8 de agosto 2022
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El cerco policial en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanece asediado desde el 4 de agosto el obispo Rolando Álvarez, muestra que la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica busca por todos los medios “destruir” a los principales líderes religiosos y acallar “la única voz profética y creíble” que queda en Nicaragua, considera la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
La defensora de derechos humano, advierte que las agresiones del régimen a obispos y sacerdotes, aunque “han sido constantes y permanentes”, podrían recrudecer debido a la “profundización de una estrategia de represión en contra de la Iglesia” que se viene implementando desde 2019, cuando ya no pudo seguirla utilizando “para ganar tiempo a través del famoso Diálogo Nacional”.
“Aquí no se trata de exabruptos o excesos policiales, de ninguna manera. Es una repetición del ‘vamos con todo’ de Rosario Murillo y Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica”, apuntó Núñez en el programa Esta Semana, que se transmite en línea debido a la censura televisiva impuesta por el régimen Ortega-Murillo.
Núñez calificó el comunicado emitido por la Policía el viernes 5 de agosto, en el que alegan que están investigando al obispo Rolando Álvarez, supuestamente por “organizar grupos violentos, fomentar el odio, y promover la zozobra”, como el reconocimiento de un “secuestro”. “Ni siquiera llena los requisitos legales para tipificarlo como una detención arbitraria, la Policía no tiene facultades para retener en su casa al Obispo, es un acto delictivo, un secuestro”, insistió Núñez, y demandó interponer un recurso de Habeas Corpus, aunque no le den trámite, a favor del Obispo.
La defensora de derechos humanos señaló que quiénes “están sembrando la zozobra y el caos en Matagalpa son ellos, los policías armados”, que se han tomado las calles aledañas a la casa cural, y “están violando el derecho a la libertad de movilización” del obispo, los sacerdotes y feligreses que se encuentran retenidos.
Una valoración similar expresó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado 190 ataques a la Iglesia en los últimos cuatro años. Para ella, la escalada represiva contra los líderes religiosos se debe a que estos “han abierto las puertas de sus iglesias para apoyar a la población, denunciar y alzar la voz para exigir el cese de la represión” estatal. Ellos “han decidido estar a la par del pueblo nicaragüense y no se han quedado únicamente en sus púlpitos”, subrayó.
Molina también consideró que las agresiones contra la Iglesia “van a incrementar” en la medida que pase el tiempo, puesto que “los obispos no están dispuestos a adular a la pareja presidencial”, cuya represión provocó la muerte de al menos 355 personas entre abril de 2018 y junio de 2019, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el encarcelamiento de un millar de presos políticos, de los que más de 190 aún continúan en las cárceles orteguistas; el exilio de más de 150 000 nicaragüenses y la implantación de un Estado policial de facto.
Monseñor Rolando Álvarez está en riesgo
Aunque Núñez y Molina resaltaron la valentía de monseñor Álvarez al haber enfrentado el cerco policial con una oración de paz, horas antes de quedar atrapado completamente, coincidieron en que el líder religioso y las personas que se encuentran con él dentro de la curia matagalpina “corren un gran riesgo”, debido al carácter arbitrario de los funcionarios del régimen.
El gesto de monseñor Rolando Álvarez de salir con el Santísimo “simboliza que la Iglesia busca la paz”, comentó Molina. “Eso demuestra que la Iglesia no está combatiendo el odio de la dictadura con más odio, sino con amor”. Fue una lección no solo para los nicaragüenses, sino que para la comunidad internacional, “donde mostró que lo único que buscaba era la paz y el cese de las hostilidades”, continuó.
Sin embargo, monseñor Rolando Álvarez está en “verdadero riesgo”, advirtió Núñez. Está “frente a personas que actúan por impulso” y “aquí (en Nicaragua) no hay ley que valga, no hay límites, y (los funcionarios del régimen) actúan de una manera visceral”. Además, “hay que pensar que no tiene suficiente comida”, comentó.
Para la abogada Molina, la actuación de los policías que tienen cercado a monseñor Álvarez –al igual que lo hicieron días atrás con el sacerdote Uriel Vallejos, en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco– ni siquiera puede justificarse como “obediencia debida”, ya que están actuando en contra de lo que establece la Constitución Política y las leyes de la República. Lo que se está cometiendo “son delitos perseguidos por la justicia penal”, apuntó.
La doctora Núñez enfatizó que lo que está sucediendo con monseñor Álvarez debe ser percibido como “un ataque contra todo el pueblo de Nicaragua”, puesto que “con estas acciones (del régimen) se realizan una serie de violaciones a derechos humanos” como libertad religiosa, libertad de expresión y libre movilidad.
El régimen está “tratando de debilitar la credibilidad y arraigo que tiene monseñor Rolando Álvarez y los sacerdotes que forman parte de su Diócesis”, advirtió la defensora de derechos humanos. Ellos “no se atreven a decir que la Iglesia es terrorista o lavadora de dinero y entonces, están buscando cómo enfocar y destruir a sus principales dirigentes”, comentó.
Sin embargo, “ya nadie cree” en los subterfugios del orteguismo, “ellos no tienen credibilidad”, enfatizó Molina.
Reclamo al cardenal, la CEN y al papa Francisco
Mientras el régimen intensifica sus ataques contra obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas —como las Misioneras de la Caridad que fueron expulsadas del país en julio pasado— la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y las autoridades eclesiásticas guardan un “silencio timorato”, por lo que Núñez y Molina reclamaron una postura más firme de parte de la Iglesia.
“Yo no estoy esperando en ningún momento que el papa Francisco se pronuncie, sería sí conveniente. Lo que yo estoy apostando y esperando es un pronunciamiento más efectivo de la Conferencia Episcopal, que es la que tiene la mayor potestad a nivel nacional de hablar y de reclamar y de decirle al régimen que detenga esta persecución indiscriminada que tiene contra la Iglesia católica”, expresó la abogada Molina.
Asimismo, Núñez señaló que es “preocupante” el silencio que hay entre la población y la misma Iglesia, por lo que demandó a la CEN que utilice todos los mecanismos a su disposición para exigir el cese de los ataques y gestionar algún pronunciamiento del papa Francisco.
“¿A qué se debe ese silencio del Papa? ¿Será que hay obstáculos en las comunicaciones? ¿Será que está muy en silencio impulsando una gestión que no se ve por ningún lado?”, cuestionó la defensora de derechos humanos.
Núñez también emplazó al cardenal Leopoldo Brenes a que deje de guardar “silencio timorato” y que asuma un rol más activo en defensa de los derechos elementales del clero nicaragüense que está siendo embestido por la dictadura.
“El cardenal está silenciado. Hasta anteayer (miércoles) habló y llamó al Gobierno a que detenga la violencia en contra de la Iglesia. Dijo ‘nosotros no somos enemigos del Gobierno”, comentó Núñez. Pero “él no tiene que estar dando declaraciones de amistad para reclamar un derecho y para reclamar un respeto que es parte de la doctrina que ellos mismos impulsan” continuó.
La última escalada represiva contra la Iglesia
En los últimos dos meses el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió una escalada represiva contra la Iglesia católica que ha dejado hasta el momento: dos sacerdotes encarcelados, 18 religiosas expulsadas del país, dos sacerdotes asediados y el cierre de una decena de medios religiosos.
El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno —también conocida como El Calvario—, de Nandaime (Granada), fue el primer religioso que enfrentó la justicia del régimen, siendo condenado el 22 de junio pasado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14 116 córdobas o 200 días multas.
El 6 de julio pasado, 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas del país siendo trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica, por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
También, monseñor Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de julio pasado, a la espera de ser juzgado por la supuesta violación de una adolescente de 14 años.
El sacerdote Uriel Vallejos y un grupo de feligreses permanecieron sitiados por la Policía durante cuatro días en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco.
Además, entre el 1 y 2 de agosto el régimen clausuró once emisoras, diez pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y la independiente Radio Vos, y sacó del aire al canal local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, cuya programación era transmitida a través de televisión por suscripción.
