unas supuestas escrituras del edificio del diario La Prensa, pero no mencionó ningún argumento legal que justifique cómo esa propiedad, que estaba ocupada manu militari, pasó al Estado de Nicaragua. Situación que el diario califica como confiscación o robo a la propiedad privada.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el martes pasado que en el edificio de La Prensa instalará el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Inatec.
“Este espacio que hemos formalizado con la entrega de la escritura va a permitir capacitarnos, especializarnos en las distintas disciplinas que tanto nos llaman la atención”, dijo la procuradora Morales en un acto celebrado en el parqueo del diario, fundado el 2 de marzo de 1926.
La consumación del robo de los bienes y el edificio de La Prensa ocurre un año después de que la Policía ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestara ilegalmente a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, quien fue condenado el 23 de marzo pasado, por la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a nueve años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Ni siquiera la sentencia condenatoria impuesta a Holmann justifica el traspaso de la propiedad al Estado, ya que todavía no ha concluido el proceso legal y, aunque se probara el supuesto lavado de dinero, para que le decomisen un bien “tendría que estar plasmado en la sentencia condenatoria” y ser de su propiedad, lo cual “no es el caso”, señaló un jurista consultado por CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato.
El régimen tampoco indemnizó ni comunicó “absolutamente nada” a los propietarios del diario, advirtió el editor en jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez. “Nunca hubo ningún proceso en contra de Editorial La Prensa porque simplemente el caso que ellos (el régimen) estaban acusando es a la persona de Juan Lorenzo Holmann, que no es propietario”, apuntó.
El jurista indicó que “tiene que haber una escritura en la que se fundamente Wendy Morales, como notaria número uno del Estado, para hacer la transferencia de dominio. Primero la transferencia que hicieron de La Prensa a la Procuraduría y luego de la Procuraduría al Inatec. Esa tiene que ser la ruta”.
“Esa escritura que entregó (la procuradora) Wendy Morales la tuvieron que hacer bajo un argumento distinto” a la sentencia de Holmann, advirtió el jurista. Además, recordó que, en abril pasado, el régimen de Ortega y Murillo se amparó en la Ley 229, Ley de Expropiación, creada en 1976 por el dictador Anastasio Somoza Debayle, para confiscar de igual manera el edificio donde funcionaba la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA). Edificio que fue entregado este lunes a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Constitución prohíbe confiscación
Al confiscar las instalaciones de La Prensa, el régimen Ortega-Murillo está actuando contra la prohibición expresa de la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
Ese artículo también establece que aunque los bienes inmuebles “pueden ser objeto de expropiación”, debe haber “previo pago en efectivo de justa indemnización”. Además, prohíbe la confiscación de bienes y establece que los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.
Para Enríquez, el régimen “se ha saltado hasta el menor indicio de legalidad, el menor barniz de legalidad y lo que han decidido es simplemente dejar claro que lo que quieren es robar los edificios, robarse las instalaciones y su intento final es destruir a La Prensa”.
Las instalaciones del diario, ubicadas en el kilómetro 4.5 de la carretera norte, están valoradas en diez millones de dólares. “Había allí espacio de trabajo para 400 personas, teníamos la imprenta más moderna y más grande de Nicaragua, con equipos avanzados y eso quedó ahí y que nada tiene que ver con La Prensa y el periódico, pero todo se lo robaron”, subrayó Enríquez.
La Prensa responde: “El pasado son ellos”
La Junta Directiva de La Prensa sentenció a través de un comunicado de prensa: “Otra vez nos quieren enterrar, y como ha sucedido en otras ocasiones, los enterrados serán ellos”.
En el documento, titulado “El pasado son ellos”, el diario destacó que desde marzo de 1926 en que fue fundado, La Prensa “ha sido consecuente con el compromiso de cultivar y promover valores tan esenciales para los nicaragüenses, como la verdad, la justicia, la defensa de las libertades públicas y la democracia”.
Y que asumir esos “valores con honestidad y firmeza, y no con retórica vacía”, le ha implicado “asumir riesgos muy graves”, debido a que “los abusos, la mentira, el autoritarismo y la corrupción, entre otros antivalores, tienen representantes muy poderosos y crueles” en Nicaragua, agregó.
La Prensa indicó que en sus 96 años de historia “ha enfrentado tres dictaduras” que han visto en "el diario de los nicaragüenses un obstáculo”.
“En sus 96 años de vida ha sufrido cierres, encarcelamientos de directivos y periodistas, el asesinato de su director Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978, bombardeo y quema de sus instalaciones, asedio de turbas fanatizadas, censura, bloqueo aduanero a los suministros que hacen posible su impresión, y, finalmente, la ocupación y robo de su propiedad inmueble, sus instalaciones y equipos de trabajo”, detalló.
En la actualidad, tres directivos del diario están presos —los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro—, su edificio tomado y la redacción completa en el exilio, anotó.
“Ninguna dictadura ha mostrado tanta saña contra los valores que representa La Prensa, como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, sostuvo.
