5 de agosto 2022
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La Fundación del Río denunció el avance de la minería industrial y artesanal, el incremento notable de las áreas entregadas en concesión, por Daniel Ortega, y reiteró su exigencia al Ministerio de Energía y Minas (MEM); al de los Recursos Naturales y del Ambiente (Marena), y a las empresas mineras, a que detengan “los procesos de explotación y exploración en territorios indígenas y áreas protegidas” de Nicaragua.
Datos del Banco Central de Nicaragua, indican que al mes de junio de 2022, había 5935 afiliados asegurados activos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, provenientes del sector minero.
Una investigación efectuada por la ahora ilegalizada Fundación del Río, encontró que “en Nicaragua se contabilizan 229 concesiones de minería metálica para el año 2021, que abarcan 2.8 millones de hectáreas, y representa el 23% de la superficie territorial del país”. De ese total, “el régimen Ortega-Murillo ha sido el que más ha concesionado el territorio nicaragüense para minería metálica, con 114 concesiones desde 2007”.
Además de abogar por la protección de los territorios indígenas y las áreas protegidas del país, la Fundación, presidida por Amaru Ruiz, demanda que se detengan la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que “opera de forma ilegal en 38 municipios del país y su consumo de mercurio se estima en 36 toneladas anuales, generando un alto impacto en el ambiente y las personas”.
“Se calcula que unas 40 000 personas se dedican a la minería artesanal y de pequeña escala en el país”, concretó Ruiz. Además de representar un mayor daño para el medio ambiente, este tipo de actividad extractiva conlleva mayores riesgos para quienes la practican, por hacerlo con muy precarios estándares de seguridad.
Calibre Minning asegura que “no explota ni compra material de las reservas”
De una consulta hecha a varias empresas y funcionarios del sector minero, Calibre Mining respondió a las preguntas de CONFIDENCIAL con un comunicado en el que aseguran que la empresa “no explota, no compra ni procesa mineral extraído de la Reserva Biológica Indio Maíz, Reserva de Biósfera Bosawás ni de ninguna otra zona de reserva natural en el país. Las leyes prohíben la actividad minera en zonas protegidas y Calibre cumple con las leyes”.
Ruiz no ignora que, por más atractivo que sea el discurso ambientalista, sus argumentos deben contraponerse con la realidad económica de una actividad que solo el año pasado generó ingresos por más de 880.5 millones de dólares, y espera romper la barrera de los 1000 millones en 2023.
El costo de hacer que las mineras abandonen las concesiones expedidas por el Estado que les autorizan a explorar y explotar en territorios indígenas y áreas protegidas, “sería menor a los pasivos ambientales que dejan las empresas”, detalló Ruiz.
Al respecto, Calibre dijo que todos sus sitios cuentan con políticas y prácticas concretas de gestión ambiental, citando como ejemplo de sus acciones de mitigación y compensación, la siembra de más de un millón de árboles, contribuyendo a la protección del entorno, y a la conservación de las fuentes de agua.
Ruiz explica que lo que proponen “son procesos graduales que establecen plazos para detener las operaciones actuales y no permitir las operaciones que están en solicitud. Aunque la posición ideal de los ambientalistas es la moratoria minera, sabemos que esto todavía es difícil así que al menos se solicita que no sigan en áreas protegidas y territorios indígenas. En una reunión reciente con comunidades indígenas y afrodescendientes de algunos territorios, ellos no sabían que existían esas concesiones mineras”.
Al considerar los costos para las empresas, recordó que están aseguradas o pagan seguros frente a los riesgos de que un país les cancele las operaciones. “Ellos saben que esas inversiones conllevan muchos riesgos”, concretó.
El líder ambientalista se mostró preocupado porque “el Estado tendrá que hacer frente a las decisiones que ha tomado esta dictadura, porque habrá consecuencias cuando haya un cambio, pero ese costo no debería ser justificante para que se reviertan esas decisiones”.
“Si Nicaragua tuviera estándares ambientales y sociales como los de Canadá, por ejemplo, las empresas no invertirían en nuestro país, pero lo hacen porque saben que es bastante rentable desarrollar sus actividades” en el territorio nacional, añadiendo que “donde hay minas solo quedan ruinas”.
Según Calibre Mining, “estudios independientes confirman que los municipios mineros tienen más ingresos per cápita que sus pares no mineros”, lo que contribuye a reducir la pobreza, y confirmaría que “la minería sostenible… genera desarrollo y bienestar para las comunidades. Es importante mencionar también que de cada dólar generado por la industria minera, 66 centavos se quedan en Nicaragua, además de las nuevas inversiones”, detalló.
En relación al balance costo-beneficio que representan para las comunidades donde operan, como para el país en general, la empresa dijo que, en 2021, distribuyeron US$ 285.9 millones en las comunidades mineras y en Nicaragua, en concepto de salarios y prestaciones a los trabajadores, gastos de capital, pago de impuestos y regalías, costos de exploración, e inversiones en la comunidad.
“Nuestras operaciones mineras son potentes catalizadores económicos en nuestras comunidades locales, y contribuyentes clave al desarrollo de Nicaragua. Calibre tiene 3500 trabajadores y de ellos, el 95% son nicaragüenses”, aseguró.
La peligrosa minería artesanal
Utilizando datos publicados por el MEM, Ruiz aseguró que hay 1692 beneficios mineros rústicos, que consumen 36 toneladas de mercurio al año, para producir nueve toneladas de oro, de las que 5.76 toneladas se procesan rústicamente, y solo 3.55 toneladas llegan a las plantas industriales.
Dado que “solo existen dos concesiones de explotación minera otorgadas a las MAPE, y una tercera concesión está en solicitud”, se confirma que “la mayoría de las MAPE no cuentan con permisos de operación y operan de manera ilegal esta actividad extractiva”, insistió.
En su comunicado, Calibre aseguró que ellos no incentivan la actividad de minería artesanal ni de pequeña escala. “Cumplimos con lo establecido en las leyes, y lo que orienta en cuanto al relacionamiento con la minería artesanal y de pequeña escala. Como parte de nuestro enfoque de sostenibilidad, instamos al sector de minería artesanal al cumplimiento de las mejores prácticas ambientales y de seguridad”.
Ruiz insiste en que la minería artesanal y de pequeña escala no cuenta con permisos de operación, y no existen medidas de seguridad ni condiciones para desarrollar su actividad, por lo que las áreas de extracción son inestables e inseguras, lo que genera muertes; no se establecen cierres ni reforestación; además que se reporta trabajo infantil, y problemas de salud asociados al manejo del mercurio, y no hay manejo de desechos sólidos.
“Algunas MAPE se ubican en áreas protegidas y en territorios indígenas, utilizan aguas superficiales sin permisos de uso; generan deforestación y degradación de los ecosistemas; descargan sus residuos líquidos al ambiente sin previo tratamiento, y contaminan el suelo, el agua y el aire con mercurio”, alertó.
Finalmente, dijo que, pese a que las autoridades del MEM y del Marena tienen toda esa información, no suspenden esa actividad ilegal.
Según la información recopilada por la Fundación del Río, “una sola empresa, Calibre Mining Nicaragua S.A, tendría el 15% de la superficie territorial del país como área concesionada para minería metálica”, por lo que, ante la consulta de CONFIDENCIAL, la empresa recordó que “de cada 10 000 proyectos solo uno se convierte en mina”.
