20 de agosto 2022
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Daniel Ortega y Rosario Murillo presionan por el destierro del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez , como el escenario que tiene menor costo político para el régimen, coincidieron cinco analistas en las relaciones Estado-Iglesia consultados por CONFIDENCIAL, mientras un asesor de la curia romana declaró que está en juego una “operación diplomática” del Vaticano en la que participa el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Los analistas consideran un “inconveniente para la dictadura” la opción de mantener encarcelado ilegalmente en su casa a monseñor Álvarez, o peor aún condenar a la prisión policial El Chipote, a un líder religioso destacado por su carisma, prestigio y “estatura eclesial”.
El sociólogo Humberto Belli dijo que una intervención del Papa, pidiendo a Álvarez expatriarse como hizo en 2019 con el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez —otro religioso crítico de la dictadura—, es posible que no ocurra por las críticas que despertó en su momento al pontífice su decisión y “el santo padre no quiere repetir la experiencia, me parece, por fuentes con las que he conversado que están bastante vinculadas a la Santa Sede”.
Para el exministro de Educación, las actuales circunstancias exigen que la Conferencia Episcopal asuma una posición enérgica, porque “sería una claudicación ante el Gobierno ponerse de acuerdo en que el obispo se vaya de Nicaragua, cuando lo que tienen que hacer es reclamar que lo liberen. Es injusto que se vaya, es injusto que lo echen preso. No tienen por qué castigarlo de ninguna forma”.
La madrugada del viernes 19 de agosto, tropas especiales de la Policía asaltaron la Curia Episcopal de Matagalpa, donde se encontraba Álvarez, cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis.
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“El Gobierno va a tener que barajar dos alternativas: una mantenerlo preso, posiblemente casa por cárcel en un tiempo prolongado como están Cristiana Chamorro y otros presos. O expulsarlo del país. Eso sería una acción que tiene en sus manos: puede expulsar a cualquiera del país legal o ilegalmente, ya lo han hecho. Se quitarían (con eso) el peso de tener un preso dentro de la nación con el prestigio y estatura eclesial del obispo Álvarez”, afirmó Belli.
La Policía, a través de la nota de prensa 78-2022 ,alegó que el operativo contra Álvarez lo realizó para recuperar una supuesta “normalidad” para la ciudadanía y familias matagalpinas, y acusó al religioso en realizar actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.
El 5 de agosto pasado, las autoridades abrieron una “investigación” contra Álvarez, acusándolo de “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio”, encerrándolo en la Curia Episcopal bajo un fuerte dispositivo policial que trastocó la vida cotidiana de la ciudad.
En su comunicado del 19 de agosto, la Policía dijo también que las personas que acompañaban al obispo hasta el operativo de la madrugada fueron trasladas a la Dirección de Auxilio Judicial, o la cárcel policial conocida como El Chipote, denunciada como un centro de torturas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
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Los captores de Álvarez dejaron en la Curia al párroco Óscar Escoto, de la iglesia Santa María de Guadalupe. Al confesar la detención arbitraria de Álvarez, las autoridades informaron que permitieron que el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, visitara al obispo detenido. En un comunicado posterior, el jerarca de Managua confirmó la reunión y, entre sus primeras impresiones, afirmó que Álvarez estaba desmejorado físicamente, pero fuerte de ánimo.
¿Cuál es la “operación diplomática” del Vaticano?
Rodrigo Guerra López, secretario del Pontificio Consejo para América Latina de la Santa Sede, dijo a Aleteia que el Vaticano mantiene una “operación diplomática”, a través del cardenal Brenes para encontrar “una salida” a la situación del obispo Álvarez.
Sin embargo, la figura del cardenal despierta desconfianza. Especialistas lamentan las “posiciones tibias” frente al acontecer nacional siempre turbulento. Humberto Belli, por ejemplo, dijo que es posible que Brenes esté pidiendo al papa —incluso con la bendición de Ortega— que le ordene a monseñor Álvarez irse del país.
La abogada Martha Patricia Molina, autora de una investigación sobre los ataques del régimen a la Iglesia católica, afirmó que es posible que la dictadura haya buscado a Brenes, o viceversa, para enviar un mensaje a Álvarez: la necesidad de que abandone el país por su propia voluntad que, en caso de darse, sería un destierro.
Molina también criticó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que ha mostrado “ausencia e indiferencia de responsabilidad y problemas de persecución de la Iglesia”. “No sabría el impacto para ellos (de una posible salida de Álvarez). Para la Iglesia, en general, será de un costo alto porque él es una voz profética”, lamentó.
La CEN, a través de un comunicado vespertino, calificó como “una profunda herida que sufrimos como Iglesia en Nicaragua” y agregó que oraban.
El temor al “descontento popular”
Para la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el régimen está presionando para que Álvarez se vaya del país, porque mantenerlo detenido implica generar más descontento entre la población.
Cuadra valoró que al seleccionar a Brenes, y no a monseñor Herrera que es el presidente de la Conferencia Episcopal, el Vaticano está siguiendo los canales oficiales, porque el cardenal es la cabeza de la Arquidiócesis de Managua y porque, de alguna manera, ha manejado alguna comunicación con las autoridades de la dictadura.
La especialista califica como “subterráneas” las negociaciones que puedan estarse dando sobre la crisis de Álvarez, pero desde ya prevé un costo político para la CEN, porque no se ha dado un pronunciamiento firme de los obispos.
“Para el Gobierno el costo es altísimo, porque se está incrementando el descontento de la gente y no importa el arreglo que hagan con los obispos. La gente está agraviada y eso no se lo van a quitar”, sostuvo Cuadra.
Otros dos analistas, consultados bajo condición de anonimato para evitar represalias de la dictadura, agregaron que la situación de Álvarez está “en desarrollo”, pero la conclusión es que a Ortega no le conviene nada de lo que ha hecho, desde el punto de vista político.
De todos los escenarios posibles, estos dos entrevistados avizoran como menos probable que Álvarez sea condenado a la cárcel de El Chipote, porque en ese caso llamaría la atención tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, creen que la dictadura se inclina por la opción del destierro.
El obispo se convierte “en un símbolo”
Uno de los entrevistados dijo que, si bien se perdería una voz profética y crítica a lo interno de Nicaragua si acaso se concreta su salida, se ganó la figura del “símbolo de un hombre valiente, consecuente, y decidido”.
“No dudo que la operación diplomática vía Brenes es ‘salvarle la vida’ a Álvarez y se orientará a sacarlo del país, que es uno de los objetivos del régimen. Pienso en los otros sacerdotes. ¿Con ellos, cuál será la ‘operación diplomática’? Si es sacarlos a todos es una victoria para el régimen. Quedarán ‘las ovejas sin pastores’”, insistió.
El otro entrevistado agregó que la salida de Álvarez es lo más racional para Ortega, pero lamenta el golpe fuertísimo a la Iglesia, porque el dictador se apuntó “otro round”. El impacto a la ciudadanía es que lo sucedido con el obispo provocará desmoralización, al darse la pérdida de una voz valiente.
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El operativo policial contra Álvarez deja al clero de Matagalpa descabezado. También afecta a los feligreses que se sentían respaldados por el obispo. Álvarez también estaba designado como administrador de la diócesis de Estelí, tras la salida del obispo Abelardo Mata, por alcanzar la mayoría de edad, y quien también era un obispo que denunciaba los abusos del régimen.
Este último entrevistado estima que es posible que los colaboradores del obispo hayan sido enviados a la cárcel El Chipote como una manera de presionar al jerarca católico para que acepte las condiciones gubernamentales en una eventual negociación. La otra lectura sobre otro probable escenario es que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) castiga a personas sin seguir una lógica, porque golpea a todos. Es su estilo represivo.
