18 de agosto 2022
AA
Share
La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica, que en quince días acumula el secuestro del obispo Rolando Álvarez junto a ocho personas en la Curia Episcopal matagalpina; el arresto del sacerdote Óscar Benavidez Dávila -del que no se ha informado los motivos-; la agudización de asedio y vigilancia en las parroquias de la Diócesis de Matagalpa, la profanación de un templo en Sébaco, la prohibición de procesiones y el cierre masivo de emisoras católicas en el norte del país, es una situación sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua que busca el sometimiento de la Iglesia, confirma la socióloga Elvira Cuadra.
La también directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) explica en una entrevista con el programa Esta Noche, que el régimen de Ortega está violando el derecho inalienable de la libertad religiosa y solamente está dejando tres salidas a la Iglesia católica: el silencio que implica la autocensura; el destierro o el exilio, y la cárcel.
La experta asegura que todas las acciones represivas incrementan el descontento entre la feligresía católica. En ese sentido, la prohibición de procesiones por parte del Gobierno demuestra temor a que “esas marchas o esas expresiones religiosas se conviertan de alguna manera en una expresión de protesta o de descontento”, sobre todo porque en las últimas semanas “ha agraviado profundamente la religiosidad y la fe de la sociedad nicaragüense”, expresó.
También se refirió al silencio del Vaticano y la respuesta tímida de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que no se ha unido en una sola voz de condena ante la embestida del régimen contra sus sacerdotes.
Se cumplieron más de 15 días del secuestro de monseñor Rolando Álvarez, en Matagalpa, y la dictadura ha arreciado la persecución contra más sacerdotes en el interior del país. El Cetcam- Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica- presentó un informe esta semana sobre esta crisis. ¿Cuál es el objetivo de esta escalada represiva del régimen contra la Iglesia católica?
Lo que está ocurriendo en términos de confrontación Iglesia-Estado en Nicaragua no tiene precedentes en nuestra historia reciente. En otras épocas ha habido conflictos, ha habido contradicciones muy fuertes pero no habíamos tenido una situación como la que se está presentando. ¿Qué persigue? ¿Cuál es el propósito o cuál es el fondo del régimen de los Ortega-Murillo para hacer esto? Es bastante claro y lo que se esperaría de parte de ellos es el sometimiento o la subordinación de la Iglesia a posiciones que favorezcan abiertamente al régimen de los Ortega-Murillo.
En noviembre del año pasado ellos esperaban asegurar su continuidad en el poder con un mínimo de legitimidad otorgada por la ciudadanía, eso no ocurrió porque la gente se abstuvo de acudir a las votaciones por las condiciones en las que se estaban efectuando. Al no contar con legitimidad ciudadana necesitan la legitimidad de otros actores y en este caso, la Iglesia católica es la institución con mayor credibilidad y mayor reconocimiento entre la sociedad nicaragüense, también tiene un gran reconocimiento y autoridad frente a la comunidad internacional.
Los obispos latinoamericanos se han solidarizado y han rechazado estos actos represivos en contra de la Iglesia en Nicaragua pero parece ser que no hay en la Conferencia Episcopal de Nicaragua un respaldo unánime a monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen pretende desterrar. ¿Acaso están divididos los obispos en Nicaragua?
Es evidente que las posiciones que hemos visto durante la última semana de parte de la jerarquía de la Iglesia católica muestran que hay posiciones diferentes entre los obispos de la Conferencia Episcopal. Hemos encontrado y son públicos los pronunciamientos de diferentes diócesis y de diferentes iglesias en el resto del país que han acuerpado mucho a monseñor Álvarez y a las personas que les están acompañando, además de a otros sacerdotes que también han sido víctimas de persecución y de hostigamientos de parte del régimen de los Ortega-Murillo, pero no así de la Conferencia Episcopal. La declaración que hicieron realmente es bastante tímida igual que la reacción del Vaticano que fue, digamos, una reacción que no respondía a las expectativas que tiene la gente en relación a esta situación.
¿Cómo se interpreta el silencio del papa Francisco y del Vaticano? Algunos dicen que la diplomacia de la Santa Sede está trabajando, pero la pregunta es para qué. ¿Para avalar el destierro de monseñor Álvarez o para promover su liberación?
En ambos sentidos, tanto en el caso de la Conferencia Episcopal como en el caso del Vaticano los silencios o las declaraciones tibias que hemos conocido, hacen suponer algunas hipótesis. Una de ellas es que se está produciendo una negociación que no es visible o que no es pública y que se espera resolver la crisis a través de esa negociación, me refiero a una negociación entre la Iglesia y el régimen de los Ortega-Murillo.
La segunda hipótesis es que sencillamente la jerarquía católica desde el Vaticano hasta la Conferencia Episcopal no quiere una confrontación con el Gobierno y están buscando un entendimiento, una especie de acuerdo para la coexistencia de aquí en adelante.
Habría que ver, en realidad, qué va a pasar en los próximos días. La verdad es que hasta el momento, las opciones que Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto sobre la mesa para la Iglesia son básicamente tres: el silencio, obligarlos a autocensurarse y a no decir absolutamente nada, el destierro o el exilio, como ya ha ocurrido con otros sacerdotes, el caso de monseñor Silvio Báez, el padre Edwing Román y algunos otros más, que han tenido que dejar el país o más recientemente, las monjitas Misioneras de la Caridad o la cárcel.
Hay al menos tres casos conocidos de sacerdotes que han sido encarcelados, dos de ellos acusados de delitos comunes y otro, que todavía no se conoce exactamente los motivos de su detención. Los está colocando frente a tres alternativas que son realmente bastante difíciles de aceptar.
Mientras la Policía perseguía y asediaba a sacerdotes en el interior del país, el obispo de León monseñor René Sándigo inauguraba una obra de la alcaldía sandinista de León junto a la bandera del FSLN. ¿Cómo evalúa las acciones de monseñor Sándigo frente a la persecución que sufre la Iglesia en manos del mismo partido de Gobierno, el Frente Sandinista?
Los obispos tienen posiciones diferenciadas. Eso ha quedado claro en otros momentos. En el caso de León, incluso el predecesor de Sándigo, Bosco Vivas, fue un obispo que mantuvo relaciones cercanas con instituciones estatales o el Gobierno. Ahora parece que Sándigo también mantiene esa línea, igual lo hizo cuando estaba en su diócesis anterior y eso está claro que no ha cambiado.
La gente ha evaluado de manera poco favorable esa actitud del obispo Sándigo desde antes y ahora con muchísima mayor razón porque consideran que es falta de solidaridad y de respaldo a sus homólogos o sus colegas obispos, particularmente, monseñor Álvarez.
¿Elvira, cómo ubicás el papel del cardenal Leopoldo Brenes en la Conferencia Episcopal frente a esta crisis?
El papel del cardenal Brenes es central porque aunque él no preside la Conferencia Episcopal, eso está en manos del obispo de Jinotega, como es la persona, la figura, el líder religioso que está a cargo de la diócesis más importante del país que es la Arquidiócesis de Managua y por su investidura, siempre se espera de él una posición pública bastante más clara.
Habría que ver entonces qué camino va a seguir porque en realidad no le corresponde a él. Le corresponde al obispo de Jinotega, pero la gente siempre espera de ese líder religioso en particular palabras bastante más claras en relación a esta situación y ese todavía no ha sido el caso.
Este fin de semana el Gobierno prohibió una procesión de la Virgen de Fátima en Managua y también impidió que sacerdotes y laicos participaran de otra festividad religiosa en Matagalpa. ¿Por qué ahora el régimen también prohíbe estas actividades de fe y de religiosidad popular?
Está en juego que se está restringiendo un derecho fundamental e inalienable que es el derecho a la libertad de culto, a la libertad de creencias, algo que está consignado en la Constitución del país. La razón por la que hace eso el régimen de los Ortega-Murillo es porque realmente teme que esas marchas o esas expresiones religiosas se conviertan de alguna manera en una expresión de protesta o de descontento en contra del Gobierno, sobre todo porque lo que ha estado haciendo en las últimas semanas y en los últimos meses ha agraviado profundamente la religiosidad y la fe de la sociedad nicaragüense, entonces, muy fácilmente ese descontento puede emerger.
Por eso es que ha limitado y ha prohibido, incluso, lo vimos con el sacerdote que tuvo que oficiar una misa en el patio y la gente atender la celebración religiosa afuera, detrás de una cerca. Eso revela el enorme temor de los Ortega-Murillo frente a cualquier expresión de la ciudadanía.
El vicario Sebastián López durante la misa en la calle. Foto: Tomada del Facebook de Radio Santa Lucía.
Sin embargo, en León el obispo Sándigo hizo una procesión sin asedio policial y los medios oficiales promueven sus actividades religiosas. ¿Acaso este acuerdo de coexistencia que mencionabas con los Ortega-Murillo buscan a través de él purgar a religiosos entre quienes se pliegan a la dictadura y los que denuncian la injusticia?
De hecho ya lo está haciendo porque si analizamos los ataques y las agresiones o las hostilidades que se han ejecutado en contra de la Iglesia católica, de diferentes sacerdotes, religiosos, templos… al menos durante el 2021 y lo que va de 2022 es posible identificar que en efecto, como decía antes, los están colocando frente a tres posibilidades: o callarse y coexistir aceptando una actitud subordinada frente al Gobierno o exiliarse, salir del país o la amenaza de la cárcel. Si no en El Chipote o en un centro penitenciario, en las condiciones a las que han reducido a monseñor Álvarez y quienes lo acompañan porque están realmente sitiados dentro de la Curia de Matagalpa.
Mencionabas el caso del padre Sebastián López que celebró una misa en la Parroquia Santa Lucía de Darío en la calle. A pesar del asedio policial los pobladores no dejaron de asistir y ahí estuvieron. ¿Qué impacto está teniendo la persecución a la Iglesia entre los feligreses y la población en general?
En términos políticos está realmente incrementando el nivel de descontento entre la gente porque la creencia y el apego a las congregaciones religiosas es una de las cuerdas más sensibles y más delicadas dentro de la sociedad nicaragüense y eso va a tener algún tipo de consecuencias, que no van a ser favorables para nada respecto a los Ortega-Murillo.
Eso sí ya es ofender uno de los elementos más sensibles de las tradiciones y de la sociedad nicaragüense y en términos, como decía, de derechos fundamentales pues está violentando uno que se ha considerado como un derecho inalienable, un derecho fundamental, que es la libertad de creencia religiosa. En otro sentido, realmente, a la gente la podrán limitar pero no le van a cambiar la fe. Eso es bastante difícil de que ocurra en Nicaragua y va a encontrar sus propias maneras de expresar su creencia religiosa, su fe, pero también va a encontrar la manera de expresar su descontento.
¿Y puede la dictadura imponer el silencio a la Iglesia católica en Nicaragua?, ¿y qué alternativa les quedan a los feligreses y a todos los ciudadanos que repudian el estado de sitio policial?
Una de las cosas que nosotros analizábamos en el boletín -de Cetcam- es que la Iglesia católica está compuesta por la jerarquía, las autoridades religiosas por los demás integrantes de la institución, sacerdotes, pero además están todos los creyentes.
Es probable que lleguemos a un punto en el que las autoridades religiosas decidan llegar a ese acuerdo de coexistencia o convivencia con el régimen de los Ortega-Murillo. Sin embargo, eso no va a cambiar ya lo que estos ataques y esta confrontación han generado en el sentimiento religioso de la población. Allí seguramente habría una enorme distancia entre lo que sienten los creyentes y sus autoridades religiosas y todavía una distancia aún mayor entre lo que siente la gente y el Gobierno.
