21 de agosto 2022
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Cinco meses antes de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocara para las votaciones municipales de noviembre ya se había gastado el 49.4% de los recursos que le fueron asignados en el Presupuesto General de la República 2022.
Este porcentaje equivale a 899.9 millones de córdobas de un total de 1823.1 millones provenientes de las Rentas del Tesoro, indica el informe de ejecución presupuestaria enero-marzo 2022.
El informe también expone de forma general que de los 899.9 millones de córdobas devengados por el CSE, 803.8 millones fueron utilizados en transferencias y donaciones corrientes, 88.7 millones fueron para remuneraciones y 7.2 millones en bienes y servicios, lo que no es una rendición de cuentas detallada sobre la utilización de los recursos del erario público en este poder del Estado.
Monto ejecutado corresponde con reembolso para colaboracionistas
Sin embargo, los 803.8 millones de córdobas clasificados como “transferencias y donaciones corrientes” coinciden con el reembolso a los partidos políticos colaboracionistas que participaron en la “farsa electoral de 2021”, el cual se efectuó a inicios de este año y aparece en el presupuesto 2022 como “transferencias corrientes a otras instituciones del sector privado”. Los otros gastos registrados corresponden al pago de salarios y compras realizadas en “total opacidad''.
La penumbra en la administración del CSE se percibe desde el hecho que la institución no ha publicado en el portal de contrataciones del Estado, ninguno de sus procesos de adquisición, así como su Programa Anual de Contrataciones (PAC), los cuales debió publicar desde el pasado mes de enero de acuerdo con el artículo 20 de la ley 737, Ley de Contrataciones del Estado.
“Irregularidades del tamaño de una montaña”
Un especialista en contrataciones públicas, consultado por CONFIDENCIAL, advirtió que el CSE tiene “un retroceso sustancial en materia de transparencia” en cuanto a sus adquisiciones, ya que en años anteriores “aunque tenía déficit” publicaba sus procesos de contratación, pero ahora la administración del proceso electoral permanece en total “opacidad”.
Para el especialista, la falta de publicación del PAC y los procesos de adquisición del CSE constituye una serie de irregularidades “del tamaño de una montaña”, puesto que ese poder del Estado está violando los principios de publicidad, transparencia y el debido proceso en las contrataciones públicas.
La publicidad es “fundamental para realizar cualquier procedimiento de compra en instituciones públicas”, señaló el especialista.
En este caso, el CSE “está transgrediendo estos principios y por ende las adquisiciones realizadas carecen de legalidad, porque no publicó. No es que no las hicieron, debieron hacerlas, pero no las están publicando”, comentó.
El especialista también enfatizó que la publicación de las adquisiciones públicas es obligatoria “porque la ciudadanía debe saber que es lo que planificó o pretende contratar esta institución, pero también por efectos de los potenciales proveedores que van a contratar en uno u otro procedimiento a realizar”.
Inscripción de la alianza del FSLN para las votaciones municipales. //Foto: Tomada de El 19 Digital
El costo de las votaciones “silenciosas”
Aunque el CSE no ha publicado información sobre la forma como está administrando los recursos del erario público, en el presupuesto de la República 2022 se le asignó una partida de 1465.7 millones de córdobas para el proceso electoral, del cual 1431.5 millones son para gastos de administración y 34.1 millones para la adquisición de programas de software.
El monto asignado este año al CSE para las votaciones municipales es el doble de los 773.4 millones de córdobas que recibió para “la farsa electoral” del año pasado.
Esto se explica porque en el presupuesto 2022 aparece el monto destinado para el reembolso a los partidos políticos que participaron en las votaciones del 2021. El reembolso por las votaciones de este año, será asignado en el presupuesto de 2023.
Semanas atrás, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas advirtió, sin dar detalles, que el CSE ordenó la producción de material electoral a la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa), en un proceso que —al igual que las votaciones— se realiza en total opacidad.
“El proceso administrativo para la producción del material electoral también fue puesto en marcha en una completa falta de transparencia. El CSE no convoca a las elecciones y tampoco vela ni exige que se cumpla con las condiciones que garanticen la legitimidad e integridad del proceso electoral, pues se mantiene el estado policial de facto, la supresión absoluta de las libertades fundamentales y la violencia política generalizada”, advirtió el organismo.
