19 de agosto 2022
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Distintos teóricos y filósofos han destacado la necesidad humana de prescindir de la libertad completa para garantizar estabilidad, seguridad y convivencia entre las poblaciones, lo que conocemos como contrato social. En Nicaragua se rompe con toda la teoría dado el divorcio del Estado de Derecho por la nula separación de poderes, tal cual lo mandata la Constitución, esto por obra de la dictadura para lograr mantenerse en el poder - en un poder absoluto.
La verdad es que Nicaragua experimenta un nuevo contrato social, uno impuesto que carece por completo del consenso nacional que amerita un entendimiento entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, no se puede ignorar que el régimen ha oficializado por medio de la cada vez más creciente represión, un modelo donde el ciudadano tiene que adaptarse al nuevo contexto de falta de libertades públicas, una economía decreciente y cancaneante, inseguridad social, el intento por normalizar un régimen de partido único con prisioneros políticos, asediados, un exilio masivo, mala gestión de la crisis sanitaria y ahora la libertad religiosa como foco de la violencia de Estado. El ciudadano se encuentra en la necesidad de quizá no aceptar todos estos elementos por completo, pero sí de moldear la cotidianidad a este estado de censura, a cambio de poder vivir medianamente tranquilo, sin sufrir las represalias habituales contra las personas que son abiertamente críticas de la dictadura.
Rousseau entendía el contrato social como un pacto entre ciudadanos, en un momento histórico donde el ser ciudadano estaba muy limitado, lo que años después fue contradecido por John Rawls. Cualquiera podría plantear que Daniel Ortega retrocedió al país en los momentos históricos donde grupos poblacionales no eran considerados ciudadanos, como lo es en el caso de las personas esclavizadas o las mujeres, no obstante, Ortega erra incluso en la compresión básica del contrato de Rousseau, dado que, la coyuntura en la que implementa su “acuerdo de la bota” es en un momento donde toda la población del territorio nacional es considerada ciudadana por parte de la jurisdicción del país.
La dictadura desde su llegada al poder ha creado una estratificación de la ciudadanía, es decir, ha polarizado a la población entre ciudadanos de primera y de segunda (una acción poco o nada socialista por parte de quienes se autodenominan de esa manera).
En 2015 la Policía Nacional obstaculizó una marcha en Managua protagonizada por el sector campesino en demanda de la derogación de la Ley 840, mientras se protegía a partidarios de Ortega y días después se les permitió marchar con tranquilidad y sin inconveniente alguno, quizá esto puede ser un indicativo de la diferenciación de la ciudadanía. Por otro lado, es un grave error pensar que todo simpatizantes orteguista es “ciudadano de primera” - la situación de pobreza extrema, desigualdad de oportunidades y negativa rotunda de la crítica, incluso entre el FSLN, es prueba de ello, siendo el caso de El Chino Enoc, el mejor ejemplo.
Ortega y Murillo pueden pensar que el statu quo de su “acuerdo de bota” es perfecto por la eficacia de mantener una sociedad aparentemente ordenada, al tratar de que nada sobrepase los mandatos y apruebos del dúo tiránico. Rawls decía que ninguna sociedad es ordenada si carece de justicia social y que la ausencia de esta solo produce quiebres sociales; lo que evidentemente ocurre en Nicaragua que es un país sumergido en la desigualdad y la inequidad de oportunidades tan siquiera de desarrollo económico, por la continua obstrucción de propuestas por voces no oficiales, pero ¿en realidad los mismos dictadores confían en su sistema?
Los continuos estallidos y microestallidos que suceden en el país por parte de la ciudadanía, se pueden sumar a casos como el de Arturo McFields, ex representante de Nicaragua ante la OEA, que en uso de su investidura denuncia a la misma dictadura que en teoría representaba en pleno Consejo Permanente. Todo esto denota que ni la rigidez implementada entre sus propios funcionarios son garantía de un sistema ordenado.
Lo que sí se puede comprender a prontitud es que la dictadura le ha dejado claro a la ciudadanía nicaragüense que no habrá un acto de disidencia que quedará sin su respectivo castigo. La Dra. Magda Alonso en Matagalpa fue citada por la Policía Nacional a declarar solamente por tratar de concientizar a agentes policiales que asedian a monseñor Álvarez.
El contrato social que propone el dictador o mejor dicho que impone, es el de una paz negativa a cambio de conceder las libertades canonizadas en la Carta Magna. Solo queda confiar en las lecciones de la historia, cuando un sultánico se fía de su poder, no espera el quiebre social que pronostica la teoría rawlsiana, por la ausencia de un justo e integral pacto social.
