8 de agosto 2022
Miembros de las diferentes parroquias de la Diócesis de Matagalpa revelaron que la Policía Nacional impide la entrega de medicinas y alimentos a los doce fieles católicos —seis sacerdotes, dos seminaristas, dos coristas y dos camarógrafos— “secuestrados” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la Curia Episcopal de ese departamento.
Al frente del grupo de “secuestrados” está monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, y los sacerdotes: José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la Catedral San Pedro, respectivamente; Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; y Raúl González.
También están los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira; los coristas Henri Corvera y Sujin Membreño; y los camarógrafos Sergio Cárdenas y Flavio Castro.
El 4 de agosto pasado, la Policía del régimen cercó la curia e impidió que el obispo y las otras once personas salieran del lugar. Un día después, la institución divulgó una nota de prensa en la que informó que Álvarez es investigado por supuestamente “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”. Además, indicó que “las personas investigadas se mantendrán en sus casas”.
El obispo de Matagalpa afirmó, en una homilía celebrada el 6 de agosto, que no sabe de qué está siendo investigado, destacando que “ellos estarán haciendo sus propias conjeturas”.
Sin medicinas y con pocos alimentos
Las doce personas encerradas por la Policía, según información recogida por CONFIDENCIAL, no tienen medicinas dentro de la Curia y la institución policial ha prohibido el ingreso de estas.
Algunos de los religiosos, que junto al grupo cumplen este lunes cinco días de encierro en la curia, padecen de problemas crónicos de hipertensión que requieren de la ingesta de medicamentos diarios.
También, se conoció que el grupo tiene pocos alimentos, que han tenido que racionar, pues no saben cuánto tiempo pretende el régimen mantenerlos encerrados y sin acceso a algún tipo de provisión alimenticia.
Pobladores y propietarios de negocios aledaños a la curia indicaron que la zona permanece “tomada por la Policía” y que los agentes toman “fotografías de los que a fuerza deben pasar por ahí”, e incluso se ha prohibido que los comercios hagan entregas a domicilio, para evitar la circulación de motorizados.
Este domingo y lunes no hubo transmisión en vivo de la eucaristía de mediodía, que monseñor Rolando Álvarez aseguró realizaría todos los días mientras permanecieran encerrados. Según el diario La Prensa, los “secuestrados” decidieron restringir la comunicación con el exterior por temor a que la Policía haya intervenido sus teléfonos, por lo que solamente se están comunicando con “personas de confianza”.
La CEN informó en sus redes sociales que Álvarez inauguró, este lunes 8 de agosto, la participación de la Iglesia nicaragüense en la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará en Lisboa, Portugal en 2023.
El obispo, presidente del departamento de Juventud de la CEN, se conectó de forma virtual desde la capilla de las Misericordias, dentro de la Curia Episcopal.
Persecución contra la Iglesia Católica
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) reafirmó este domingo, a través de una nota de prensa, su apoyo a monseñor Rolando Álvarez, resaltando que la situación que sufre el religioso “nos toca el corazón como obispos e Iglesia nicaragüense”. Los obispos, citando un discurso de Benedicto XVI, manifestaron que el sentir de la Iglesia que, por naturaleza, “proclama el Evangelio de la Paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande”.
En los últimos dos meses el régimen de Ortega y Murillo emprendió una escalada represiva contra la Iglesia católica que ha dejado hasta el momento: dos sacerdotes encarcelados, 18 religiosas expulsadas del país, dos sacerdotes asediados, uno de ellos ahora en casa por cárcel y el cierre de una decena de medios religiosos.
El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno —también conocida como El Calvario—, de Nandaime, Granada, fue el primer religioso que enfrentó la justicia del régimen, siendo condenado el 22 de junio pasado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14 116 córdobas o 200 días multa.
El 6 de julio pasado, 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas del país siendo trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica, por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
También, monseñor Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de julio pasado, a la espera de ser juzgado por la supuesta violación de una adolescente de 14 años.
El sacerdote Uriel Vallejos y un grupo de feligreses permanecieron sitiados por la Policía durante casi cuatro días en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco.
Además, entre el 1 y 2 de agosto el régimen clausuró 14 medios de comunicación: once emisoras, diez pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y la independiente Radio Vos, además sacó del aire varios canales de televisión por cable y sacó del aire al canal local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, cuya programación era transmitida a través de televisión por suscripción.