19 de agosto 2022
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El ataque del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica ha sido frontal. La Diócesis de Matagalpa integrada por 28 parroquias es ahora el epicentro de esa escalada de ataques sin precedentes contra los religiosos. Al menos ocho de sus parroquias, circunscritas al liderazgo del obispo monseñor Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura desde hace más de 15 días, han reportado algún tipo de acoso policial o sus sacerdotes han sido amedrentados en las últimas dos semanas.
Mientras monseñor Rolando Álvarez permanece casa por cárcel con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico en la Curia Episcopal de Matagalpa, desde el 4 de agosto, por una investigación supuestamente por “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio”, la Policía se ha encargado de sembrar el terror en el resto de parroquias, ubicadas en las comunidades de las montañas del norte de Nicaragua.
El 15 de agosto, día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el presbítero Salvador López de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la comunidad Las Calabazas, en Ciudad Darío, celebraba misa mientras afuera una patrulla vigilaba el templo, advirtió la iglesia desde su cuenta de Facebook.
Al terminar la eucaristía, un policía ingresó al templo para advertir al religioso que estaban prohibidas las procesiones y vigilias, que no desinforme a la población, que no desestabilicen el país a través de sus prédicas porque no querían regresar a 2018 -cuando ocurrió la Rebelión de Abril que fue aplastada con fuego por el régimen- confirmó una fuente cercana a la Iglesia católica bajo anonimato por temor a represalias.
El sacerdote, dice la fuente, ha desarrollado su misa “normal” como siempre lo ha hecho. No es el único párroco amenazado. El 10 de agosto, el sacerdote Aníbal Manzanares denunció que la Policía le prohibió salir de su parroquia, en el municipio de Terrabona, Matagalpa.
“Notificarles que la Policía esta mañana -del miércoles 10 de agosto- me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando”, expresó el padre.
Tres sacerdotes bajo amenaza
De las 28 parroquias de la Diócesis, la catedral de Matagalpa, la iglesia Santa María de Guadalupe y la parroquia San Juan Bautista se encuentran con sus pastores secuestrados: el obispo Álvarez, responsable de toda la Diócesis matagalpina y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí; el sacerdote Óscar Escoto y el padre Ramiro Tijerino respectivamente.
La parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco fue profanada por la Policía orteguista el 1 de agosto y su párroco, Uriel Vallejos, sitiado por decenas de antimotines durante casi tres días, después que asaltaron el templo católico en un intento frustrado de robarse los equipos de comunicación de radio Católica de Sébaco -cancelada junto a otras nueve emisoras de la Diócesis-.
Los policías también asediaron este martes 16 de agosto la Iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío, en búsqueda del párroco Vicente Martínez. El vicario Sebastián López celebró la eucaristía en el atrio del templo mientras la feligresía estaba en la calle bajo el asedio de los uniformados.
El domingo el régimen impidió que dos sacerdotes: el padre Fernando Calero Rodríguez, que administra la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Rancho Grande y el padre Erick Díaz, párroco de la iglesia San José Obrero de El Tuma, viajaran a Matagalpa para participar del recibimiento de la Virgen de Fátima.
Ese mismo día secuestraron al sacerdote Óscar Benavidez Dávila, que servía en la Diócesis de Siuna, pero provenía de Matagalpa. La Fiscalía pidió al menos 90 días de prisión para investigarlo por un delito que aún se desconoce, pero del que el Estado se considera “víctima y ofendido”.
El vicario Sebastián López durante la misa en la calle. Foto: Tomada del Facebook de Radio Santa Lucía.
“Secuestro” no impide labor de la Diócesis
Durante un poco más de 15 días el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, ha permanecido secuestrado por la Policía orteguista. La última vez que salió a las calles matagalpinas fue el 4 de agosto, cuando se arrodilló con el Santísimo en sus manos y oró ante policías con armas por el cese de la represión contra los feligreses, la Iglesia y los sacerdotes.
Desde esa fecha tres laicos del grupo de doce personas, de mayoría religiosa, que quedó encerrado por el cerco policial han salido de la Curia. Los sacerdotes permanecen sin acceso a abastecimiento de alimentos y medicinas, según confirmaron fuentes eclesiales a CONFIDENCIAL.
La principal vía de comunicación con el obispo y su feligresía ha sido a través de las transmisiones en vivo en Facebook. El prelado agradece las expresiones de solidaridad, y pide al pueblo que siga orando por ellos, al igual, que el grupo ora por la feligresía y toda Nicaragua. "Estamos en las manos de Dios" repite en cada homilía.
Su encierro obligatorio tiene un impacto más pastoral que administrativo en su Diócesis considera un sacerdote que accedió hablar en anonimato por seguridad. Lo están limitando a visitar parroquias, realizar sacramentos como comuniones, confirmaciones, que normalmente se programan según la solicitud de los párrocos. Tampoco ha podido realizar sus periplos por las comunidades, cuyo trayecto es aprovechado por los fieles para solicitar apoyo a las que el prelado corresponde.
“Conociendo a monseñor Rolando a él le gusta visitar hasta los rincones de las iglesias, las comarquitas para estar cerca de su pueblo”. “Es un obispo que pastoralmente se entrega a su feligresía”, expresó el cura.
Otra fuente ligada a una de las diócesis del país explicó que las actividades religiosas en la catedral de Matagalpa y el resto de iglesias son asumidas por los párrocos. Sin embargo, admite que seguramente hay algunos retrasos en gestiones porque monseñor está a cargo de dos diócesis y tiene otros cargos como el departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El pasado ocho de agosto, desde su encierro el obispo Álvarez, inauguró de forma virtual la participación de la Iglesia nicaragüense en la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará en Lisboa, Portugal en 2023.
Otro cura de la zona sur del país aseguró que pese a las evidentes limitaciones del contexto actual, el trabajo pastoral siempre se realiza. La Iglesia trata de dar respuesta a los fieles, pero ante la situación que se vive en la Curia de Matagalpa, algunos trámites que requieren la firma del obispo pueden estar atrasados.
"Teniendo la Curia por cárcel y todo acordonado de policías el lugar, toda la atención a los feligreses se suprime. Igual, ellos no dejan pasar a nadie", expresó el anterior sacerdote.
“Si seguimos hablando nos van a llevar a El Chipote”
El sacerdote del sur del país asegura que toda la Iglesia católica vive la persecución del Gobierno, incluida la feligresía.
“Hay una persecución, hay un acoso e intimidación de meterle miedo a la gente que en este tiempo se está recrudeciendo más. Les da igual que uno los vea -a los policías-, te paran, te detienen. Visitan al líder religioso que se salga de la Iglesia... Hay un acoso permanente para la Iglesia, para los sacerdotes… Nos mandan amenazar que si seguimos hablando nos van a llevar a El Chipote, cosas así. Nosotros sentimos que la represión, el acoso, la intimidación va aumentando”, admitió.
La represión, según el cura, se ha extendido a otras zonas más allá de la Diócesis de Matagalpa. Han tenido reportes de sus equipos pastorales que han sido hostigados por la Policía al salir de sus grupos de oración.
“Hay un doble daño, un doble objetivo por parte del régimen, tanto a los pastorales, sacerdotes, obispos... No es solamente a la jerarquía -de la Iglesia- sino que el daño va a amedrentar al pueblo católico porque hieren al pastor, las ovejas se dispersan”. "El daño también se lo están haciendo al pueblo católico”, expresó el otro sacerdote.
“Catalina” es miembro de un grupo pastoral de una de las parroquias de la Diócesis de Matagalpa. El temor es perceptible en su voz. Como católicos rechazan el acoso contra monseñor Álvarez y oran porque todo se resuelva pronto, pero “no podemos hablar” se excusa.
El miedo y la desconfianza han ganado terreno. “No sabemos quién es quién aquí” dice al referirse a la feligresía. Dentro de las estructuras pastorales hay simpatizantes del Gobierno, advierte.
Asegura que hay tanto miedo que “no tenemos valor suficiente” para salir a la calle y protestar. Lo primero que haría la Policía es “silenciarnos, amenazarnos y llevarnos presos porque la verdad de las cosas, es que aquí ya no hay libertad de expresión”, refiere.
La fuente de la Iglesia que confirmó la intimidación en la comunidad Las Calabazas concuerda con "Catalina": "hay temor porque como humano todo mundo tiene miedo (...) pero con fortaleza el pueblo sale", dice.
Pese a todos los ataques, el sacerdote del sur del país asegura que la fe los sostienen. “Mientras más persigan a la Iglesia, más se consolida la Iglesia, su fidelidad al señor”, expresó.
