12 de agosto 2022
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En lo que va de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló de forma “exprés” a unos 30 nicaragüenses, según el observatorio ciudadano Urnas Abiertas. Durante las detenciones —de tres a cinco horas—, los ciudadanos fueron interrogados, amenazados con años de prisión y advertidos que “los vigilan”.
Urnas Abiertas contabilizó hasta junio 24 detenciones exprés; sin embargo, entre julio y lo que va de agosto, los registros podrían llegar hasta 30, indica la integrante del organismo, Ivania Álvarez. Todos los retenidos son considerados opositores, ya sea por su liderazgo local o porque abiertamente se habían identificado críticos del régimen a través de redes sociales.
Contrario a la escalada represiva de 2021, que concluyó con 61 personas arrestadas —incluidos siete precandidatos presidenciales y líderes de diferentes sectores de la sociedad civil— y condenadas con penas de entre siete y trece años de cárcel, las retenciones registradas en 2022 no están enfocadas en agrandar la lista de presos políticos —que totalizan 190—, sino “en crear el terror y expulsar de Nicaragua a esas voces incómodas para el régimen”, valora Álvarez.
La Policía utiliza varias formas para capturar a los opositores: los busca en sus casas; les envía citatorios para que se presenten en las delegaciones policiales y utiliza los controles de carreteras —retenes— y fronterizos.
Bajo custodia policial son sometidos a interrogatorios y llevados a las celdas. Los agentes les dicen que saben que “están planeando algo contra el Gobierno”, les afirman que “sabemos que recibís dinero”, “sabemos que están haciendo reuniones con gente de fuera a través de zoom”, relata Álvarez, quien agrega que muchos de los casos quedan en el anonimato por miedo a represalias.
Los amenazan con remitirlos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote —donde permanecen incomunicados una treintena de presos políticos—; les dicen que estarán detenidos por diez años y serán acusados por difundir noticias falsas o traición a la patria, los delitos utilizados por el régimen como arma política contra opositores.
“Yo no hablaría de un interrogatorio sino de tres, cuatro horas de hostigamiento, de amenazas y de acusaciones”, comenta Álvarez, que se exilió en Costa Rica ante la persecución de la dictadura.
Gonzalo Carrión, miembro de Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que las detenciones exprés han sido utilizadas por el régimen desde el inicio de la Rebelión Cívica en 2018. Están dirigidas a infundir terror y son consideradas un “patrón sistemático” y “una modalidad que está en el marco de la tortura como sistema”.
Añade que, durante estos cuatro años de crisis sociopolítica, han persistido en los interrogatorios los mismos cuestionamientos: “quién te está pagando”, “quién te está organizando”, y las acusaciones de “golpista”, “terrorista”, sujetos al guion fabricado por el Gobierno, al intentar deslegitimar la protesta cívica de 2018.
De todas las detenciones, el único caso que llevó a un proceso judicial fue el del opositor y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Yubrank Suazo, condenado a diez años de prisión. El arresto de tres músicos en abril, detenidos por diez días en El Chipote, terminó con el destierro obligado de los artistas.
Desde abril de 2018 a mayo de 2020, el régimen orteguista encarceló al menos 1614 ciudadanos por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que también alertó sobre los maltratos y tratos crueles, hacinamiento, y violencia sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos que padecieron los reos de conciencia en el sistema carcelario.
Desplazamiento interno y exilio
Álvarez aclara que siempre persiste un subregistro de detenciones exprés porque no todas las personas denuncian sus casos por temor.
Considera que el régimen mantiene las detenciones por cortos periodos de tiempo porque busca empujar a los liderazgos hacia la migración. Las personas que fueron detenidas no esperan que la Policía vuelva a buscarlas porque no tienen certeza que los vayan a dejar libre. Por esa razón deciden moverse dentro del territorio nacional o, bien, migrar.
“Creemos que no quieren que la lista de presos crezca, sino deshacerse de los liderazgos locales mandándolos al exilio”, expresa Álvarez.
Para Carrión, es evidente que las detenciones buscan “frenar el ejercicio de derechos” y si los involucrados deciden quedarse en el país debe ser bajo anonimato, como consecuencia del método de terror.
El propósito es “paralizarte, desmovilizarte para desorganizarte”, señala. Según Urnas Abiertas durante el primer semestre de 2022 se registraron 385 hechos de violencia política en Nicaragua.
