22 de agosto 2022
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El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y crítico hacia el Gobierno de Daniel Ortega, denunció este lunes 22 de agosto que las autoridades nicaragüenses ejecutan una “confiscación de hecho” de sus bienes, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
“Desde hace varios días operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos. Con estas acciones el régimen Ortega Murillo concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial de Editorial La Prensa”, informó el medio, que ahora solo se publica de forma digital.
El periódico destacó que la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación, y que el Estado solamente puede hacerse de bienes privados cuando la ley lo permita, aunque con una previa y justa indemnización para los afectados.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”. Asimismo, prohíbe “la confiscación de bienes” y establece que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
El edificio de La Prensa permanece ocupado por la Policía desde el 13 de agosto de 2021. La dictadura ha asaltado y confiscado también las instalaciones de las redacciones de CONFIDENCIAL, Esta Semana y el canal 100% Noticias.
Valor de casi diez millones de dólares
Según La Prensa, cuyo personal de redacción se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de dos empleados, sus bienes “al momento de la confiscación tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares”.
“En febrero de 2021, un avalúo realizado para contratar un seguro, tomó en cuenta el estado físico de los bienes inmuebles, es decir, obras civiles y/o edificios y las valoró en 1.84 millones de dólares. Aquí se incluyen las oficinas, bodegas, parqueo, área de descarga y otras obras de construcción”, según la publicación diario.
La maquinaria y equipos tuvo un costo de adquisición de 14.48 millones de dólares, pero al considerar la depreciación por los años de uso, se le calculó un valor de 6.04 millones de dólares. “El valor de la construcción, sumado al de la maquinaria y equipos totaliza 7.89 millones de dólares. Pero a ese monto hay que sumarle el valor de terreno que ronda los 1.80 millones de dólares. Entonces, el total de los bienes confiscados a la empresa alcanza los 9.68 millones de dólares”, detalló La Prensa.
El diario subrayó que entre los bienes confiscados se encuentran una impresora rotativa de 2.01 millones de dólares y una imprenta comercial de 3.89 millones de dólares, con capacidad de imprimir, encuadernar o engomar, “libros, folletos, brochures, volantes, y cualquier otro material impreso, incluso boletas electorales”.
“¿Qué uso le dará a la maquinaria?”, se preguntó La Prensa, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones municipales, para lo cual se necesitará imprimir boletas electorales específicas para los 153 municipios de Nicaragua.
Acabar con 96 años de historia del diario
“El régimen Ortega Murillo intenta poner fin a 96 años de historia del decano del periodismo nacional, desmantelando el plantel que lo alberga”, señaló el medio de comunicación más emblemático de Nicaragua.
Para ocupar las instalaciones de La Prensa, ubicadas en una zona industrial en el norte de Managua, las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
En abril pasado, Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció a Ortega en las elecciones de 1990, fue condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de “lavado de dinero”.
La denuncia de La Prensa se da en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos —de los que Ortega ha admitido 200—, más de 200 000 exiliados, y 190 personas presas.
Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), unos 120 periodistas, sin incluir el personal de La Prensa, han optado por el exilio desde el inicio de la crisis.
