9 de agosto 2022
AA
Share
El Parlamento, dominado por el Frente Sandinista, eliminó otro centenar de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), lo que eleva a 1380 las oenegés canceladas desde finales de 2018. Más del 94% de las organizaciones fueron anuladas durante los siete meses de 2022.
El decreto de cancelación de oenegés, presentado por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, fue aprobado este martes 9 de agosto con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente.
Entre las organizaciones eliminadas se encuentran la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Chinandega 9 de septiembre, la Fundación Nicaragüense de Ex Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América y la Asociación de Mujeres de la Resistencia Nicaragüense, entre otras; con lo que elevaría a 1306 la cantidad de organismos anulados durante el transcurso de 2022.
Tal como ha ocurrido en decretos anteriores de cancelación de oenegés, los diputados justifican el cierre de las organizaciones porque supuestamente incumplieron las leyes nicaragüenses: no se registraron como agentes extranjeros, tampoco reportaron sus estados financieros por más de cinco y 25 años conforme periodos fiscales con desgloses detallados, sus juntas directivas estaban acéfalas; lo que violenta la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro,
Según el Ministerio de Gobernación (Migob) las oenegés "han actuado contra ley expresa, sus acciones han violado lo establecido en estos instrumentos jurídicos normativos", se lee en el decreto.
Impacto social
Entre las organizaciones que han sido canceladas hay ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, feministas, derechos indígenas, culturales, emprendimiento, democracia y de salud.
A finales de julio, un grupo de expertos de Naciones Unidas, en una carta dirigida al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, alertaron que la cancelación masiva de oenegés “tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización”.
Dijeron que los ciudadanos marginados “dependen” de los servicios de las oenegés “para su supervivencia; por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”.
A mediados de julio, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., advirtió que Ortega “planea cerrar 1797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto”. En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que “el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”.
Los diputados orteguistas han defendido la cacería contra oenegés como parte de un ordenamiento. Sin embargo, defensores de derechos humanos y organismos internacionales califican la medida como parte de la represión contra la sociedad civil organizada.
El Frente Sandinista ha señalado que varias de las organizaciones facilitaron su esquema de trabajo para supuestamente involucrarse en el fallido golpe de estado de 2018, a como denominan a la Rebelión Cívica de 2018, que el régimen aplastó con fuego y sangre, dejando al menos 355 víctimas mortales según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que aún siguen en impunidad.
